El presidente de la República, Rodrigo Chaves, señaló que existe una ilegalidad en el aumento de salarios aprobado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para sus 63.000 empleados.
Chaves insistió en recomendar a los directivos de la CCSS que revisen su decisión porque la sanción por no acatar la regla fiscal es la destitución.
Explicó que el incremento se contrapone a la regla fiscal, mecanismo legal que impide aumentar salarios en el sector público cuando la deuda pública supera el 60% del producto interno bruto (PIB), como ocurre en este momento.
“La preocupación es que existe un tema de legalidad. La Junta Directiva debió haber considerado, antes de aprobar el aumento, la ley 9635 (reforma fiscal), que dice claramente que el sector público, dada la situación de deuda que heredamos, no que creamos, no debe dar aumentos de sueldos.
“Y pronunciamientos de la Sala Constitucional donde, transparentemente, dicen que la Caja está exenta de la ley de Responsabilidad Fiscal en lo que se refiere a los gastos de las pensiones y del sistema de salud, nada más”, afirmó el mandatario en una transmisión de Telenoticias de Canal 7.
El artículo 6 del capítulo de Responsabilidad Fiscal, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, establece que la CCSS está exenta de la regla fiscal “únicamente en lo que se refiere a los recursos del régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) y el régimen no contributivo que administra dicha institución”.
La norma 26 añade que el incumplimiento injustificado de la regla fiscal constituye una falta grave contra la Hacienda Pública, que será sancionada por la Contraloría General de la República, aunque también puede conllevar procesos penales.
Representantes de Gobierno votaron a favor
El Gobierno tiene tres directivos en la Junta Directiva de la CCSS y los tres votaron a favor del incremento salarial: Álvaro Ramos, presidente ejecutivo; Guillermo Hernández Ramírez y Carlos Salazar Vargas.
El miércoles, el presidente Chaves también había adelantado que el aumento salarial en la CCSS no había sido lo más afortunado y que lo consideraba “reversible”, por lo que tuvo una primera conversación con Álvaro Ramos y esperaba una segunda.
“No creo que ese deba ser el ejemplo para las decisiones: ‘ah bueno, como en la Caja pasó esto’”, dijo el gobernante en Cartago.
Consultado sobre las advertencias del impacto financiero del alza salarial, Álvaro Ramos dijo a La Nación que la Junta Directiva deliberó muchas horas sobre el tema y que las actas pronto estarían listas.
El jueves 8 de setiembre, siete de los nueve integrantes de la Junta Directiva de la CCSS aprobaron aumentar entre ¢7.500 y ¢8.500 mensuales la base salarial de más de 63.000 funcionarios, con efecto retroactivo hasta el año 2020. Argumentaron que se trataba de un incremento salarial aprobado en el 2020 que quedó congelado con la llegada de la pandemia.
Según reveló La Nación el martes, la Junta aprobó el aumento, la semana pasada, pese a que la Dirección Actuarial de la CCSS advirtió de que le demandaría a la institución ¢10.000 millones más por año por el efecto sobre salarios base y pluses, así como ¢29.000 millones por el pago retroactivo de los años 2020, 2021 y 2022, lo que implicaría un golpe para la situación financiera.
El incremento “acentuaría negativamente la magnitud de los déficits del Seguro Social”, señaló la Dirección Actuarial.
Mientras tanto, la regla fiscal mantiene congelados los incrementos en el resto del sector público.
El aumento salarial de la Caja tendrá que ser cubierto con las cuotas que pagan trabajadores y patrones al Seguro de Salud.
Incluso, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, cuestionó lo sucedido, en declaraciones a La Nación.