Welmer Ramos, candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo falsamente que su agrupación nunca ha sido condenada judicialmente. La afirmación la hizo la noche del domingo, en el primero de los cuatro debates organizados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Ante una pregunta de su rival de Pueblo Unido, Martín Chinchilla, Ramos argumentó que solo se han dictado condenas contra funcionarios específicos de la agrupación, y que nunca al partido en sí.
Sin embargo, en el 2016, el Tribunal Penal de San José condenó al PAC, de manera solidaria, y a dos de sus partidarios por cometer una estafa de casi ¢353 millones en contra del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al cobrar la deuda política de las elecciones del 2010.
En el 2021, la cifra fue elevada a ¢512 millones.
Los jueces le impusieron seis años de cárcel al extesorero Maynor Sterling y tres al colaborador Manuel Antonio Bolaños, mientras que al PAC lo condenó a pagarle más de ¢786 millones al Estado por el daño ocasionado, incluyendo intereses y costas.
Ramos hizo el comentario sobre los antecedentes penales de su agrupación luego de que Martín Chinchilla le cuestionó si los costarricenses deberían confiarle a su partido un tercer mandato.
Chinchilla dijo que la agrupación oficialista tiene antecedentes de “tráfico de influencias, corrupción, estafas contra el TSE, el caso UPAD y la aplicación de políticas regresivas contra el pueblo”.
Esta fue la respuesta de Ramos: “Antes de que existiera el PAC en Costa Rica los diputados repartían placas de taxi, los diputados nombraban al cónyuge o la cónyuge, a sus hijos, etcétera, como asesores legislativos. Aquí los ministros y diputados repartían bonos de vivienda, todas las ayudas sociales a su antojo.
“Gracias a un PAC que vino a poner límites, hoy en día eso tiene nombre y se llama tráfico de influencias. Así lo ha denunciando el PAC una y otra vez, por mera disputa política, pero no ha sido condenado nunca. Incluso, cuando se le ha condenado en alguna cosa, ha sido a funcionarios en específico, no al partido”.
La sentencia condenatoria del 2016 por estafa al Estado, se dictó específicamente contra Acción Ciudadana. Así lo declaró el juez Raúl Madrigal el 5 de diciembre del 2016 al dictar su decisión:
“Se está condenando al PAC por responsabilidad civil extracontractual indirecta, ya que tanto don Manuel como don Maynor han actuando a nombre del partido y, en aplicación del artículo 1.048 del Código Civil, el PAC fue negligente al momento de elegir o fiscalizar las labores que ambos estaban realizando, de manera tal que deben de responder con su nombre propio y su patrimonio”, declaró Madrigal.
El caso llegó hasta la máxima instancia de apelación, la Sala III, y la condena contra Bolaños, Sterling y el PAC quedó en firme. En julio del año pasado, la agrupación firmó con la Procuraduría General de la República un acuerdo de pago de lo adeudado: ¢353 millones de la estafa, ¢230 millones por intereses y ¢44 millones por las costas del proceso penal, para un total de ¢627 millones.
El partido cancelará la millonaria deuda en cinco tractos a más tardar el 16 febrero el 2024. El primer pago se realizó en agosto, por una suma de ¢200 millones.
Unos días después del acuerdo, el Tribunal Penal de San José subió la cifra en ¢159 millones en otra resolución.
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El caso
La Fiscalía acusó al PAC de incluir 263 contratos por servicios especiales “falsos”, dentro de la liquidación de gastos que el TSE le reembolsó, una vez concluido el proceso electoral del 2010. Con los documentos se cobraron supuestos servicios especiales brindados de dirigentes y militantes, quienes en realidad ofrecieron su trabajo de forma gratuita, brindaron un servicio distinto del consignado o, del todo, no participaron.
Al final, los jueces determinaron la falsedad de 179 de esos contratos, los cuales ascendían a casi ¢353 millones. En el resto, dijeron, no se logró demostrar la falsedad, mientras que otros convenios no fueron incluidos dentro de la imputación.
Por esos polémicos contratos, el PAC recibió ¢516 millones. El Ministerio Público aseguraba que la estafa fue de ¢364 millones, pues no en todos los casos se pudo comprobar algún delito.
Sin embargo, en el 2021, los jueces resolvieron que el partido había incluido otros 84 contratos falsos en la liquidación planteada al TSE y elevó la indemnización.
En la contienda nacional del 2010, la contribución estatal superó los ¢17.000 millones. Con los votos obtenidos, el PAC podía reclamar ¢3.741 millones. Al final, el partido político reportó gastos de campaña por ¢4.238 millones, de los cuales poco más de ¢1.100 millones —una cuarta parte— fueron incluidos en esta polémica partida de servicios especiales.