La Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) frustró este martes la contratación de una auditoría externa para investigar la gestión de la directora ejecutiva de la entidad, Karen Porras Arguedas, quien fue objeto de cuestionamientos por presuntos nombramientos a dedo.
La investigación se cayó cinco meses y tres semanas después de que la Junta Directiva acordó indagar la administración de Porras, el pasado 6 de setiembre. En esa ocasión, José Bernardino Rojas, presidente de la UNGL y alcalde de Buenos Aires, dijo que buscaría tener el informe de auditoría antes de elecciones municipales, que se realizaron el domingo 4 de febrero.
Sin embargo, en la sesión de este 27 de febrero, la cúpula de alcaldes dio por visto un oficio de la Proveeduría que recomendó declarar inadmisible la contratación de la única empresa que se postuló para realizar la investigación. Así lo explicó a La Nación el alcalde de Río Cuarto y representante de Alajuela, José Miguel Jiménez.
Según el alcalde liberacionista, la recomendación de declarar infructuosa la contratación se debió a que uno de los empleados de la empresa oferente no cumplía con tener una licenciatura con especialidad en Recursos Humanos.
“La Proveeduría indicó que, como solo había un oferente y el interés superior de la contratación podía subsanarse, existía la posibilidad de hacer una justificación y adjudicar la contratación, pero no había claridad de qué se estaba votando. En algunos momentos, nos decían que había que declararla infructuosa; en otros, que debíamos declarar la inadmisibilidad”, dijo Jiménez, quien agregó que la sesión fue completamente confusa.
Finalmente, el alcalde confirmó que la mayoría de directivos se inclinó por declarar infructuoso el concurso. Él votó en contra de esta decisión, así como la regidora de Nicoya, María Auxiliadora Pérez, y el regidor de Turrialba, Arturo Rodríguez.
“Fue una sesión contradictoria, confusa. Ahora, es materialmente imposible que esta Junta Directiva haga otro proceso de adjudicación, porque se tardó seis meses solo en este”, dijo Jiménez.
La actual administración de la UNGL dejará sus cargos el próximo 1.° de mayo, pero Karen Porras está nombrada hasta junio del 2026. Ella lleva cuatro periodos seguidos en el máximo puesto ejecutivo de la UNGL; fue elegida por primera vez en 2010 y reelecta en los años 2014, 2018 y 2022.
La Nación intentó llamar en tres ocasiones a José Bernardino Rojas, para conocer su criterio. El presidente de la UNGL no contestó. Por medio de Whatsapp, dijo que atendería las consultas este miércoles 28 de febrero.
Presuntos nombramientos a dedo
La polémica sobre Karen Porras surgió el 31 de agosto del 2023, cuando renunció la encargada de Recursos Humanos, Fabiola Salas Leal. Ella alegó haber recibido reclamos y presiones por parte de la directora ejecutiva y de su asesor legal, Carlos Bolaños Alfaro, luego de oponerse a un nombramiento por falta de requisitos.
La Nación publicó en octubre la grabación de una llamada que muestra las supuestas presiones del asesor para que cambiara de criterio respecto a la contratación de María José Arias Molina, hija del exdiputado liberacionista Rafael Arias Fallas (periodo 1998-2002).
En el audio, el abogado habría pedido a Salas discutir cómo acomodar el criterio para contratar a esa persona.
En setiembre, luego de la renuncia de la exencargada de Recursos Humanos, José Bernardino Rojas reconoció que la Junta Directiva también había recibido quejas relativas al cobro de horas extra y la renuncia de funcionarios.
Los términos de referencia para la contratación de la auditoría se publicaron el 6 de diciembre. Luego, se publicó la solicitud de contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) dos meses después, el 8 de febrero.
Junta Directiva de UNGL no quiso investigar a Carlos Bolaños
La exjefa de Recursos Humanos había escrito sobre la presión del abogado Carlos Bolaños: “El 30 de agosto, recibí reclamos por parte del asesor legal y presión por parte de la dirección ejecutiva, donde por medio de intimidación y abuso de poder, se me solicitó dejar sin efecto el mencionado oficio, situación que no comparto y no puedo seguir tolerando”.
En el audio, Bolaños también le habría dicho a la exencargada de personal: “Hagamos algo, como dijo la jefa, pon un correo diciendo que por error se mandó ese oficio y se enviará el oficio correcto, ya sea que lo mantengás o no, pero antes de mandarlo, veámoslo, discutámoslo y vemos si se mantiene su criterio o existe algún huequito en el cual nos podamos meter”.
Fabiola Leal dijo, en su carta de renuncia, que su permanencia en el puesto comprometía sus valores, principios éticos y personales.
Pese a estos hallazgos, en octubre los directivos de la UNGL rechazaron abrir una investigación administrativa contra Bolaños bajo el alegato de que el audio fue grabado sin consentimiento.
En esa ocasión, José Bernardino Rojas argumentó que al votar en contra de la moción de Jiménez no estaba protegiendo a Porras ni a Bolaños. Justificó que estaba concentrado en contratar la auditoría externa.
El 3 de noviembre, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que investiga a la UNGL por el presunto delito de nombramientos ilegales.