El país cuenta con cerca de 180.000 empleadas domésticas, pero apenas el 15% tiene un seguro que les garantiza tener una pensión.
Tras la entrada en vigor del Convenio 189, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), agrupaciones de empleadas domésticas exigirán al Estado una modalidad de aseguramiento que permita a los empleadores garantizarles el derecho al seguro de salud y a una protección cuando se jubilen.
Según Rosita Acosta, presidenta de la junta directiva de la Asociación de Empleadas Domésticas (Astradomes), el Convenio rige desde el 14 de enero.
El abogado de Astradomes, Álvaro Moya, informó de que el compromiso introduce el principio de trabajo decente dentro de la labores domésticas. Esto tiene que ver con que los patronos respeten la dignidad de su empleada. También establece el derecho a la seguridad social.
“Estamos haciendo un esfuerzo para dotar de un seguro social a las trabajadoras por hora. Trabajamos con el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y con la Caja Costarricense de Seguro Social, en aras de lograr un seguro social inclusivo para aquellas a las que se les niega el derecho a la pensión al final de su vida laboral”, dijo Moya.
La Caja y los ministerios de Hacienda y Trabajo buscan una modalidad de aseguramiento que permita a los patronos de menos recursos asegurar a su empleada. Este proceso aún no ha concluido
En la actualidad, el sistema que tiene la Caja para hacer el cálculo de las cargas sociales parte de una base salarial mínima de ¢180.139 para los empleados en general.
Bajos esas condiciones, a un patrono le resulta muy caro asegurar a un trabajador que labora medio tiempo o por horas. De ahí que sea tan bajo el porcentaje que goza del derecho.
Además del servicio doméstico, las actividades de construcción, comercio y agricultura concentran el 60% de trabajadores sin seguridad social.