Carlo Magno Burgos Vargas, gerente del consorcio Corp. Low Risk, socio estratégico de Radiográfica Costarricense (Racsa) en el negocio de los escáneres antidrogas, renunció el 8 de enero anterior al puesto que ocupaba en la Junta Directiva del Centro Nacional de la Música.
Burgos, quien también es abogado, fue nombrado en esa junta directiva por la ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz —como representante en Derecho—, el 15 de mayo del 2023, por un periodo de cuatro años, según consta en la resolución N.° MCJ-DM-096-2023.
Tras su nombramiento y luego de revelarse su participación en el negocio de los escáneres, el 19 de diciembre anterior, La Nación envió una serie de consultas a la ministra Guadamuz sobre el proceso de selección de Burgos. Se le preguntó quién se lo recomendó para el puesto, cómo o dónde lo conoció y cuál era su experiencia en el ámbito musical.
No obstante, la jerarca contestó hasta el 15 de enero sin responder ninguna de las dos primeras preguntas. Solo reconoció que Burgos no tenía experiencia en el sector de la música, al tiempo que reveló que el abogado dimitió al puesto una semana antes, pero sin precisar los motivos de la renuncia.
Guadamuz alegó que el nombramiento se hizo “siguiendo lo normado en los artículos 7 y 9 del Reglamento a la Ley de Creación del CNM (Centro Nacional de la Música)”.
Esa normativa establece que esa junta está conformada por siete miembros, quienes serán designados y presididos por el jerarca de Cultura. Allí mismo, se consigna que uno debe ser licenciado en Economía, otro en Administración y un tercero en Derecho, cargo que ocupaba Burgos. Además, los otros tres deben ser integrantes del sector artístico.
“El señor Burgos cumple con los requisitos de experiencia profesional y colegiatura, datos que se pueden verificar en la página del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en la que consta su incorporación a partir del 24 de abril del año 2014, encontrándose al día con sus obligaciones”, dijo la jerarca.
“Conforme a lo consultado, se indica que no es requisito de idoneidad que el profesional en Derecho que integre la Junta Directiva, además disponga de conocimientos musicales”, añadió.
Este diario, el 15 de enero, volvió a enviar las mismas consultas a Guadamuz, ya que no explicó de dónde conoció a Carlo Magno Burgos y cómo fue que él llegó a esa junta directiva. Sin embargo, el 18 de enero volvió a responder lo mismo que en el primer correo electrónico.
Escáneres antidrogas
El nombramiento de Burgos ocurrió poco después de que Racsa eligió a Corp. Low Risk como su socio estratégico, con el objetivo de proveer al gobierno los escáneres antidroga que se instalarán en fronteras marítimas y terrestres.
Los detalles sobre la elección de Corp. Low Risk como socio de Racsa no están claros, porque el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a quien pertenece Radiográfica, declaró confidencial el proceso de contratación; solo se supo que ocurrió entre marzo y abril del 2023.
En diciembre pasado, este diario reveló que la empresa de Burgos logró acceder a Racsa mediante el expresidente ejecutivo del Incop Braulio Venegas Dijeres, quien abandonó su cargo por la relación existente con un sospechoso del Caso Corona, en el que se investiga a una presunta banda dedicada al trasiego de cocaína líquida a países de Europa y Asia.
Venegas concretó una reunión para Burgos con el gerente general de Racsa, Mauricio Barrantes, y la entonces directora de negocios de esa empresa estatal, Alicia Avendaño. El encuentro se realizó el 2 de setiembre del 2022, de manera virtual.
El presidente de Corp. Low Risk reconoció que él le pidió ayuda a Braulio Venegas, quien para ese entonces era asesor jurídico de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), porque había tenido dificultades para acceder a Radiográfica. Ambos se conocen desde hace 16 años, cuando comenzaron a estudiar Derecho en la Universidad de Costa Rica (UCR).
Ocho meses después, en mayo del 2023, como parte de la investigación del Caso Corona, el OIJ captó llamadas telefónicas en las que dos miembros de la presunta banda narco hablaron de aprovechar el negocio de los escáneres. Uno de ellos, el abogado Francisco Montes Fonseca, de 35 años, dijo que entrarían en el negocio mediante un amigo “que mueve todo por detrás”. También, citó que hablaría con una persona de nombre “Braulio” para que les consiguiera una cita con Racsa y con la empresa.
Socio estratégico
Racsa y el consorcio Corp. Low Risk brindan juntos el servicio a la empresa APM Terminals, operadora del puerto de Moín. El 13 de julio del 2023, suscribieron en asocio un subcontrato con la concesionaria portuaria “para la prestación del servicio complementario de escaneo de contenedores”.
El gobierno, por medio del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), pretendía contratar a Racsa como proveedor de los escáneres, de manera directa y sin concurso, mediante un procedimiento de excepción entre entes de derecho público. Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó frenar ese proceso, luego de detectar “yerros graves”.
El órgano contralor concluyó que la asociación estratégica entre Racsa y Corp. Low Risk no era compatible con la contratación por excepción que pretendía realizar el Gobierno. Bajo esa figura, Radiográfica no puede subcontratar más del 30% del objeto contractual a un tercero y en ese caso, el aliado iba a ser el proveedor de los aparatos.