La contralora general de la República, Marta Acosta, reveló a los diputados que para la compra de diarios que hizo la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en la atención de la pandemia, el año pasado, el precio cotizado por el Consejo Nacional de Producción (CNP) resultó 82% más caro que el ofrecido por el proveedor privado al que al final se le adjudicó la contratación.
Acosta compareció este jueves ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público en la que se investiga el manejo de fondos públicos por parte del Consejo, su gestión de compras a proveedores, fijación de precios y costos de paquete de alimentos.
La contralora explicó que el año anterior, la CNE debía hacer una compra de 10.000 diarios con 31 productos, para 5 personas cada uno. El diario no incluía el empaquetado porque de eso se encargaba la CNE.
Encargados del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del CNP le dijeron a la Comisión que ellos no tenían la capacidad de atenderlos, sin embargo, les suministraron la cotización en donde cada paquete de alimentos tenía un costo de ¢120.604, incluido el empaquetado por ¢569, aunque no era requerido.
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La CNE realizó entonces un concurso con dos proveedores privados que al final cotizaron cada diario, con los mismos 31 productos, en ¢93.972 y ¢66.200. Al final se escogió al último oferente.
“El precio cotizado por el CNP resultó un 82% más caro que el precio pagado al adjudicado. (Los ejemplos) Son comparables entre sí”, expresó Acosta.
Durante la audiencia, la contralora hizo referencia al informe de auditoría del 2019 en el que se identificaron diferencias de hasta un 59% con respecto al mercado, en una muestra de productos comercializados por el PAI.
Definición de precios
Acosta se refirió a la fórmula de fijación de precios por parte del Consejo. Indicó que, para definir el costo del producto que se le vende a las instituciones, el CNP suma el precio de compra a los proveedores más el margen de operación que cobra por su intermediación, el cual se compone de la suma de los gastos operativos del Consejo, más una tasa de inflación proyectada para el año en ejercicio. Ese total de gastos se divide entre el valor anual proyectado del total de compras a los proveedores y así se determina el margen de operación.
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Sobre este tema, la jerarca del CGR hizo las siguientes anotaciones: el CNP fija su margen de operación usando en la fórmula sus gastos operativos (transporte, distribución), sin embargo, según ella, esos gastos operativos son desconocidos por el mismo Consejo.
A pesar de que existe una fórmula, el margen de operación que cobra el Consejo en cárnicos, abarrotes, embutidos y lácteos es un porcentaje fijo del 12%, pese a las diferencias de costos en la cadena de comercialización para las diferentes líneas de productos.
“La metodología de precios de referencia del PAI permite que se le pague a los suplidores precios mayores a los que el mismo PAI define como máximos precios permitidos, lo que podría implicar que los precios que le cobran a las instituciones públicas sean mayores a los precios de mercado. Esta metodología de precios establece que, cuando los precios cotizados por suplidores con capacidades de financiarse muy bajos, el CNP paga al proveedor este precio bajo, pero no le traslada esas rebajas a las instituciones públicas sino que obtiene un mayor margen de operación“, expresó la contralora.
La funcionaria afirmó que el Consejo necesita cambiar esa metodología que tiene para definir los precios, hacerla más eficiente y más transparente, aparte de requerir más información para la toma de decisiones.
“Vean ustedes que a esta fecha, ya en octubre, no están los estados financieros del CNP, no hay datos de costos, de transporte de distribución, no se conoce cuál es el costo de la cadena de comercialización; entonces, eso impide que realmente se pueda hacer una mejor gestión. Hay un tema ahí de precios de referencia que es bastante complicado incluso de explicar y que, me parece a mí, que hay que hacerlo más transparente”, declaró.
Otras debilidades
Según Acosta, para efectuar el pago a los proveedores, el CNP tienen plazos diferenciados según la línea de productos, que van desde los 40 hasta los 60 días, pero, aunque el CNP ha indicado que se otorga un máximo de 60 días, la Contraloría detectó atrasos que van desde los 75 a los 90 días.
La funcionaria aseveró además que el patrimonio del CNP es de “únicamente” ¢2.940 millones, según los últimos datos del 2019, pues se redujo un 90% entre 2016 y 2019, debido, principalmente, a las cuentas por pagar a largo plazo de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal). De 2017 al 2019, precisó, el CNP muestra resultados negativos en sus utilidades debido a otros gastos como arreglos de pago, ajustes no deducibles y ajustes de periodos anteriores.
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“El Consejo no ha demostrado capacidad para operar según las demandas de los nuevos clientes mostrando debilidades en la confiabilidad de la información, que afecta la toma de decisiones y tampoco ha encausado su gestión hacia la eficacia y eficiencia de sus operaciones. El país requiere abordar decisiones integrales y estrategias para mejorar la gestión, en el caso del Consejo, en torno a su vigencia, su propósito, su funcionamiento y su organización”, añadió.
Publicaciones de La Nación han dado a conocer los sobreprecios del Consejo a partir de informes de la Contraloría, denuncias de sectores e investigaciones.
Un reciente análisis de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) reveló que los precios de los bienes que el Consejo le vende a escuelas, cárceles y hospitales son, en promedio, 46% más caros que los comercializados por el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada) y 19,5% más que los ofrecidos en las ferias del agricultor.
Además, un estudio de la Universidad Nacional (UNA) reveló que el Consejo vende los frijoles a las escuelas al doble del precio que se lo compra a los productores por el efecto de intermediación de asociaciones, pues mientras un frijolero entrega el quintal a la asociación por ¢32.600, el CNP lo comercializa con las escuelas a ¢64.000.
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Los miembros de las Juntas de Educación que participaron en el estudio de la UNA confirmaron que el CNP es caro en todos los productos.
También la Cámara Nacional de Avicultores (Canavi) denunció que el CNP paga un “sobreprecio elevadísimo” a intermediarios por los huevos para los paquetes de alimentos que se entregan a estudiantes de bajos recursos. Se pagan ¢1.950 por el kilo, cuando este se puede conseguir en ¢700 en los supermercados.