El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) pidió al Ente Costarricense de Acreditación (ECA) abrir una investigación contra cinco empresas supervisoras involucradas en el escándalo de presunta corrupción, conocido como Caso Cochinilla.
La solicitud ante esa organización, encargada de emitir la acreditación a las compañías que fiscalizan la calidad de las obras públicas, la realizó el representante del Ministerio ante la entidad, Pedro Meckbel, con el respaldo del jerarca del sector, Rodolfo Méndez Mata.
A criterio del ministro, dicho Ente podría eliminar las licencias a empresas encontradas culpables de maquillar la calidad de la infraestructura pública, para que así no puedan participar en futuras licitaciones.
“Es muy importante la iniciativa del representante del MOPT ante el ECA a efectos de que se ordenara una investigación a las empresas supervisoras cuestionadas, por lo que resulta indispensable respaldar esa gestión.
“A fin de que, en caso de que se confirmen hechos divulgados por la prensa referentes a la calidad de las obras y al rol de esas empresas, que las mismas pierdan la acreditación para participar en la cadena de desarrollo de las obras públicas en Costa Rica”, afirmó Méndez.
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La investigación administrativa se sigue contra las empresas Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería (Cacisa); Diseño, Inspección y Consultoría en Carreteras y Obras Civiles (Diccoc); Ingeniería de Pavimentos (LGC), así como a MSD Consultores y Constructores S.A.).
También se abrió un procedimiento contra Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), sobre la cual, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sospecha que fue creada por constructora MECO para “maquillar” supuestas deficiencias en sus obras.
Incluso, en el expediente judicial del Caso Cochinilla, el OIJ considera que la supervisora ITP “prácticamente es otro departamento dentro de la estructura de MECO”.
Así concluye luego de analizar conversaciones telefónicas obtenidas como parte de la investigación sobre presuntos actos de corrupción en contratos públicos de proyectos viales.
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Ese laboratorio supervisó la construcción del nuevo paso a desnivel de las Garantías Sociales, en Zapote, que estuvo a cargo de MECO, el cual presenta graves deficiencias según un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).
El expediente judicial 19-000025-1218-PE también involucra a Cacisa, otra empresa supervisora, por su presunta participación junto con MECO e ITP en el maquillaje de los informes sobre calidad asfáltica de esa obra de infraestructura.
A nivel nacional, Cacisa es la que ha tenido mayor presencia, tanto en la supervisión de grandes proyectos como en los contratos de conservación y mantenimiento de carreteras.