La Contraloría General de la República tiene plazo hasta el 5 de mayo para resolver la solicitud de prórroga planteada a inicios de mes por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, para extender por dos años más el contrato con la empresa Riteve SyC, encargada de la revisión técnica vehicular en el país.
La fecha fue confirmada por el órgano contralor este miércoles, en un comunicado. El trámite está a cargo de la División de Contratación Administrativa.
Méndez Mata confirmó que la petición se planteó por dos años, considerando que está pendiente la resolución de una acción de inconstitucionalidad planteada por un grupo de ambientalistas contra artículos de la ley de Tránsito, lo cual les impidió llevar adelante el proceso para la nueva licitación.
El contrato vigente vence el próximo 15 de julio y no contempla la posibilidad de prórroga, pues la única autorizada ya había sido aprobada hace 10 años. Por esta razón, la Contraloría venía advirtiendo desde mediados del año pasado sobre la falta de acciones claras y de un cronograma para asegurar la continuidad del servicio una vez que venciera ese plazo.
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El incumplimiento de las disposiciones de la Contraloría, establecidas en al menos dos informes de la División de Contratación, llevó a ese ente a elevar el tono y advertir a las autoridades competentes que dichas omisiones serían elevadas a instancias jurídicas para evaluar posibles sanciones.
Además, la CGR había rechazado las intenciones de ampliar el actual contrato, pues mientras el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) anunciaba que esta medida había sido aprobada como una de las posibles soluciones al riesgo indicado, la CGR advertía que no habían presentado dicha solicitud de manera formal.
Asimismo, también les señaló que los documentos presentados como respuesta a los informes no cumplían con lo dispuesto para garantizar el cierre contractual, transición hacia los nuevos prestatarios y las acciones que se seguirían una vez que los planteles y equipos pasen a manos del Estado.
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El alegato del impedimento que significaba la acción de inconstitucionalidad que fue acogida para estudio también fue rechazado por la Contraloría, pues dicha acción no suspendió la aplicación de los artículos de la ley que regulan la revisión vehicular, por lo que esto no debía ser un obstáculo para avanzar en la licitación y cierre de contrato actual.
Ahora, la solicitud de prórroga responde a una medida de emergencia, pues de no aprobarse, el país quedaría sin la posibilidad de brindar dicho servicio que a la vez es un requisito para circular en las vías nacionales.
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En cualquiera de los escenarios, la tarea de iniciar una nueva contratación, definir el modelo que operará, así como las metodologías tarifarias quedará en manos del próximo gobierno.
Nota del editor: La información sobre la fecha de vencimiento del plazo de la CRG fue modificada debido a un comunicado que envió la institución este miércoles 27 de abril.