Los $35 millones necesarios para los estudios técnicos de la vía San José-San Ramón podrían ser aportados por el Instituto Nacional de Seguros (INS) solo si el Banco de Costa Rica, encargado del proyecto, acepta apurar el proyecto.
Esa es la condición que pone Elián Villegas, presidente ejecutivo del INS, para financiar los análisis técnicos, económicos y financieros, la gestión de los permisos ambientales, la ejecución de expropiaciones y la reubicación de los asentamientos.
Desde 2015, el INS ofreció una línea de crédito para esa vía pero la retiró el año pasado porque no estaba de acuerdo con el plazo de 37 meses ( más de tres años) pedido por el BCR para completar los trámites de preinversión.
A esa situación se suma la negativa del Banco Nacional, BAC San José, Davivienda, Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a dar el crédito.
Villegas indicó que en una reunión realizada el 17 de mayo en la oficina de Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, reabrió la posibilidad de prestar el dinero si se reduce el tiempo de esa primera etapa para la ampliación de 60 km de la principal ruta del país.
“Don Rodolfo tiene la misma preocupación de los plazos, nosotros tenemos el mayor interés de participar en el financiamiento, pero debe acelerarse el proceso porque es una obra muy importante para el país y su éxito debe estar asegurado”, expresó el jerarca del Instituto.
¿Cuánto debe reducirse la etapa de preinversión para que el INS suministre el dinero? Villegas respondió que no puede contestar eso porque ese asunto depende del Banco de Costa Rica y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Sin embargo, Hadda Múñoz, ingeniera del BCR a cargo de la obra, no explica si es posible o no reducir el plazo.
La funcionaria respondió a La Nación que no puede referirse al tema por instrucciones dadas por el ministro Méndez Mata.
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El jerarca dijo que solicitó al BCR analizar una propuesta que pretende disminuir el tiempo de ejecución de los estudios y abre opciones a otras fuentes de financiamiento, pero tampoco dio detalles porque los anunciaría en los próximos días.
"Estamos buscando un plan para acortar los plazos de ejecución si es factible, no podemos adelantar nada porque no queremos especular (...) No voy a proponer algo que no sea técnicamente viable, estamos estudiando el proyecto legal, financiera y técnicamente", aseveró Méndez Mata.
"Técnicamente es posible acortar el plazo, esperemos una semana y media más", añadió el ministro.
Méndez, además, aclaró que no hay planes de quitarle al BCR la obra o el manejo del fideicomiso.
Por su parte, Adrián Mora, director de la Unidad Ejecutora del Conavi, desconoce incluso el plan de revisión de los plazos.
Según dijo, Méndez Mata no lo ha invitado a reuniones en las que se haya discutido este tema con los alcaldes de los cantones de Occidente (San Ramón, Grecia, Naranjo y Palmares) y los diputados de Alajuela. Tampoco le han pedido revisar los tiempos de la fase de preinversión.
La construcción de la carretera a San Ramón está estimada en $550 millones.El proyecto se ha postergado desde el 2005, cuando se firmó el contrato que daba en concesión, que luego cambió de manos hasta finalmente quedar anulado en el 2013.
Largo cronograma
El cronograma de trabajo elaborado por el BCR contempla 1.689 tareas como elaborar el cartel de licitación para contratar diseños, construcción, servicios, supervisiones, confeccionar manuales de operación, reglamentos y trámite de expropiaciones.
Por ejemplo, en el cronograma indica que la identificación de expropiaciones, los estudios catastrales de las propiedades a adquirir y el plan de compras se harán en noviembre del 2019.
Toda la gestión de expropiaciones está planificada para que se desarrolle en 359 días.
La contratación del diseño y construcción empezaría en febrero de 2021 y tardaría 185 días que contemplan la elaboración del cartel de licitación, recepción y evaluación de ofertas, envío de informes y adjudicaciones.
La orden de inicio para la construcción está prevista para el 6 de octubre del 2021.
Este diario solicitó una entrevista con funcionarios del BCR para conocer la metodología y los criterios con los que se hizo el cronograma de trabajo, pero negaron esa posibilidad.
La ley que creó el fideicomiso para la construcción fue publicada desde abril de 2015 y el contratado con el BCR para ejercer como fiduciario fue firmado en abril de 2016. Sin embargo, aún se desconoce el costo exacto de la obra, el plazo de la construcción, el valor de los futuros peajes y otros aspectos vitales para la iniciativa.
¿Cuánto cuestan la unidades ejecutoras?
A pesar de que la ampliación de los 60 kilómetros no cuenta con los fondos ($35 millones) para las gestiones de preinversión, el proyecto tiene dos unidades ejecutoras que trabajan a tiempo completo con un total de 26 funcionarios.
Según información suministrada por Adrián Mora, ingeniero del Conavi, en esa entidad hay un equipo de 15 personas dedicadas a este plan vial.
Se pidió a la oficina de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes la lista de puestos que integran esa unidad, los puestos y el monto que se cancela en salarios cada mes, pero al cierre de esta información no habían entregado esos datos.
Tampoco ha sido posible precisar cuáles son las funciones de esas 15 personas.
En el caso del Banco de Costa Rica, la unidad ejecutora que trabaja la nueva carretera tiene 11 profesionales.
De acuerdo con la entidad bancaria, por semana pagan ¢5 millones en salarios a esos 11 empleados.
Los salarios oscilan entre ¢94.000 por semana para una auxiliar administrativa y ¢1,4 millones por semana para la directora del proyecto.
Esas remuneraciones son pagadas del presupuesto del BCR, pues, el fideicomiso aún no ha podido captar recursos.
El grupo de trabajo del BCR ha completado el reglamento del comité de fiscalización, el reglamento de adquisición de obras y servicios, el cronograma de actividades de la etapa preoperativa, el informe de diseño y estructuración financiera de la etapa preoperativa, el contrato de cesión del derecho de cobro y recaudación de peajes, la matriz de riesgos del proyecto, el contrato de cesión del derecho de uso del derecho de la vía y el presupuesto para actividades de la etapa preoperativa.