Josué Bravo. 6 junio
Los diputados del PAC: Enrique Sánchez (izquierda), Carolina Hidalgo y Luis Ramón Carranza . Foto: Rafael Pacheco
Los diputados del PAC: Enrique Sánchez (izquierda), Carolina Hidalgo y Luis Ramón Carranza . Foto: Rafael Pacheco

La Asamblea Legislativa evalúa tramitar una nueva reforma constitucional al financiamiento de los partidos políticos, la cual establecería que una parte de los recursos debe distribuirse equitativamente entre los grupos en contienda mediante “financiamiento indirecto”.

El “financiamiento indirecto” podría implicar que el Estado provea a los partidos acceso a los medios de comunicación u otros servicios.

Según el proyecto de reforma, planteado por la diputada Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), una ley posterior tendría que fijar el porcentaje de la deuda política que se destinaría al “financiamiento indirecto” y los distintos tipos de servicios que el Estado les proveería a las agrupaciones.

“La reforma constitucional está planteando de manera general. Sobre esto se tendría que dar una discusión aparte”, manifestó la legisladora.

De hecho, Hidalgo explicó que su proyecto contiene un transitorio que obligaría a dictar una ley dentro del año siguiente a la publicación de esta reforma constitucional.

Esta reforma constitucional mantendría la obligatoriedad de que las agrupaciones comprueben sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para poder recibir deuda política.

La nueva iniciativa reformaría el artículo 96 de la Constitución Política.

En reunión de jefes de fracción del pasado jueves, la mayoría de las bancadas acordó, a solicitud del PAC, incluir este plan en un paquete de cuatro proyectos de reformas constitucionales a los cuales se les daría trámite, preliminarmente, a partir del 11 de junio.

El texto de Hidalgo también plantea reducir el total de la deuda política del 0,19% al 0,11% del producto interno bruto (PIB).

El texto se aleja de lo planteado en otra iniciativa que también pretendía reducir el monto de la deuda política, pero que eliminaría el principio de comprobación del gasto.

Sin embargo, ese otro proyecto al que Hidalgo hace mención, también impulsado por el PAC, mantiene su trámite en el Congreso, luego de que fuera acogido para estudio por el Plenario Legislativo, el pasado 19 de febrero.

Esa primera iniciativa propone eliminar el primer párrafo de ese artículo 96 de la Constitución, el cual hoy dice: "Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)”.

Con ello, se permitiría que los partidos políticos puedan cobrarle al TSE el dinero de la deuda política, según la cantidad de votos obtenidos en las elecciones, sin necesidad de demostrar gasto alguno.

En la propuesta de Hidalgo, ese párrafo no sería tocado.

“Se subsana ese señalamiento negativo al anterior texto. El objetivo es volver a poner en discusión la reducción del financiamiento a los partidos políticos en los términos que se habían avanzado. Para nosotros es fundamental la reducción de la deuda política”, explicó la legisladora sobre ese cambio que contiene su iniciativa.

A la espera de comisión

Enrique Sánchez, jefe de fracción del PAC, explicó que si bien esa otra propuesta de reforma constitucional fue acogida, esta se encuentra en el “limbo”, debido a que aún se debe conformar una comisión ad hoc.

Este foro deberá ser nombrado por una mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa, para que la dictamine en un plazo de 20 días hábiles.

“No se moverá hasta que se instale la comisión, pero dado que existe esa duda sobre el proyecto, nosotros decidimos priorizar este que no genera ese ruido sobre la eliminación de los controles”, explicó este diputado.

Por otra parte, con la reducción del monto de la deuda, que el nuevo texto plantea, el país se ahorraría ¢28.429 millones.

Ese recurso, según la exposición de motivos del proyecto, serviría para atender el déficit fiscal, el pago de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS) o destinarse a los programas de reactivación económica después de la pandemia del coronavirus.

Además de lo anterior, la nueva propuesta plantea el reconocimiento, a nivel constitucional, de la deuda política para las elecciones municipales.

El plan indica que un porcentaje del 0,11% será destinado también para las elecciones municipales.

Del mismo modo, se garantizaría: "que los procesos electorales municipales gocen de las mismas garantías que las elecciones nacionales evitando así el acceso a recursos insanos o faltos de control”, según la justificación de este proyecto.

Enrique Sánchez, afirmó que el acuerdo con el resto de jefes, de incluir la iniciativa de Hidalgo en el paquete de reformas que iniciarían el trámite legislativo, fue secundado por María Vita Monge, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y segunda secretaria del Directorio Legislativo.

Sánchez afirmó que aceptaron la idea las bancadas de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Restauración Nacional (PRN). Añadió que la primera lectura podría darse el próximo jueves.

“Quedamos claros de que esto apenas es iniciar la primera lectura. No significa que se esté a favor o en contra de esa reforma, es dejarle iniciar el trámite. Ya llegará el momento de la admisión y discusión para que las fracciones manifiesten su posición”, explicó Sánchez.

Por su parte, Monge afirmó: “Se incluyó a la agenda la semana pasada y no hubo oposición de las bancadas. Algunas de ellas sí pidieron un tiempo más para estudiarlo. Esta semana se volvió a hablar del texto y ha sido incluido dentro de los proyectos de reforma constitucional que se estarán viendo esta semana que viene y la posterior".

Así lo confirmó, también, la jefa del PUSC, Shirley Díaz. Las otras reformas que se les daría primera lectura son el 21.483 para elevar a rango constitucional el principio de paridad de género y el 21.380 sobre el Estado Laico, informó la socialcristiana.

Además, la diputada independiente Ivonne Acuña propuso incluir el expediente 20.918 que reformaría el artículo 21 de la Constitución Política sobre la protección de la inviolabilidad de la vida humana.