Con 33 votos a favor y 15 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el Presupuesto Nacional del 2023. El proyecto avalado incluye un recorte de ¢81.000 millones en la partida para pagar intereses de la deuda pública, efectuado por los diputados de la Comisión de Hacendarios.
Los recursos recortados fueron reasignados a diversas instituciones y programas públicos, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), asociaciones de desarrollo y bonos de vivienda.
Esos movimientos detonaron la molestia del presidente Rodrigo Chaves, quien llamó irresponsables a los legisladores de la Comisión de Hacendarios. Posteriormente, los diputados le contestarían que “las amenazas salen sobrando”.
El Presupuesto fue aprobado a pesar de que los 10 diputados del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) votaron en contra, junto con cinco legisladores del Partido Liberal Progresista (PLP).
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El diputado Eliécer Feinzaig, jefe de bancada del PLP, argumentó que las tasas de interés siguen subiendo en el mundo y la deuda interna de Costa Rica el próximo año va a enfrentar pagos de intereses más altos de lo proyectado. “Por lo tanto, consideramos peligroso que se haya eliminado más de ¢80.000 millones de la partida del pago de intereses. Por eso votamos en contra”, detalló.
Por su parte, el jefe de la fracción del Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, respaldó lo avalado: “Quiero celebrar que de forma mayoritaria acabamos de recuperar más de ¢80.000 millones que habían sido recortados por el Gobierno a asociaciones de desarrollo, a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a inversión en cultura”.
Acuña también recordó las críticas del presidente Chaves, quien lo calificó a él y a otros diputados de irresponsables.
“Lo que hicimos fue buscar revertir esos recortes a mansalva hechos sin consultar y que hacían daño a la institucionalidad y a los servicios que se dan a la ciudadanía”, dijo.
En su criterio, el partido de Gobierno debería quitarse de la cabeza que “con unos cuentos videos que circulen en redes sociales” basta para que las discusiones de fondo tengan un resultado distinto al que buscan.
“En el Parlamento, los argumentos pesan mucho más que el número de visualizaciones que tengan sus videos”, aseveró Acuña.
El presupuesto del año 2023 es de ¢12,2 billones, que se financian con ¢7,2 billones (59%) de impuestos, principalmente, y ¢5 billones (49%) de endeudamiento.
Por su parte, de estos ¢12,2 billones, se gasta el 47% en el pago de la deuda pública (amortizaciones e intereses), y el restante 53% en remuneraciones, servicios, transferencias de capital y adquisición de bienes duraderos, entre otros rubros.
Entre las instituciones a las que se le reasignaron recursos del pago de intereses se encuentran la Caja con ¢26.000 millones, las asociaciones de desarrollo con ¢10.000 millones, las municipalidades con ¢9.802 millones y el Poder Judicial con ¢6.400 millones.
La reasignación de recursos fue impulsada por el diputado liberacionista Gilbert Jiménez, quien además alegó que tomaron los recursos de la partida de intereses porque, año con año, esta suele tener una subejecución de ¢300.000 millones.
No obstante, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, advirtió de que cuando se confeccionó este plan de gastos en agosto pasado, las tasas de interés no habían subido tanto como lo han hecho ahora.
Además, el jerarca ha criticado en múltiples ocasiones que el Congreso no ha autorizado una emisión de eurobonos que permitiría buscar tasas más bajas en el exterior.
Asimismo, la contralora general, Marta Acosta, advirtió con anterioridad que los recortes presupuestarios sacrifican a los más vulnerables porque se hicieron “sin ningún criterio ni definición de prioridades”.
Acosta añadió que se debe cumplir la regla fiscal, pero la ausencia de reformas estructurales está llevando al país a un doloroso ajuste.