Fracción del PLN votará en contra de iniciar trámite de reforma sobre Estado laico

Jefe de bancada, Luis Fernando Chacón, explicó que se tomarán el “tiempo necesario” para analizar a fondo la enmienda que eliminaría la profesión católica del Estado y la sustituiría por el respeto al pluralismo religioso

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La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) votará en contra de iniciar el trámite de la reforma constitucional que pretende que el Estado costarricense se convierta en laico.

El jefe de bancada, Luis Fernando Chacón, explicó este lunes que los verdiblancos no han definido todavía una posición sobre este tema y que se tomarán “el tiempo suficiente para conocer el fondo de esta reforma”.

Tal decisión complica los planes de la diputada socialcristiana María Vita Monge, promotora de la iniciativa, para que el plenario realizara en los próximos días la primera de tres lecturas que debe recibir la enmienda a la Carta Magna.

Sin embargo, este no es el único obstáculo que enfrenta el proyecto.

La subjefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Shirley Díaz, sostuvo que "es más importante que en este momento los temas de discusión nacional estén dirigidos a la crisis financiera que tiene el país por el covid-19”.

Díaz señaló que su agrupación tampoco ha fijado una postura oficial sobre el tema.

“Doña María Vita tiene su posición, pero el resto de los compañeros decidimos que debemos votar conforme a nuestra conciencia un tema tan delicado como este”, declaró.

La subjefa agregó que “al no haber un conflicto de religiones en este país, consideramos que no es importante la discusión del Estado laico”.

La semana anterior, los jefes de fracción acordaron evaluar la posibilidad de que el plenario viera este proyecto, presentado el 1.° de mayo por Monge y firmado por 20 legisladores, entre ellos cinco del PLN.

El expediente 21.380 también fue firmado por diez diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), dos del PUSC y uno del Frente Amplio, así como los independientes Zoila Volio y Erick Rodríguez.

En la bancada socialcristiana, solo el congresista Oscar Cascante acompañó a la proponente de la reforma con su firma.

Dicho texto cambiaría dos artículos de la Constitución Política para eliminar la profesión católica del Estado y sustituirla por el respeto al pluralismo religioso.

El actual artículo 75 de la Carta Magna indica: “La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres".

La reforma busca cambiar ese párrafo para que diga: “La República de Costa Rica respeta el pluralismo religioso. Toda persona tiene el derecho de asumir o abandonar determinadas creencias religiosas, o de cualquier índole, así como de profesarlas libremente”.

“La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o el bienestar común o los derechos y libertades de los demás”.

Además, se procura modificar el artículo 194 sobre el juramento de los funcionarios públicos,. En la actualidad, dicho artículo dice: “¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?".

Con la reforma, los funcionarios también jurarían “ante vuestras creencias o convicciones personales”.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, señaló que la lectura de dicha reforma aún no se ha agendado.

“En la reunión del jueves pasado algunos diputados mencionaron su interés en avanzar en algunas reformas constitucionales a las que se debe dar primera lectura.

"La diputada María Vita Monge propuso que se avance en el proyecto de Estado laico. Pero no se ha tomado un acuerdo de jefes de fracción para iniciar la inclusión en la agenda y su discusión”, indicó el asesor de prensa de Cruickshank.

Otras reformas a la Carta Magna que los diputados pusieron sobre la mesa consisten en disminuir el aporte estatal a los partidos políticos y elevar a rango constitucional el principio de paridad de género.