Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa dictaminaron, afirmativamente, un proyecto de ley que derogaría las pensiones de futuros expresidentes.
Se trata del expediente 21.345, el cual además cerraría la puerta al nacimiento de unas 470 nuevas pensiones de lujo al cerrar los regímenes contributivos con cargo al Presupuesto de la República, excepto el del Magisterio Nacional, y trasladar al sistema de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS (IVM) a los últimos funcionarios que podrían aspirar a jubilarse con esos regímenes.
El plan, presentado por el exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, plantea derogar los regímenes no contributivos, en los que no existieron cotizaciones de parte de los beneficiarios. Tal es el caso de expresidentes, Premio Magón y Beneméritos de la Patria.
Las pensión de cada expresidente absorbe ¢56 millones anuales incluido aguinaldo y cargas sociales, de acuerdo con la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo, pero el expediente solo afectaría a futuros mandatarios.
En esa línea, el proyecto propone derogar el capítulo III de la Ley N.° 7092 que les otorga el derecho a disfrutar de una pensión mensual con un monto igual al ingreso de un diputado (dietas y gastos de representación), una vez que los mandatarios dejan el cargo.
Dicha pensión con cargo al Presupuesto Nacional es administrada por la DNP.
El proyecto solo eliminaría la pensión de los futuros expresidentes, pues el Transitorio I mantiene el goce de quienes ya la reciben como los exmandatarios Oscar Arias, Laura Chinchilla, José María Figueres, Luis Guillermo Solís, Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón.
Los ¢3,9 millones mensuales de la pensión del expresidente Carlos Alvarado, pasaron a las cuentas del Estado en vista de que él renunció a esta remuneración.
La Procuraduría General de la República (PGR) había encontrado vicios de inconstitucionalidad en otro proyecto de ley, el 22.623, que busca extinguir el régimen de pensiones de expresidentes. La objeción obedece a que este texto propone que los expresidentes actuales y futuros no reciban la pensión.
Para el abogado del Estado, este texto violentaría los derechos adquiridos de los expresidentes, lo que significa un roce a la Constitución Política.
LEA MÁS: Proyecto para eliminar pensiones de expresidentes podría violar Constitución
Ventana de 18 meses
En cuanto al cierre de los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional, el proyecto dictaminado abre un plazo de 18 meses para que se jubilen las últimas personas que reunirían las condiciones para hacerlo gracias a un portillo legal que dejó la ley que cerró esos sistemas hace 30 años.
Se tratan de personas que hoy cotizan al IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pero tienen opciones de jubilarse balo los sistemas de pensión como Hacienda, Obras Públicas, Ferrocarriles, Guardia Civil, expresidentes de la República y excombatientes.
En junio del 2020, la Caja detectó a 956 personas con esa posibilidad, la cifra disminuyó a 633 en noviembre de 2021 y, para mediados del 2022, habían 478 personas, sostuvo el entonces director general de Pensiones, Luis Paulino Mora, en la comisión de Sociales, en el mes de julio anterior.
Después de los 18 meses, quienes se retiren tendrán que hacerlo bajo las condiciones del IVM, régimen que ofrece menores beneficios con respecto a cuantía de la pensión y edad de retiro.