Dos profesores de la Universidad de Costa Rica (UCR) lograron obtener “la mayor distinción” para un educador en ese centro de estudios: llegaron a alcanzar la categoría de catedrático que solo se otorga a quienes hayan demostrado excelencia académica, investigaciones, publicaciones, experiencia y otros.
Sin embargo, aunque ambos lograron la misma categoría con base en sus méritos, uno tiene un salario de ¢2,1 millones y el otro gana ¢9,9 millones, o sea, ¢7,8 millones más (370% adicional). La razón: el primero acumula nueve años de experiencia (anualidades) mientras que el segundo tiene 56 anualidades. Solo por antigüedad y otros “componentes inerciales”, a este último se le pagan ¢6,5 millones.
En puestos administrativos ocurre lo mismo. Por ejemplo, mientras un trabajador operativo C gana ¢412.555, otro de la misma categoría devenga ¢2,06 millones (400% más). También ocurre que un profesional C gana ¢928.000 y otro de idéntico nivel recibe ¢4,3 millones (365% más). Además, resulta que un técnico asistencial B devenga ¢462.153 y otro compañero del mismo rango percibe ¢2,2 millones (380% más).
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Lo anterior es provocado por el sistema de pluses que tiene la UCR, el cual “tiene una serie de consecuencias negativas sobre la estructura y la evolución de las remuneraciones universitarias, sobre los costos salariales de la institución y sobre la gestión del recurso humano”, determinó el Diagnóstico del Régimen Salarial de la UCR, dado a conocer el 22 de noviembre anterior.
La Comisión Técnica que realizó el diagnóstico, coordinada por Pedro Méndez, de la Escuela de Matemáticas de la UCR, concluyó que “algunos de los complementos salariales utilizados para compensar el bajo nivel de los salarios de entrada provocan un acelerado ritmo de crecimiento de dichos salarios, lo cual ha generado diferencias de cerca de 400% entre dos personas trabajadoras de la misma categoría. Esto da lugar a una desigualdad desproporcionada y contraproducente entre las personas (tanto académicas como administrativas), crea incentivos para que se postergue el retiro y genera un crecimiento inercial de los costos salariales que no es sostenible a largo plazo”.
El diagnóstico se hizo a pedido del rector Gustavo Gutiérrez para tener insumos para desarrollar un nuevo régimen salarial “desde una perspectiva de equidad, calidad e inclusión, que corrijan la desigualdad salarial actual y la inestabilidad laboral”.
Según el análisis, la anualidad –que consiste en un pago extra nada más por cumplir un año más de trabajo– es el componente con mayor peso en el presupuesto para remuneraciones. Fue la única partida que aumentó de forma constante su peso relativo desde el 2008 hasta el 2019, pasando de 27,95 %, en el 2007, a 36,08 % en el 2019 en el que se destinaron ¢64.000 millones para ese incentivo.
Desigualdad para todos
Las desigualdades salariales en la UCR no solo se dan entre la categoría de catedrático, si no también en otras. Por ejemplo, en la categoría de profesor instructor, donde hay 759 funcionarios, el sueldo más bajo es de ¢1,1 millones, pero, por antigüedad, hay un educador que con los mismos méritos devenga ¢2,9 millones (149% más) gracias, sobre todo, a la antigüedad.
Otro caso: “Los salarios del personal interino licenciado a tiempo completo varían entre ¢832.268 y ¢2,8 millones (240% más), con un salario promedio de ¢1,2 millones. La diferencia entre los dos salarios extremos se genera a raíz de una diferencia de ¢1,8 millones en los componentes inerciales (anualidad y otros) y el componente de dedicación exclusiva”, explica el diagnóstico.
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Los directores de las distintas escuelas de la universidad también registran diferencias salariales. Se pagan hasta ¢4,1 millones más a los funcionarios solo por los pluses.
Consecuencias
Para la comisión técnica que realizó el diagnóstico, el régimen académico de la UCR dificulta la atracción de jóvenes con condiciones para realizar una carrera académica destacada ya que el salario de ingreso (salario base) es muy bajo.
La comisión advierte que las anualidades, la dedicación exclusiva u otros pluses no necesariamente son los idóneos para el funcionamiento de la universidad. Agrega que el sistema de Régimen Académico premia “desproporcionadamente” la obtención de títulos académicos, las publicaciones y la obra profesional, y “da un peso casi nulo a las labores de docencia y de acción social”. Esto promueve, “por razones puramente pecuniarias”, la acumulación de títulos –atinentes o no– y la proliferación de publicaciones en revistas poco selectivas, sin que medie un análisis del impacto de estos mecanismos en el logro de los objetivos institucionales”, dice.
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Para la comisión, el fuerte peso que ha tenido la antigüedad (anualidad) en la evolución salarial “es inconsistente con los objetivos de una política saludable de recursos humanos y genera una dinámica gravemente inequitativa y potencialmente insostenible”. Afirman que, en el caso del plus de la dedicación exclusiva, que en otro momento buscaba facilitar la retención de personal especialmente calificado, se ha terminado usando “como un simple complemento salarial” que genera desigualdades entre el personal y muy poco beneficioso para la Universidad”.
Agregan que, en diversas unidades académicas y administrativas, se ha consolidado la práctica de renovar automáticamente los contratos interinos con funciones que podrían y deberían ser realizadas por personal en propiedad.
Pedro Méndez, coordinador del diagnóstico, explicó a La Nación, que, tras haber presentado este diagnóstico, a principios del próximo año se va a presentar a la administración una propuesta concreta de un nuevo régimen salarial.
“Vamos a generar dos o tres escenarios para poder dar opciones de un nuevo régimen salarial, manteniendo la sostenibilidad financiera; lo que buscaría eliminar inequidades y asegurar la sostenibilidad”, dijo el funcionario.
Solo por un año de antigüedad, 3,75% más
Hasta el 2019, la UCR pagaba a 9.500 funcionarios una anualidad de 3,75% sobre el salario bruto, es decir, la base más pluses. Sin embargo, en 2020, la Rectoría se vio obligada a reconocer a sus funcionarios una anualidad de 1,94% sobre el salario base dado que así lo ordena la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (número 9635), aprobada en diciembre del 2018. La reducción de 3,75% a 1,94% se aplica mientras se resuelve una acción de inconstitucionalidad interpuesta por los integrantes del Consejo Nacional de Rectores (Conare), en febrero del 2020, contra dicha ley.
Los rectores universitarios pidieron en la acción que se anulara un artículo y un inciso del reglamento del Título III de la Ley los cuales ponen límite al pago de incentivos como anualidades, carrera profesional y dedicación exclusiva en todas las instituciones públicas, incluidas las universidades. En el caso de la UCR, la gestión fue firmada por el entonces rector, Henning Jensen.
En 2020, la UCR destinó ¢204.526 millones a remuneraciones. Para el 2020, las universidades recibieron ¢512.782 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). De esos recursos, la UCR recibe el 59%.
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