El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció la noche de este lunes que solicitará a la empresa concesionaria del puerto Caldera, en Puntarenas, que intervenga con medidas paliativas esta terminal de comercio marítimo, a cambio de una extensión de cinco años en su contrato de servicios.
“Antes de que el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), Widman Cruz, invite a la empresa que tiene la concesión para sentarse a negociar, se reunirá primero con los señores representantes de las cámaras para definir la hoja de términos, que es lo que va a demandar Costa Rica. Con suerte hasta una baja en las tarifas, no sé... Esas son las inversiones que tienen que hacer ellos a cambio de darles cinco años más de la concesión del puerto”, comentó el mandatario en conferencia de prensa.
El contrato de concesión vigente vence en agosto del año 2026, y bajo la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo, sería ampliado hasta agosto de 2031.
Chaves reconoció la “crisis profunda” en un puerto que está “colapsado, saturado”. El mandatario añadió que, de forma paralela a las “obras paliativas”, ordenó al Incop y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) iniciar “un proceso de preparación de un cartel de licitación para una concesión nueva”.
El presidente sostuvo que esta nueva concesión “asegurará que al final de esta administración esté un proceso que lleve a la solución permanente y no heredarle a la administración que sigue otra crisis”.
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Chaves dio a conocer su decisión tras reunirse con el jerarca del MOPT, Luis Amador; la viceministra de Comercio Exterior, Paula Bogantes; el presidente ejecutivo del Incop, Widman Cruz; el presidente de la Cámara de Comercio, Julio Castilla; el presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff, y la presidenta del Consejo de Promoción de la Competitividad, Mónica Segnini.
Además, se sumaron al diálogo el director ejecutivo de la Cámara Costarricense de Navieros, Alfredo Salas; el director de la Cámara de Comercio Exterior (Crecex), Rodney Salazar; el presidente de Crecex, José Antonio Salas, así como el presidente y vicepresidente de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga, Otto Ortiz y Francisco Quirós, respectivamente.
Administración Alvarado intentó sin éxito ampliar contrato
El expresidente ejecutivo de Incop, Juan Ramón Rivera, dijo a La Nación,en octubre del 2021, que la administración Alvarado Quesada (2018-2022) sabía “desde el principio que el puerto está obsoleto”.
El gobierno anterior propuso “un plan maestro que sugería que se debería tratar, como primera opción, renegociar con el concesionario, pero se hizo un escándalo mediático y político y la Contraloría, sin siquiera oírnos, nos dijo que no podíamos”.
El presidente Rodrigo Chaves no se refirió en la conferencia de prensa al impedimento denunciado por Rivera, aunque aseguró que la extensión de cinco años se desarrollará “de acuerdo al contrato y a la normativa vigente”. Detalló que “como manda la legislación y como es correcto”, la Contraloría tendrá que refrendar el contrato.
Lo planteado por Rivera fue secundado, también en octubre del 2021, por Óscar Hasbún, presidente del Directorio de Sociedad Matriz SAAM, empresa que maneja la sociedad que administra el puerto.
“Hemos presentado formalmente al gobierno actual, desde el 2018, una propuesta que implica invertir, en una primera etapa, $150 millones para ampliar el puerto y construir un proyecto adicional, contra la extensión del contrato de concesión. En 24 meses podemos entregar un puerto renovado”, afirmó Hasbún en ese momento.
La propuesta que mencionó Hasbún fue conocida por la administración Alvarado, e incluso era una de las opciones que recomendaba el plan maestro por el que el gobierno pagó $560.000.
Sin embargo, la opción de ampliar el contrato con la actual concesionaria y fusionar los convenios que maneja esa empresa fue rechazada por la Contraloría, por lo que se obligó al Incop a iniciar un proceso de licitación nuevo.
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Desde inicios del 2019, el Incop reveló que Caldera estaba tan colapsado como 13 años atrás, cuando se concesionó, precisamente, para hacerlo más eficiente.
De acuerdo con la Cámara de Comercio Exterior, cada año que pasa con el puerto trabajando por encima de su capacidad, el país pierde $100 millones, debido a los sobrecostos que pagan exportadores al no contar con una línea directa para colocar sus productos a Asia y los cada vez más elevados aranceles para importar bienes desde ese mercado. Esos pagos se traducen en incrementos a los artículos que se consumen aquí y también afectan la competitividad del país.