El diálogo multisectorial convocado por el Gobierno, para recomendar medidas de estabilidad fiscal, estará integrado por 29 representantes con voz y voto en una discusión que se extenderá por cuatro semanas.
Del total de asientos, cuatro le corresponderán al Poder Ejecutivo y 25 se distribuirán entre 11 sectores.
Habrá cuatro representantes de la empresa privada, cuatro de los sindicatos y cuatro de las cooperativas.
En tanto, solidaristas, productores agrícolas, grupos de mujeres, iglesias y municipalidades tendrán dos sillas cada uno; mientras que se les asignará un campo a grupos comunales, otro a estudiantes universitarios y el último a agencias de desarrollo.
Así lo anunció la noche del domingo Jorge Vargas Cullell, director del programa Estado de la Nación, quien se desempeñará como facilitador del proceso.
El diálogo fue convocado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, junto con el presidente del Congreso, el restauracionista Eduardo Cruickshank.
El planteamiento del diálogo social expone que los acuerdosse adoptarán por medio de una regla de mayoría: “Se considera acuerdo formal cuando haya sido votado afirmativamente por la mitad más uno" de los representantes, sean los titulares o sus suplentes en funciones.
No se permitirán votos condicionales cuya validez esté supeditada a ulteriores “votos de las bases” de los sectores.
Las 29 sillas tendrán representantes titulares y suplentes y el diálogo entre Poder Ejecutivo y sociedad civil se desarrollará en un "lugar neutral ampliamente reconocido por la ciudanía como legítimo”.
El foro se inicia este sábado 17 de octubre y se extenderá por cuatro semanas, pero el Gobierno se compromete a convocar un segundo diálogo para tratar los temas de empleo, crecimiento y recuperación económica, según dijo el presidente de la República, Carlos Alvarado, en la cadena nacional del domingo.
En ese sentido, Vargas Cullell aseveró que la mesa deberá de resolver cómo “lograr una mejora permanente de al menos 2,5 puntos porcentuales del PIB en el déficit primario del Gobierno Central”. El documento base del proceso no establece un plazo para ello.
El déficit primario es el exceso de gastos del Gobierno Central sobre sus ingresos, pero sin tomar en cuenta el dinero que se va en el pago de los intereses de la deuda pública.
En el 2019, por ejemplo, el déficit primario alcanzó un 2,78% del producto interno bruto (PIB), lo que equivale a un faltante de más de ¢1 billón (un millón de millones).
Al negociar el primer préstamo rápido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por $508 millones, el país se comprometió a alcanzar un superávit primario del 2,2% del PIB para el 2024.
Asimismo, el diálogo social convocado por el Gobierno debatirá cómo disminuir a corto plazo el monto de la deuda pública en unos 8 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), "mediante una mezcla de acciones de ingresos, gastos y gestión del endeudamiento público, para evitar que el Estado caiga en una cesación de pagos”.
Este año, la deuda pública cerrará en 70,3% del PIB y, para el próximo, alcanzaría un 80,5% del PIB. En términos nominales, subirá a ¢24,2 billones a ¢28,8 billones entre el 2020 y el 2021.
Según Vargas Cullel, la solución que se recomiende en el diálogo debe cumplir con un balance entre los rubros, pero esto “no significa que el peso de los ajustes por el lado de los ingresos y los gastos pesen igual en la solución recomendada del problema, sino que se procurará maximizar el aporte que hace cada rubro a esa solución”.
Añadió que, en el balance social y productivo “ningún sector debe ser exento de una cuota de sacrificio” y que se procurará "proteger hasta donde sea posible a los sectores de menor ingreso”.
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Un equipo técnico conformado por el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda se encargará de realizar, de “manera rápida, veraz y oportuna, la modelística y simulaciones de impacto de las medidas que estén deliberando los integrantes de la comisión”, dice el planteamiento suscrito por Cullell.
Todas las medidas que se logren deben alcanzar “las metas cuantitativas”.
También, participará un panel de expertos, compuesto por “economistas de alto nivel y conformado de manera balanceada”, con la idea de dar su criterio técnico, guiar y revisar las simulaciones que haga el equipo proyectivo.
El presidente Alvarado se comprometió a que “las acciones de política pública que diseñe el Gobierno se enmarcarán dentro de los acuerdos del diálogo multisectorial”.
Sin embargo, aclaró que, en los asuntos en los que no haya sido posible una recomendación de la mayoría de los integrantes de la mesa, “el Poder Ejecutivo tendrá la libertad y el deber para proceder según sus criterios”.
"Lo mismo ocurrirá si con los acuerdos no se logran alcanzar demostradamente los objetivos de política que ambos presidentes de los Poderes de la República hemos propuesto para que el diálogo resuelva. Pero estoy convencido de que lo lograremos”, dijo Alvarado la noche del domingo.
Además de los 29 asientos, los diputados participarán como acompañante u observadora en un cuarto adjunto y los sectores les podrán hacer consultas.
- El Congreso estará representado por los siete jefes de fracción (PLN, PAC, PUSC, PRN, PIN, PRSC y FA) y dos voceros de los diputados independientes.
- Asimismo, habrá un grupo de apoyo político integrado por personas del gabinete de Gobierno y de la Asamblea Legislativa que colaboren con el Estado de la Nación.
- Las cuatro asientos que corresponden al Gobierno estará ocupados por los ministros de Hacienda, Elian Villegas; de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), Pilar Garrillo; de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Giannina Dinarte; y de Desarrollo Humano en Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez.
Esta vez, en el equipo de Gobierno que tendrá voz y voto no fue incluido el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero, quien como integrante del consejo económico sí participó en un primer esfuerzo de diálogo social coordinado por Presidencia, a finales del mes de agosto.
No obstante, el BCCR sí tendrá participación en el equipo técnico simulador del impacto de las medidas que se discutan.
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Las designaciones de las sillas de los sectores, entre titulares y suplentes, se asignaría a las siguientes organizaciones, según las invitaciones que hará el Estado de la Nación:
- Privados: Las cuatro sillas serán designadas por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), Federación Nacional de Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales de Costa Rica (Fedecámaras), Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) y Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica (CPC).
- Sindicatos: Un asiento al representante de los sindicatos en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y los otros tres asientos serán designados por las confederaciones sindicales, los gremios magisteriales y el Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco).
- Cooperativas: Dos asientos para representantes del cooperativismo en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, un asiento para el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop) y otro al Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop).
- Solidaristas: Uno a las asociaciones solidaristas y otro asiento al solidarismo que no participa en el foro de diálogo convocado por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Este será designado por acuerdo entre la Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas (Concasol) y la Escuela Social Juan XXIII.
- Municipalidades: Los dos puestos serán designados, cada uno, por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI).
- Productores agrícolas: Los dos asientos serán designados por la Alianza Nacional Agropecuaria
- Mujeres: Dos asientos serán designados por el Foro de Mujeres del INAMU
- Iglesias: Una silla para la Conferencia Episcopal y otra para la Alianza Evangélica
- Comunales: Designado por Asamblea de Trabajadores del Banco Popular
- Estudiantes Universitarios: Un asiento para la Federaciones estudiantiles de las universidades públicas afiliadas al Conare
- Agencias de Desarrollo: Un puesto para la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Económico Local
Sobre las deliberaciones, todos tendrán derecho a participar, pero en una sesión cada intervención será por un máximo de 10 minutos y luego la misma persona podrá tener sucesivos turnos de 5 minutos.
Habrá un moderador que tendrá la potestad dar la palabra y de reconducir el debate.
Todos los participantes deberán de realizarse una prueba de la covid-19 con al menos 72 horas antes cuyo resultado deberá ser negativo.
El Estado de la Nación se reserva el derecho de dar por concluido el proceso de diálogo si considera que los integrantes de la mesa no están negociando de buena fe o que la discusión está en un punto muerto.
Cada una de las vocerías podrá adelantar, con previa aprobación del Estado de la Nación, los resultados que vayan ocurriendo en el diálogo. Pero deberá mantener la discreción sobre el contenido de las deliberaciones.