Las negociaciones entre el Gobierno y la concesionaria Ruta 27 (antes Globalvia) para establecer los términos del proyecto de ampliación de la carretera que comunica San José con puerto Caldera, no han sido nada sencillas.
A la fecha, las partes no han logrado ponerse de acuerdo sobre el costo de las obras necesarias para duplicar la vía de 76,8 km, situación que pone cuesta arriba al Estado en su intención de tener listo el plan de trabajo en el primer trimestre del año e iniciar trámites ante la Contraloría General de la República.
Según José Manuel Sáenz, secretario del Consejo Nacional Concesiones (CNC), hay consensos en conceptos de diseño y en cantidades ( como anchos de cuneta, asfalto, vigas y otros), lo mismo que en algunos costos de la ampliación, pero no en todos.
“Hay como 10 ítems en los que no hemos podido ponernos de acuerdo, es parte de lo normal, tenemos diferencias. En algunas obras la diferencia es sustancial, en otras no tanto, pero tenemos que subsanarlas”, afirmó el funcionario.
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Incluso, con el fin de certificar los montos que se asignan a cada una de las obras solicitaron apoyo a especialistas del Departamento de Costo de Obras Viales del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
“Tenemos que acreditar que son montos razonables. Ellos (Ruta 27) tienen algunos argumentos válidos y otros no tanto, en cuanto a las dificultades propias del proyecto, pero eso es lo que nos está ralentizando un poco en las decisiones”, añadió el jerarca de Concesiones.
La pretensión del Gobierno es que al concluir su gestión, en mayo, quede “cerrada” la negociación con la empresa. Una vez acordados los términos del nuevo contrato, se deberá solicitar autorización a la Contraloría para redactar la adenda. A partir de ahí y en caso de aprobarse, comenzarían a correr los plazos de diseño y construcción planteados por la concesionaria.
Saénz insistió en que llegar a esa etapa no es fácil, pues antes de acudir al órgano contralor, deben completar una serie de requisitos y “cerrar capítulos” pendientes, como por ejemplo el tema de las multas que el Estado ha aplicado al concesionario, algunas de las cuales se judicializaron.
El costo estimado por Ruta 27 para ampliar la carretera es de $646 millones y se necesitaría de un aporte estatal de al menos $150 millones para evitar un aumento excesivo en los peajes.
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Costo para usuarios
Saénz aseguró que el costo de las tarifas que pagarán los usuarios se conocerá una vez que se analicen los modelos financieros. Este dependerá no solo del aporte estatal sino también de los plazos y de otros factores que entrarían en juego en los distintos escenarios que se pondrán a “correr” a fin de hallar la combinación más conveniente.
En su criterio, la fijación del aporte estatal podría realizarse durante el período de tres o cuatro meses que tomará la aprobación de la adenda por parte de la Contraloría.
La propuesta planteada por Ruta 27 es realizar la ampliación por etapas y, conforme se vayan poniendo en servicio los nuevos trayectos duplicados, se irían incrementando las tarifas de peaje.
La empresa dividió el proyecto en cuatro secciones: La primera va del Gimnasio Nacional a la intersección de Siquiares; la segunda etapa en intervenir va de Siquiares a Balsa de Atenas; posteriormente se intervendría el trayecto entre Atenas y Orotina, en donde se requieren las obras más complejas para atender la inestabilidad de taludes y para el final, se dejaría el tramo entre Orotina y Caldera.
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El contrato de concesión vigente vence en el 2033; la adenda para lograr la ampliación de la carretera permitiría a la empresa española explotar durante al menos 15 años más la carretera a partir de ese año.
Nueva iniciativa privada
El CNE informó además que la empresa Ruta 27 también presentó una iniciativa privada para ampliar 13 km de carretera entre puerto Caldera y el cruce de Barranca .
Por ahora la propuesta cumple con los requisitos reglamentarios, pero se está a la espera del visto bueno del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para así dar el banderazo a la empresa con el inicio de los estudios de factibilidad.
La iniciativa pretende ampliar a dos carriles por sentido ese tramo y construir un viaducto en el sector de El Roble de Puntarenas, pues es donde hay más tráfico cruzado.
“Lo que ellos presentan es una prefactibilidad, hay que afinarlo con los estudios, en este caso parece que no requiere aporte estatal, es decir, se puede financiar a través de tarifa. Estamos pendientes del visto bueno del MOPT, porque el Ministerio tiene una contratación para estudios de factibilidad para esa carretera, entonces estamos viendo la posibilidad de usar esos estudios para bajar el costo y reducir el plazo de lo que requiere la empresa para hacerlos”, añadió Saénz.
En esa zona, también avanza la ampliación de 2,4 km en el sector conocido como La Angostura, que está a cargo del consorcio H Solís-La Estrella, y forma parte del contrato para duplicar el tramo de la Interamericana Norte entre Barranca y Limonal. Todo ese proyecto tiene un costo de $182,5 millones.