Mes a mes, cada uno de los 12.400 empleados del Poder Judicial recibe, en promedio, casi ¢1 millón solo en incentivos, además del salario base.
Se trata de una cifra que supera por mucho el sueldo promedio en el sector privado (¢385.000) y que triplica el salario más bajo del Gobierno (¢267.000).
El gasto en incentivos, de hecho, es el que más dinero consume cada año en la Corte.
El presupuesto del Poder Judicial para el 2018 es de ¢474.800 millones, de los cuales ¢384.000 millones (81%) se destinan al pago de remuneraciones.
De ese monto, casi ¢155.000 millones se reservan para costear los incentivos, lo que equivale a una tercera parte del total del dinero que el Gobierno le transfiere a la Corte para sufragar sus gastos, proveniente del cobro de impuestos.
Este rubro de beneficios se engordó en los últimos años en favor de los funcionarios judiciales. Creció en un 44% en los últimos ocho años al pasar de ¢107.000 millones, en el 2010, a ¢155.000 millones en la actualidad.
De hecho, el Poder Judicial gasta hoy mucho más en incentivos que en salarios base, pues estos últimos cuestan ¢102.000 millones.
El gasto de beneficios se alimenta de anualidades, dedicación exclusiva, disponibilidad, compensación por vacaciones, salario escolar, recargo de funciones y un rubro llamado “otros incentivos salariales”, que es el más gordo de todos y que corresponde a un grupo de 21 privilegios exclusivos para funcionarios judiciales.
Los datos se desprenden de una comparación realizada por La Nación de los presupuestos del Poder Judicial.
Holgura salarial en medio de la austeridad
La Corte dispone de esta holgura de pluses salariales en momentos en que el presidente Carlos Alvarado pide a los demás poderes imitar las medidas de austeridad del Gobierno, con la consigna de sortear una crisis económica que ahogaría al país.
En esa línea de restricción del gasto, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, anunció medidas para contener el crecimiento en anualidades y dedicación exclusiva, al tiempo que otorgará un mismo aumento salarial para todos sus funcionarios (¢3.750 por semestre).
En anualidades, por citar un caso, ya no se pagará un porcentaje del salario sino un monto fijo, lo que evitará el crecimiento exponencial. Por dedicación exclusiva, el Ejecutivo redujo a un 10% y un 25% los porcentajes del salario que se pagarán a nuevos bachilleres y licenciados, en vez de un 20% y un 55%.
La Corte, que paga por ejemplo hasta un 65% por dedicación exclusiva, no ha dicho si imitará estas medidas. Lo único que ha anunciado es un recorte de un 0,4% en el presupuesto del 2018.
Solo en restricción al ejercicio de la profesión de los funcionarios, la Corte gasta ¢37.500 millones anuales y, en anualidades, ¢36.200 millones.
El Gobierno pudo ponerle freno a anualidades y dedicación porque no estaban fijados por ley, sino por decisión del Ejecutivo. Y, en la Corte, los incentivos más caros no tienen rango legal, sino que son concesiones de la cúpula.
El Poder Judicial gasta casi ¢60.000 millones en 21 beneficios ideados por el Consejo Superior o por la Corte Plena del Poder Judicial. Este es un rubro que creció muy por encima de la inflación en el 2018, pues subió en un 7% con respecto al 2017.
Ante la consulta de si estos incentivos se podrían modificar, Roxana Arrieta, directora interina de Gestión Humana del Poder Judicial, enfatizó que tales designaciones “responden a estudios técnicos realizados a las clases del puesto correspondiente”.
“En este caso, para cada acto administrativo que ha conferido un incentivo laboral, aplica el principio de intangibilidad de actos propios, lo que significa que cada uno se encuentra plenamente incorporado a la esfera jurídica de las personas trabajadoras mediante un acto administrativo válido y eficaz”, explicó la funcionaria.
Agregó: "Es decir, generan derechos subjetivos adquiridos de buena fe, por lo que no son susceptibles de perder sus efectos jurídicos, dado que se encuentran amparados al principio de confianza legítima a favor de los trabajadores".
Entre los "otros incentivos", destaca el Índice Gerencial, gestado en el 2008 por los altos jueces, quienes alegaron que sus sueldos no eran competitivos en comparación con la empresa privada y otras entidades públicas, por lo que otorgaron el plus a los 46 puestos de mayor rango.
Este se calcula en un 97,2% sobre el salario base, según consta en un documento con el detalle de esos incentivos facilitado a La Nación por la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.
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En la lista de otros incentivos, figura también un sobresueldo por magistratura –un ajuste dirigido a los magistrados por el aumento del costo de la vida–, así como un sobresueldo por coordinación de jueces y otro por coordinación de profesionales.
Estos últimos están dirigidos a jueces y peritos judiciales e implican un alza de entre el 5% y el 10% sobre el salario base, según la cantidad de personal que los beneficiarios tengan a cargo.
Se suman a este catálogo un bono por exclusividad policial, un reconocimiento por zonaje, un incentivo por regionalización y un rubro del 10% sobre el salario base para los choferes de los magistrados.
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Comparación
Cada empleado del Poder Judicial cuesta en promedio ¢2,4 millones al mes, tomando en cuenta las cargas sociales, mientras que en un órgano como el Ministerio de Justicia, la proporción es de ¢1,4 millones.
En Justicia, órgano del Poder Ejecutivo, los incentivos cuestan ¢600.000 mensuales por funcionario.