Washington y Managua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este viernes la violación de las libertades fundamentales, como los derechos a la vida, a la reunión, expresión y acceso a la justicia, por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega.
En un informe divulgado ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), aquel órgano autónomo aseguró que los muertos por “la acción represiva del Estado” en el marco de las protestas contra el gobierno en Nicaragua ascienden a por lo menos 212.
“La acción represiva del Estado ha producido al menos 212 personas muertas hasta el 19 de junio, 1.337 personas heridas y 507 personas estuvieron privadas de la libertad registradas hasta el 6 de junio”, precisó.
“La Comisión concluye que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia”, señaló el informe de 97 páginas.
La CIDH sostuvo que la “violencia estatal ha estado dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y sofocar esta expresión de disenso político”.
Por tal razón, formuló un llamado al Gobierno de Nicaragua “a alcanzar una solución constitucional, democrática y pacífica a esta crisis de derechos humanos”.
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La CIDH también anunció que los integrantes de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) llegarán a ese país a partir del 3 de julio.
El informe fue presentado el viernes en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington.
Nicaragua lo desacredita
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, anunció en se foro que su gobierno “rechaza de manera integral el informe presentado por la CIDH por considerarlo “subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado”.
El legajo falta “totalmente a la verdad, ofendiendo la dignidad de los nicaragüenses”, agregó.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó que el tiempo “va en contra de Nicaragua” y subrayó que “se necesita una respuesta política” para resolver las tensiones en el país centroamericano.
A su vez, Carlos Trujillo, representante de Estados Unidos ante el organismo, manifestó que Washington condena la “campaña de intimidación” que lleva adelante el Gobierno de Nicaragua.Ese gobierno, añadió, “debe rendir cuentas” por la violencia.
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Insistió en la realización de elecciones generales anticipadas como la mejor salida a la crisis.
La representante venezolana, Carmen Velásquez, en tanto, alegó que su gobierno rechazaba la violencia “con fines insurreccionales” para derribar al gobierno de Daniel Ortega.
Indicó que su país también rechaza el informe de la CIDH “por su falta de profesionalismo, imparcialidad y veracidad”.
El embajador de México ante la OEA, Jorge Lomónaco, expresó su “profunda preocupación” por el alto número de vidas perdidas y pidió el “cese inmediato” de la violencia por parte de todos los actores.
La sesión comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de las protestas que sacuden a Nicaragua desde el 18 de abril, motivadas por una reforma al sistema de pensiones impuesta (y luego anulada) por el gobierno.
La CIDH realizó una visita a varias regiones de Nicaragua entre el 17 y el 21 de mayo luego de una invitación formal del gobierno.
Golpes y abusos en cautiverio
Mientras en Washington se conocía ese informe, en Managua las autoridades pusieron en libertad a 26 detenidos por participar en las protestas.
Jóvenes que estuvieron en cárceles denunciaron haber sufrido golpes y abusos por parte de de fuerzas paramilitares.
Entre llantos y abrazos de sus familiares, 15 muchachos fueron llevados por la Policía a la catedral de Managua y otros 11 quedaron libres en Masaya, 30 km al sur de la capital, uno de ellos desde la noche del jueves. Dos de ellos eran menores de edad.
Bayron Hernández, de 16 años, relató que fue detenido por paramilitares encapuchados. “Trate de correr, pero tiraron una ráfaga y me caí. Me golpearon y me rajaron la cabeza con el (fusil) AK”, describió en la iglesia San Miguel, en Masaya, donde fue entregado a un grupo de derechos humanos.
Évert Padilla, quien estuvo preso en la cárcel de El Chipote, en Managua, contó que había participado en las protestas, pero fue arrestado en su casa. “Rompieron el candado de la puerta, se llevaron mis cosas, me acostaron en el suelo, me agarraron a patadas”, afirmó el joven de 23 años, en la catedral de Managua.