El presidente de la República, Carlos Alvarado, dijo este viernes que el Poder Ejecutivo presentará la próxima semana una propuesta de “solución” al proyecto de ley que legaliza el cannabis medicinal y el cáñamo de uso industrial en el país.
La contrapropuesta será enviada a los diputados, aunque el mandatario no confirmó si lo hará a través de un veto parcial o total a la iniciativa legal que fue aprobada la semana anterior en el plenario de la Asamblea Legislativa.
En declaraciones a los medios, Alvarado afirmó que él sí quiere que esa ley sea una realidad en el país, porque aseguró que comparte con los legisladores el objetivo de dar una herramienta para la salud de los costarricenses y para generar una industria y una activación económica.
“Yo quiero que eso sea una ley y que funcione, que es lo más importante”, dijo el presidente.
No obstante, apuntó que surgió una serie de observaciones sobre la versión del proyecto aprobada en el Congreso, lo que generó la necesidad de que los equipos del Ejecutivo lo revisen a la luz de los tratados internacionales firmados por Costa Rica, sobre control de drogas, y “con otro tipo de especificidades”.
El jueves por la noche, el Ministerio de la Presidencia anunció que, precisamente, se está revisando la ley sobre cannabis medicinal con base en esos convenios.
De hecho, Alvarado envió a la Asamblea Legislativa la solicitud de información que le cursó al país la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde pide información sobre el proyecto para verificar que cumpla con los tratados de fiscalización de estupefacientes.
La JIFE le recordó al Poder Ejecutivo una circular emitida en el 2014, en la que se señalan los cuidados que los Estados parte deben tener con la fiscalización del cannabis con fines médicos.
Parte de esas observaciones han nacido, principalmente, en el Ministerio de Salud, donde el ministro Daniel Salas se ha opuesto a varios artículos del proyecto.
“Nuestro objetivo es proponerle al Congreso una solución, para que esto pueda ser ley de la República. Lo digo porque, mayoritariamente, la consulta hecha por los diputados a la Sala Constitucional tuvo que ver con un tema procedimental, pero hay varios temas de fondo”, explicó Alvarado.
Añadió que, si el Gobierno quiere cumplir los objetivos de salud y de reactivación económica, “tiene que haber seguridad jurídica”.
“Los jerarcas que están trabajando esta solución y sus equipos técnicos estarán dando a conocer los avances de lo que se plantea como solución a algunas de las interrogantes que existen sobre el texto, pero nuestra voluntad es que esto sea ley y que sea una ley que funcione”, indicó.
El expediente fue aprobado de forma definitiva el 13 de enero, en el plenario del Congreso, con 29 votos a favor y 10 en contra. A la vez, clamaron a Zapote por que Alvarado no vete la iniciativa legal.
Después de aprobada una ley de forma definitiva en el Congreso, el decreto legislativo se envía a la Casa Presidencial, donde el mandatario tiene un plazo de 10 días hábiles para decidir si la firma o, en su defecto, para anunciar que veta la iniciativa.
Ese plazo se cumplirá el jueves de la próxima semana, cuando Carlos Alvarado deberá anunciar finalmente si firma el proyecto y lo envía a su publicación en el diario oficial La Gaceta, o si lo devuelve a Cuesta de Moras.
El detalle del proyecto
El proyecto legaliza la producción, comercialización y uso del cannabis con fines medicinales, así como la producción de cáñamo para uso industrial en Costa Rica.
El plan se centra en autorizar la producción de las plantas de cannabis, tanto las que tienen alto contenido de tetrahidrocannabinol (THC), para uso medicinal y terapéutico, como las que tienen bajo THC, como el cáñamo, de múltiples usos industriales.
La idea de los legisladores es generar reactivación económica mediante la apertura de una nueva actividad productiva.
Para la producción de ambas plantas y sus derivados, los productores tendrán que registrarse ante el Estado y brindar amplia información a las autoridades sobre sus actividades. El Ministerio de Agricultura (MAG) tendrá a su cargo la regulación del mercado del cáñamo y el de Salud, el del cannabis para uso medicinal y terapéutico.
Salud, Agricultura y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tendrán potestades de inspección y fiscalización periódicas sobre los productores y desarrolladores de derivados del cannabis y el cáñamo.
En la iniciativa, se autoriza la venta de materia prima de cannabis medicinal a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como a laboratorios autorizados para el desarrollo de los medicamentos necesarios.