Luis Guillermo Loría Salazar, excoordinador del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), le habría vendido servicios a una empresa proveedora del Estado, del sector de obras públicas, pese a que su contrato con la Universidad de Costa Rica (UCR) le prohibía hacerlo.

El ingeniero, especializado en investigación de pavimento, aparentemente le facturó servicios profesionales a Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), laboratorio contratado por el Estado para certificar la calidad del asfalto y otros materiales que colocan constructoras en carreteras.

ITP es uno de los tantos laboratorios que Loría fiscalizaba como parte de sus funciones de coordinación en el Programa de Infraestructura de Transporte (PITRA), del Lanamme.

Los trabajos con ITP los habría realizado en al menos tres ocasiones, durante el 2018, a pesar de que firmó una declaración jurada en la que se comprometió a no tener compromisos laborales o profesionales con ninguna otra persona o entidad, mucho menos, con empresas supervisadas por el Lanamme, como ITP.

A esa conclusión llegó la Oficina de Contraloría Universitaria (OCU), de la UCR, en diciembre del 2019, luego de elaborar una relación de hechos sobre el accionar de Loría Salazar, de 46 años.

Así consta en el oficio OCU-R-185-H-2019 –el cual se conoce hasta ahora y del cual La Nación tiene copia–, que fue remitido al director del Lanamme, Alejandro Navas Carro, el 12 de diciembre del 2019.

A Navas le pidieron que tome “las acciones correctivas y disciplinarias” correspondientes, a la brevedad posible, para evitar una prescripción.

El director del Lanamme elevó el caso a la Rectoría universitaria, la cual solicitó que el funcionario sea despedido sin responsabilidad patronal. No obstante, esa petición está en trámite, en la Comisión Instructora Institucional, desde enero del 2020.

El laboratorio de calidad ITP, según el expediente judicial del Caso Cochinilla, estaría ligado a la constructora MECO.

Loría Salazar habría realizado para ITP manuales de mantenimiento, revisión de diseños y explicaciones sobre parámetros a seguir en proyectos de obra pública adjudicados a firmas privadas, según las facturas adjuntas en la nota remitida a Navas Carro.

Tales hechos motivaron que la Universidad denunciara también penalmente al ingeniero, quien tiene abierta una causa por presunto enriquecimiento ilícito en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).

Como parte de ese proceso judicial, que se tramita bajo el expediente 19-000104-1218-PE, Loría permanece suspendido de su puesto en el Lanamme, aunque aún imparte clases en la Facultad de Ingenería de la UCR.

Incluso, el Ministerio Público allanó su oficina y su casa el jueves 27 de junio del 2019.

La diligencia se realizó luego de que la Contraloría Universitaria acreditara “la existencia de elementos suficientes para considerar –al menos con grado de probabilidad razonable–, la concurrencia de un delito”.

Ese proceso sigue su curso en la vía judicial, en la etapa de investigación. A Luis Guillermo Loría ya se le tomó la declaración indagatoria, confirmó la oficina de prensa de la Fiscalía.

La Nación contactó a Loría para solicitarle una declaración sobre las conclusiones de la Contraloría Universitaria. Sin embargo, en un mensaje de texto, indicó que no se referirá al tema.

Después de ser suspendido, él fue contratado por ITP –aunque supuestamente pagado por MECO–, para “traerse abajo” un informe del mismo Lanamme que detectó fallas en la mezcla asfáltica colocada en el nuevo viaducto de la rotonda de las Garantías Sociales, en Zapote, dice el expediente del Caso Cochinilla. Por esa obra se pagaron $17 millones a MECO.

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Tres servicios profesionales en 2018

La Oficina de Contraloría Universitaria detalló que Loría Salazar habría incurrido en acciones “que vulneran la confianza que la Universidad ha depositado en él, comprometen la imagen, el prestigio y la integridad” de la institución.

Al mismo tiempo, le atribuye un aparente incumplimiento de su deber de probidad como funcionario público, por“realizar actividades profesionales de índole privada en empresas contratistas del sector vial, que comprometen la objetividad e imparcialidad de la función pública”.

Como parte de las pruebas, la OCU recabó tres facturas electrónicas que habría emitido Loría Salazar en el 2018, todas para ITP, una empresa verificadora de calidad que trabaja para MECO en múltiples proyectos viales. Su presidente, Óscar Martínez Martínez, figura entre los 72 investigados en el Caso Cochinilla.

Los tres comprobantes de pago tienen numeración consecutiva, con fecha del 11 de junio del 2018. En todos se indica que el pago de los servicios se hizo en efectivo.

El primer documento electrónico, por $5.000 (¢2,86 millones), especifica en el detalle: “Realización del manual de mantenimiento para el proyecto de paso a desnivel en la Guacamaya”, en la carretera de Circunvalación.

La segunda factura se emitió por $1.500 (¢856.000), como cobro por un “documento explicativo acerca de las especificaciones de IRI y sus limitaciones de aplicación en Costa Rica”.

Las especificaciones del Índice de Regularidad Internacional (IRI) es uno de los aspectos que el Lanamme le fiscaliza a ITP.

Mientras que la tercera factura, por $1.500 (¢856.000), corresponde a una “revisión y adiciones a los diseños estructurales de pavimentos rígidos en proyectos a) Canal 7, b) Alrededores Puente Juan Pablo II, y c) Hispanidad”.

La Contraloría Universitaria determinó que ITP era una de las empresas fiscalizadas por el departamento que el ingeniero dirigía, por lo cual consideró que él estaba inhabilitado para venderle sus servicios.

El órgano contralor indicó que los trabajos de Loría para ITP fueron particularmente problemáticos, porque los resultados de los controles de calidad que esa empresa realizaba a MECO, podían ser utilizados por la constructora para respaldar sus cobros al Estado por la ejecución de obra pública.

‘Declaro bajo juramento en el ejercicio de mis funciones...’

La Contraloría Universitaria le reprocha a Loría el haber prestado esos servicios, pese a que él renovaba cada año una declaración jurada en la que se comprometía a no trabajar para nadie más que para la UCR.

“Declaro bajo juramento que en el ejercicio de mis funciones con la Universidad de Costa Rica, específicamente en el Lanamme UCR, no mantengo, ni mantendré durante la vigencia de la relación que con ella me une, compromisos laborales ni profesionales, remunerados o no con ninguna entidad, sea pública o privada, persona física o jurídica, incluyendo contratistas o subcontratistas, que sean objeto de fiscalización por parte del Lanamme UCR”, dice el documento que firmó Loría.

Una copia de tal declaración consta en el documento de casi 1.200 páginas que la OCU remitió al director del laboratorio.

Dicho órgano constató con la administración del Lanamme, que Loría no tramitó ningún permiso que lo exceptuara de respetar su obligación.

Para la Contraloría Universitaria, el funcionario faltó a la ética en la gestión pública, “porque obvió resguardar el principio de neutralidad e imparcialidad constitucional” de su puesto.

Proceso disciplinario en curso

Actualmente, Loría está suspendido de su puesto de coordinación en el Lanamme, sin goce de salario, desde el 28 de junio del 2019.

Sin embargo, la Vicerrectoría de Administración de la Universidad confirmó que él tiene un nombramiento de docente por medio tiempo en la Escuela de Ingeniería Civil. Su rango es de catedrático, el más alto al que se puede llegar como profesor de la institución.

De acuerdo con datos del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en julio del año pasado, devengaba un salario de ¢1,5 millones.

La Rectoría universitaria indicó que, de forma paralela a la investigación judicial, el ingeniero se enfrenta a un proceso disciplinario interno, en la Comisión Instructora Institucional.

En un correo electrónico, la OCU precisó que la Rectoría solicitó el despido sin responsabilidad laboral de Loría Salazar.

Dicha petición la hizo el 20 de enero del 2020, mediante el oficio R-275-2020. El caso se mantiene en trámite.

En su perfil en LinkedIn, Loría indica que el Programa de Infraestructura de Transporte (PITRA), el cual estaba a su cargo, tiene unos 90 funcionarios (la mayoría ingenieros civiles, pero también químicos, ingenieros químicos y dos abogados) y, además, 40 investigadores. El PITRA, agrega, manejua un presupuesto anual de $7 millones.