El Colegio de Profesionales en Psicología investigará a agremiadas que presuntamente ofrecen ‘terapias’ contra la homosexualidad, ya que se trata de prácticas violatorias de los derechos humanos y del Código de Ética de la organización. La decisión de abrir el proceso fue tomada el pasado 1.° de diciembre, luego de una solicitud que presentó el diputado oficialista Enrique Sánchez Carballo.
Consultado por La Nación, el legislador indicó que su preocupación nació luego de conocer los hallazgos realizados por la plataforma de medios independientes openDemocracy en conjunto con Radioemisoras UCR, según los cuales hay psicólogas afiliadas al Colegio que estarían brindando “terapias de conversión” para personas sexualmente diversas.
La Junta Directiva del Colegio trasladó el caso a la Fiscalía Interna “con la finalidad de que proceda según (sus) estatutos” e instruyó a la Comisión de Derechos Humanos para que en conjunto con la Oficina de Comunicación trabajen en la emisión de informaciones que motiven a la ciudadanía a denunciar este tipo de prácticas, ya que son completamente contrarias al ejercicio científico de su profesión.
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De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), las supuestas “terapias de conversión” son intervenciones que se basan en la creencia de que la orientación sexual y la identidad de género pueden y deben cambiarse o reprimirse, con el fin de convertir a todas las personas en heterosexuales y cisgénero. Algunos métodos son clandestinos y sus principales perpetradores son proveedores de atención de salud mental públicos y privados, organizaciones religiosas, curanderos tradicionales y agentes estatales.
El año pasado, un amplio estudio de la organización ILGA World explicó que la mayoría de estos esfuerzos se gestaron a mediados del siglo XX como respuesta “a lo que en gran medida se consideraba una ‘patología’”. “Bajo ese paradigma, la heterosexualidad y la alineación del sexo asignado al nacer con la identidad de género se entendía como ‘la norma biológica’ (...) y cualquier forma de diversidad sexual fue caracterizada como una desviación, una perversión o una enfermedad mental que podía curarse, cambiarse o ‘convertirse’ con un ‘tratamiento’ específico”, cita el informe.
Desde 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y en 2012 declaró que las prácticas de “terapias de conversión” amenazan la salud y los derechos de las personas afectadas. Luego, en mayo de 2020, Naciones Unidas las equiparó con la tortura. El Colegio de Psicólogos y la Asociación de Psiquiatría también han explicado que la homosexualidad no es una enfermedad.
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Prácticas no son ilegales
La investigación de openDemocracy y Radioemisoras UCR señaló que hay psicólogas costarricenses, supuestamente respaldadas por grupos de la derecha cristiana de Estados Unidos, que les manifiestan a gays y lesbianas que la homosexualidad es “mala” y que solo un “Dios sádico” crearía a una persona LGBTIQ+ (sexualmente diversa). Las colegiadas habrían hecho esas afirmaciones mientras ‘trataban’ u ofrecían ‘tratamiento’ a periodistas encubiertos que se presentaron como homosexuales.
En una conversación telefónica, una psicóloga dijo: “Yo primero le sirvo a Dios, yo no voy a tratar la homosexualidad como la trata la gente común y corriente, porque yo a quien sirvo es a Dios (...) y como Dios dice que la homosexualidad es un pecado, pues entonces la tratamos como tal. No es que uno nace homosexual, porque entonces sería un Dios sádico el que está en la Biblia prohibiendo el pecado y a la vez lo hizo así. No, Dios no nos hace así a nadie”.
Sánchez comentó a este diario que aunque el Colegio podría sancionar a las psicólogas, aún estas prácticas no son ilegales en el país. Por eso, dijo, respalda el proyecto de ley que presentó en 2018 el diputado frenteamplista José María Villalta para erradicar estas “terapias”.
La iniciativa fue dictaminada positivamente en julio de 2019 por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. El proyecto tiene un solo artículo, el cual modifica varios numerales de la Ley General de Salud.
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