El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) anunció este lunes que pretende adjudicar ocho líneas de mantenimiento vial, a más tardar, el 28 de noviembre. Cumplir con esa meta, le pondría fin a la ausencia de trabajos de conservación como bacheo, chapeo, limpieza de drenajes, reconstrucción de cunetas y recolección de desechos en las rutas nacionales.
Esas ocho líneas pertenecen a 16 de las 22 zonas de conservación en las que se divide el país, las cuales representan 5.600 kilómetros de carretera, aproximadamente.
Mauricio Batalla, director ejecutivo del Conavi, ente adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), informó de que la meta es abrir los concursos el próximo 24 de octubre, los contratistas tendrán cinco días para presentar sus ofertas y, el plan de la administración es adjudicar a los que ofrezcan los precios menores.
En total, las ocho líneas por adjudicar tendrán una inversión de $70 millones por los próximos dos años.
Batalla aseguró que las fechas mencionadas contemplan contratiempos como apelaciones u otros. Añadió que la meta final es que las empresas contratadas inicien labores entre el 15 de diciembre y 1.º de enero.
El anuncio se realizó en las instalaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) en un intento, según Batalla, de darle credibilidad y transparencia a los procesos de licitación.
Entre los presentes estaban también representantes de posibles oferentes. Uno de ellos, Luis Víquez, gerente de Construcción de Pedregal, incluso cuestionó que Conavi pretenda adjudicar las ocho líneas al que ofrezca el menor precio. Para él, sería “una irresponsabilidad” porque se presta “para especular”.
Modelo de contratación
Las licitaciones anunciadas se desarrollarán bajo la modalidad de contrataciones directas concursadas, que permiten agilizar los procesos de adjudicación. No obstante, ese mecanismo no está libre de impugnaciones o reclamos que deban resolverse en la Contraloría General de la República.
El cartel de licitación para cada línea se publicará en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), pero algunos detalles aún están en el aire.
Por ejemplo, el director ejecutivo de Conavi aseguró que pretenden incluir un centro de resolución de conflictos para que atienda y resuelva diferencias entre el Estado y los contratistas, como reajustes de precios u otros. Sin embargo, la Ley de Contratación Administrativa ya establece herramientas para ese fin.
Al preguntarle quién cumpliría esa función, cómo se implementaría, cómo se financiaría, si sería un organismo interno de Conavi o uno externo, no pudo responder de manera concreta.
“En este momento no le puedo responder a detalle porque no hemos estructurado todavía el plan de resolución de conflictos, podríamos solicitar la ayuda al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos o al Grupo Consenso (...) No lo tenemos aún estructurado, si no lo tenemos aún estructurado para el 24 de octubre, no lo vamos a sacar en estos concursos”, declaró Batalla.
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Otro aspecto que no está claro es si solicitarán memorias de cálculo a las empresas interesadas; esos documentos detallan la estructura de costos operativos de cada oferente. En la presentación ante empresarios, el Conavi dijo que no las pedirá, pero durante una ronda de preguntas con la prensa, abrieron la posibilidad de pedirlas en caso de dudas.
“Las memorias de cálculo han sido barreras para que muchos contratistas puedan entrar a trabajar con el Estado y se han prestado para muchos malos manejos, no quiere decir que no las vayamos a pedir, las vamos a pedir a aquel que sea adjudicado, puede ser que las pidamos posteriormente (al acto de adjudicación) y no antes, porque de lo contrario muchas empresas van a quedar fuera, porque les faltó cualquier cosa y eso nos lleva a adjudicar a mayor precio”, comentó Batalla.
Según el funcionario, al llegar a la Dirección Ejecutiva de Conavi no encontró ningún contrato vigente para chapear, hacer limpieza de drenajes o recolección de desechos. Mientras que, para bacheo, halló solo un acuerdo activo.
La mayor parte de estos convenios vencieron en febrero de 2021, desde entonces las carreteras nacionales no reciben trabajos de conservación. La situación se complicó, luego de que las empresas MECO y H Solís, fueron vinculadas con el escándalo de supuesta corrupción en obras viales del llamado Caso Cochinilla, pues ambas eran las que ganaban la mayor parte de esos contratos.
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En condición frágil
De acuerdo con el último informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), al menos un 26% (unos 1.382 km) de las rutas nacionales se encontraban en condición frágil a finales del año pasado, lo que las llevaría a sufrir importantes deterioros si no se atendían con prontitud y antes de que llegaran las lluvias. Además calculaba que unos 713 km de vías ya demandan una reconstrucción total.
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En el documento, además, el Laboratorio proyectaba que se requerían al menos ¢235.000 millones para devolver a la red vial la condición de dos años atrás.
Como efectivamente las carreteras no recibieron mantenimiento, todas aquellas estimaciones podrían resultar “conservadoras”, expresó Roy Barrantes, ingeniero coordinador de la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional del Lanamme.
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La situación de la red vial cantonal no es mejor, pues según el último Índice de Competitividad, el 70% está en condición mala, alarmante o regular.