La acción de inconstitucionalidad que interpusieron los rectores universitarios contra el recorte de ¢10.000 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), impide al magistrado presidente de la Sala IVFernando Castillo, comparecer ante la comisión legislativa que investiga el uso del presupuesto universitario.
La intención de los legisladores es que el magistrado defina el concepto de autonomía universitaria, para delimitar el margen de acción de este foro, cuyo objetivo es fiscalizar el uso de los fondos públicos por parte de las universidades.
Estaba previsto que Castillo acudiera en los próximos días; sin embargo, él mismo le aclaró al presidente de la comisión del FEES, Wagner Jiménez, que no podría referirse al tema sin antes resolver el reclamo de los rectores.
Según Jiménez, el magistrado le explicó que, de participar en el foro, podría adelantar criterio sobre la acción interpuesta. De ser así, tendría que inhibirse de participar en esa discusión.
La situación cambia el panorama de la comisión legislativa, que pretendía escuchar de primeros a la contralora general, Marta Acosta; a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar; y al presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo.
Los legisladores pretendían que la contralora detallara la composición del gasto de las casas de enseñanza. De Aguilar esperan una exposición sobre la sostenibilidad del millonario presupuesto en el crítico panorama fiscal del país, y que el magistrado se refiriera a los límites legislativos en torno al FEES, por la autonomía que gozan estas instituciones.
“La participación de Castillo será posterior al pronunciamiento de dicha acción de inconstitucionalidad, por tanto, nosotros continuaremos con la planificación de las audiencias e iniciaremos el próximo martes 4 de febrero con la participación de la contralora Marta Acosta”, aseguró Jiménez.
Reclamo atravesado
Los cinco rectores universitarios acudieron ante la Sala Constitucional a principios de la semana pasada para cuestionar el recorte de ¢10.000 millones del FEES, que aprobaron los diputados en la discusión del presupuesto estatal para el presente año.
Los legisladores trasladaron ese presupuesto a la amortización de la deuda pública.
Anteriormente, el Gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) habían acordado un presupuesto de ¢511.000 millones para el funcionamiento de las universidades públicas en 2019; no obstante, los diputados aplicaron el recorte.
“Consideramos que la Asamblea Legislativa ha procedido en contra de la Constitución Política, creyendo que es un texto vivo y por eso tenemos que salir a reafirmar esos principios. Nosotros salimos en defensa de nuestro estado de derecho”, dijo el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, al presentar el recurso ante la Sala IV.
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