La Fiscalía Anticorrupción le decomisó el teléfono al alcalde de San Ramón, Nixon Ureña Guillén, para investigar un supuesto intercambio de favores con el empresario Daniel Cruz Porras, uno de los sospechosos de presuntos actos de corrupción con obras públicas en el caso Diamante.
El Ministerio Público le solicitó al Juzgado Penal de Hacienda autorización para secuestrar el celular del alcalde debido a un reporte del juez a cargo de las intervenciones telefónicas en esta operación judicial.
El juez advirtió de “unos hechos que acontecieron entre Cruz Porras y el alcalde de San Ramón, Nixon Ureña Guillén, dentro de las cuales Daniel Cruz le ofreció una serie de beneficios para la campaña política de Liberación Nacional (PLN) a cambio de otorgarle un permiso de funcionamiento de su hermana”.
El reporte cita que el gobernante local “le facilitó el tema de las patentes a Cruz, por el grado de afinidad que mantienen ambos y porque las oficinas de este empresario se encuentran ubicadas en la localidad de San Ramón”.
La Fiscalía argumentó que el decomiso del celular era “indispensable” y agregó en su solicitud al juez: “Las comunicaciones a las que se hace referencia serán remitidas a su autoridad posteriormente en una ampliación de informe; sin embargo, con el fin de no perder información valiosa para la presente investigación, se le solicita valorar la posibilidad de poder gestionar el decomiso de los teléfonos celulares en uso de Ureña Guillen, en aras de asegurar prueba que puedan contener y evitar la pérdida de información valiosa”.
La Fiscalía Anticorrupción confirmó a La Nación que, con el apoyo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), decomisó el teléfono del alcalde de San Ramón el pasado lunes 15 de noviembre, el mismo día en que fueron detenidos los alcaldes Johnny Araya (San José), Humberto Soto (Alajuela), Mario Redondo (Cartago), Arnoldo Barahona (Escazú), Alfredo Córdoba (San Carlos) y Alberto Cole (Osa).
La Nación se contactó este lunes con el departamento de Prensa de la Municipalidad de San Ramón para intentar conversar con el alcalde Nixon Ureña. Aunque los funcionarios afirmaron que devolverían la llamada, no ha habido respuesta hasta el momento.
Luego de que este medio dio a conocer la información, este martes, el jerarca municipal de San Ramón publicó un comunicado de prensa en el que confirma que entregó sus dispositivos móviles a la Fiscalía y se puso a disposición de las autoridades.
Asimismo, informó de que sacó vacaciones los días posteriores “para evitar cualquier hecho que pudiera entorpecer la investigación en marcha”. No obstante, afirmó desconocer los motivos por los cuales las autoridades secuestraron su celular con orden del Juzgado Penal de Hacienda.
“Hoy de manera sorpresiva, se me informa de una noticia publicada por un medio de comunicación nacional, donde se me relaciona con temas mencionados en un expediente al que, al día de hoy, ni mi abogado ni mi persona hemos tenido acceso.
“Insisto, tanto mi abogado como yo seguimos dispuestos a presentarnos a la hora y en el lugar que la Fiscalía lo requiera, si así fuera, como lo hicimos días atrás”, afirmó Nixon Ureña.
El presidente del Concejo Municipal de San Ramón, Hermelink Chinchilla, afirmó que ese órgano desconoce el secuestro del celular del alcalde. El regidor Pablo Guzmán coincidió en que no fueron informados.
“Nosotros no sabemos nada de esas cosas”, afirmó Chinchilla, quien también pertenece al PLN.
Ureña Guillén es alcalde de San Ramón desde el año 2016. Fue reelecto por primera ocasión en las elecciones municipales de 2020.
Papel predominante en campaña de Roberto Thompson
Nixon Ureña fue uno de los principales impulsores de la precandidatura presidencial del diputado alajuelense Roberto Thompson rumbo a la convención interna de Liberación Nacional, que terminó ganando en junio el hoy candidato presidencial José María Figueres.
El alcalde ramonense formó parte de un grupo de alcaldes liberacionistas que promovió la elección de un candidato presidencial “por consenso” en el PLN, sin realizar la tradicional convención interna verdiblanca. Este grupo, además, demandó y logró más puestos para los alcaldes en la Asamblea Nacional de Liberación Nacional.
Asimismo, Ureña ejerció influencia sobre la fracción del PLN en la Asamblea Legislativa para que, en noviembre del 2020, el plenario aprobara un polémico proyecto impulsado por el diputado ramonense Daniel Ulate, para obligar al Gobierno a contratar un sistema de etiquetado de licores y darles a los funcionarios municipales potestades de persecución sobre contrabando, facultad que solo tenía la Policía de Control Fiscal. El plan se aprobó contra el criterio técnico del Ministerio de Hacienda.
Para el segundo año de este periodo legislativo, el alcalde de San Ramón también lideró un grupo de alcaldes, principalmente de la provincia de Alajuela, que presionó sin éxito al PLN para impedir que el partido postulara al diputado Carlos Ricardo Benavides para la presidencia del Congreso. Entre los opositores también estaba Alfredo Córdoba, de San Carlos, hoy investigado por el Caso Diamante.