Costa Rica entraría este martes 14 de febrero a una lista negra de la Unión Europea (UE) sobre países no cooperantes en materia fiscal. Si esto ocurre, el país afrontaría un daño para su reputación, un mayor escrutinio en sus transacciones financieras y el riesgo de perder fondos de la UE.
Además, los 27 países de la Unión Europea, que entre todos tienen 450 millones de habitantes, podrían establecer restricciones a las inversiones extranjeras en territorio costarricense.
La situación obedece a que, en criterio de la organización europea, Costa Rica no ha corregido debilidades en la legislación sobre el cobro del impuesto de renta, las cuales le restan transparencia.
La Unión Europea cuestiona que el país no cobre impuesto a sus contribuyentes, sean personas físicas o jurídicas, por las ganancias que obtiene en el extranjero producto de rentas pasivas. La UE considera que esa es una concesión perjudicial y debe ser reformada.
Según la organización, el régimen tributario costarricense facilita la doble no imposición a rentas pasivas. Es decir, que personas no paguen impuestos por ganancias ni en un país ni en otro.
Las ganancias pasivas son las obtenidas al invertir en títulos valores o en la compra de acciones de una empresa que, a su vez, producen dividendos. También son los ingresos por alquileres en el extranjero. El concepto es que la persona no participe o trabaje activamente en la actividad, y hay quienes lo definen como “ganar dinero mientras se duerme”.
El viernes 10 de febrero la agencia de noticias Reuters reportó que los ministros de Hacienda de la organización incluirían a Costa Rica en la lista negra, según un borrador de documento. Así lo informó desde Bruselas, Bélgica, en donde está la sede central de la UE.
Según Reuters, el borrador dice que Costa Rica tiene un régimen de exención de ingresos de fuente extranjera perjudicial, y aún no ha resuelto este problema.
La UE también cuestionó que la exención de renta por ingresos obtenidos en el extranjero se otorgue sin establecer requisitos específicos y claros, incluso en el caso de las rentas activas, en las que la persona sí participa en una actividad económica en el exterior.
El país entraría al listado negra junto con Rusia, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Marshall.
La lista de países no cooperantes en materia fiscal de la UE existe desde el 2017. La próxima revisión se efectuaría este martes. Actualmente, en el listado están 16 países como Panamá, Bahamas, Trinidad y Tobago, Anguila, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Samoa y Fiyi.
Esta no es la primera vez que Costa Rica es incluida en la lista ‘negra’ de la UE. Ya estuvo ahí, pero salió el 10 de octubre del 2019. La decisión de retirar a nuestro país de esta lista negra se dio después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considerara no perjudicial la reforma en 2019 del régimen de zonas francas costarricense, explicó la UE en ese momento.
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La inacción
La Unión Europea advirtió a Costa Rica de su inconformidad con el régimen tributario costarricense desde junio del 2021.
Así lo se lo hizo saber el Grupo de Código de Conducta a la administración de Carlos Alvarado por escrito, al exigir la necesidad de que se hicieran las reformas legales necesarias.
El entonces ministro de Hacienda, Elian Villegas, alegó que, el 8 de abril del 2022, un mes antes del traspaso de poderes, él envió a Lyudmila Petkova, presidenta del Grupo del Código de Conducta de la Unión Europea, una propuesta de reforma legal en materia tributaria.
La intención del oficio era que la Unión Europea señalara si el planteamiento cumplía “con los criterios sobre los que Costa Rica está siendo evaluado”.
Villegas asegura haber dejado esta propuesta a su sucesor, Nogui Acosta Jaén. Por su parte, Sergio Alfaro, quien fuera embajador ante la UE, le mencionó la situación y el riesgo al hoy canciller, Arnoldo André, en su informe de labores de julio del 2022.
El ministro Acosta niega que su antecesor le haya entregado la propuesta. Asimismo, sostiene que el Gobierno anterior se comprometió con la Unión Europea a presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma en agosto del 2022 para que fuese aprobado en diciembre de ese año.
En su criterio, ese compromiso fue “complemente ilógico”, porque se trata de un cambio tributario “muy importante” que no fue comunicado al Congreso y “no era factible hacerlo en el plazo en que se comprometió”.
En un comunicado de prensa enviado la mañana de este lunes por Casa Presidencial, la administración Chaves admite que, desde agosto del año pasado hace intentos ante la UE por postergar la fecha de la presentación y aprobación del texto.
Desde ese mes y hasta la fecha, el Poder Ejecutivo no ha presentado un proyecto de ley al respecto. No fue sino hasta el jueves pasado que Acosta les dijo a los jefes de fracción del Congreso que urgía aprobar la reforma.
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Lo cierto es que, este lunes, Presidencia afirmó que “Costa Rica sería incluida en la lista” de países no cooperantes.
El jerarca de Hacienda dijo que han dicho a la Unión Europea que incluirán el ajuste en el plan de renta global en marzo.
“Lo que estamos haciendo es conversar con los ministros de Finanzas para ver los caminos, para evitar que nos incluyan en la lista, lo que es poco probable, pero sí establecer una hoja de ruta para poder en la siguiente evaluación, que es en octubre, salir de la lista”, dijo.
“¿Qué opciones teníamos nosotros? El compromiso viene del gobierno anterior”, alegó.
Las consecuencias en detalle
La Unión Europea prohíbe canalizar dinero de varios fondos mediante entidades de países incluidos en la lista. Tal es el caso del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS) y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE).
Además, se exigen requisitos de información más estrictos para las multinacionales con actividades en los países y territorios incluidos en la lista. Es decir, se puede ver afectada la inversión extranjera.
El ministro de Hacienda agregó que los países de la Unión Europea podrían agregar otras medidas defensivas de carácter fiscal, como considerar como no deducibles los gastos de empresas incurridos en Costa Rica, realizar auditorías reforzadas y pedir más información a los contribuyentes.