El fiscal general, Carlo Díaz, afirmó hoy a Noticias Columbia que se podría replantear la acusación contra el expresidente Carlos Alvarado (2018-2022) por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Díaz explicó que la acusación presentada en febrero del 2022 se hizo cuando Alvarado era miembro de uno de los supremos poderes y tenía inmunidad. Sin embargo, como dejó su cargo en mayo de 2022, el proceso pasó a la “vía ordinaria”.
Eso implica, continuó, que se puede hacer una imputación e, incluso, “hay que indagar a esas personas nuevamente”. La causa se encuentra nuevamente en fase de investigación, lo que podría prolongar aún más el caso.
La acusación presentada en el 2022 es por el delito de prevaricato, en concurso ideal con los delitos de fraude de ley y abuso de autoridad.
Roger Guevara y Rodolfo Brenes, abogados de Alvarado, externaron su molestia por lo dicho por el fiscal.
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“Las declaraciones del señor fiscal Carlo Díaz sorprenden y preocupan profundamente. Las palabras del fiscal reflejan que no se acusó porque existiesen pruebas suficientes de que se habría cometido un delito, sino porque se quería someter a don Carlos al procedimiento de levantamiento del fuero ante la Asamblea Legislativa”, criticaron Guevara y Brenes.
Para los defensores, lo ocurrido es “una clarísima desnaturalización del derecho penal y la utilización del proceso como un mecanismo anticipado de sanción. Esto es gravísimo y como tal debe denunciarse”.
Además, aseguraron que “hacer de nuevo” la acusación argumentando que Alvarado ya no es presidente de la República es “absolutamente ilegal, incorrecto y falso”.
Los juristas argumentaron que una acusación describe presuntos hechos que se consideran delictivos, pero estos hechos no cambian porque el acusado haya dejado de ser miembro de los supremos poderes.
Por ende, Guevara y Brenes invitaron al Ministerio Público a sostener y promover la acusación, “si se hizo conforme a la ley”. En caso contrario, “si la acusación se hizo de manera arbitraria, sin que tuviera fundamento alguno, lo que procede es que la Fiscalía, actuando de manera objetiva y leal, lo reconozca y ordene la desestimación de la causa, pero no pueden cambiarla”.
La acusación planteada el año pasado por la Fiscalía obedece al decreto de creación de la UPAD, el cual otorgaba facultades a la UPAD para acceder a información confidencial que las instituciones públicas tienen de los costarricenses. Fue publicado el 17 de febrero del 2020 y derogado cuatro días después.
La acusación sostiene que el decreto de creación de la UPAD no se ajustó a los procedimientos adecuados, pues “no fue remitido al departamento de Leyes y Decretos (de Casa Presidencial), con el fin de analizar su procedencia, cuadro fáctico y legalidad, lo cual permitiera que el decreto ejecutivo no entrara en vigencia”.
Agrega que el accionar de las autoridades del Gobierno fue contrario a la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, que prohíbe la transferencia de datos personales, y lo permite solo en casos excepcionales.
Piden celeridad
Hace tan solo una semana, la defensa legal de Alvarado instó a la Fiscalía General a agilizar el trámite de la acusación en contra del expresidente.
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Los allanamientos por el caso de la UPAD se realizaron el 28 de febrero de 2020. El 1.° de febrero de 2022, el entonces fiscal interino, Warner Molina, presentó una primera acusación contra el expresidente Alvarado y el exministro de la Presidencia y exdiputado, Víctor Morales Mora.
Ante este panorama, el caso debía ser atendido por el Fiscal General y los magistrados de la Sala III.
Luego de presentar la acusación, el Ministerio Público solicitó a la Corte Plena que trasladara a la Asamblea Legislativa la gestión para levantarle la inmunidad a Alvarado y Morales, la cual gozan por formar parte de los Supremos Poderes.
Sin embargo, Alvarado y Morales dejaron sus respectivos puestos y perdieron su inmunidad en mayo de 2022, antes de que el Ministerio Público enviara dicho requerimiento al Congreso.
Por ende, el caso se remitió a la vía ordinaria y lo asumió la Fiscalía de Probidad Transparencia y Anticorrupción.
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