San Salvador. El Salvador vivió hace pocos días una de las olas de violencia más grave de su historia reciente, las autoridades contabilizaron 87 asesinatos en el país durante el fin de semana pasado, de los cuales 62 ocurrieron solamente el 26 de marzo.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele responsabilizó de los homicidios a las pandillas en el país (en especial a la mara Salvatrucha) y se movilizó con una serie de mandatos para hacer frente a la criminalidad. La entrada en vigor de un Estado de excepción (con apoyo del Congreso) y las nuevas penas que quintuplican el tiempo de prisión para los miembros de las maras, demuestran la predilección de Bukele “por la mano dura”.
LEA MÁS: Al menos 1.400 pandilleros capturados en El Salvador al tercer día del régimen de excepción
Sin embargo, analistas advierten que la táctica de puño de hierro del mandatario no ha logrado poner freno a las pandillas, y más bien demuestran una fallida y desgastada estrategia por controlar un flagelo que lleva arrastrando durante años El Salvador.
Desde el inicio de su mandato en el 2019, Bukele puso en marcha el “plan de control territorial”. Se trata de una política que contempla la inyección de dinero y apoyo a las labores policiales y militares para combatir a las maras.
Si bien, los homicidios en el país han caído durante el mandato de Bukele (entre el 2019 y el 2021 se registraron 2.985, frente a los 11.825 que ocurrieron entre el 2014 y el 2018) organizaciones humanitarias y analistas coinciden en que el “plan de control territorial” es frágil y poco transparente, lo cual no garantiza que no puedan ocurrir olas de violencia como las del fin de semana pasado.
“Hay mucho ruido sobre la lucha contra la criminalidad y poca sustancia. Bukele se comprometió a reducir la violencia, pero para quienes trabajamos en derechos humanos el plan territorial no es transparente. Y lo que ha quedado claro (con la reciente ola de violencia) es que la estrategia es fallida (…). Y ahora aumentar el populismo punitivo, las penas sin respetar el Estado de derecho, es una respuesta desesperada. Si la estrategia hubiese tenido éxito, esto no estaría pasando. Todo lo anterior falló y no hubo forma de prevenirlo”, dijo Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
De hecho, en el pasado se habló de un supuesto plan entre el Gobierno y las maras, lo cual generó rechazo en el país por adelantar acuerdos sin que la opinión pública los conociera.
Jiménez dijo que si en efecto existió un pacto, como denunciaron en su momento medios independientes, fue un acuerdo frágil ya que las acciones delictivas de las pandillas (como el reclutamiento, violencia sexual y la presencia criminal) siguen siendo problemas sociales de gran importancia.
Pero las críticas también vienen desde el interior de su país. El exvicepresidente y ahora secretario general del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, indicó que el plan del Gobierno para quitar el control a las pandillas en los territorios “no existe”, y que solo es “una estrategia masiva de carácter propagandístico”.
El alza de los homicidios en los últimos días “lo que nos demuestra es que la estructura criminal en El Salvador sigue siendo fuerte y con la capacidad de cambiar los indicadores en temas de violencia cuando ellos así lo quieran”, según Ortiz.
Por otro lado, Valeria Vásquez, analista del Control Risks —firma global de consultoría estratégica y de riesgos que políticos—, aseguró que lo que pasa en el país “demuestra una vez más que el supuesto pacto con las pandillas existe, pese a que el Gobierno lo ha negado rotundamente. Esta es una medida que también emplearon administraciones anteriores, y que siempre ha amenazado con producir volátiles episodios de violencia. Con Bukele lo hemos visto tres veces”, dijo Vásquez.
“La última fue en noviembre del 2021, cuando en tres días, 45 homicidios fueron registrados (…). Esto claramente indica que algo en la ‘negociación’ con las pandillas salió mal, se incumplió algún trato o no se dio alguna concesión”, añadió Vásquez.
LEA MÁS: Pandilleros solicitados por Estados Unidos salieron de prisión en El Salvador
‘Cárcel o muerte’
Con el estallido de la violencia, Bukele movió a su bancada en el Congreso para aprobar el estado de excepción, el cual rige desde el domingo pasado y estará vigente durante tres semanas más. Esto implica que se restringe el derecho a ser informado, el motivo de una detención y a contar con abogado desde la captura, y habilita extender el plazo de la detención administrativa por más de 72 horas. Con esto, hasta ahora fueron detenidas más de 3.000 personas.
“La pregunta aquí es si el Gobierno sabe dónde están los pandilleros , ¿por qué no arrestarlos antes? ¿Por qué esperar a que haya un repunte de violencia?”, cuestionó Vásquez. Pero, además, a mitad de semana entró en vigor un paquete de reformas penales, aprobadas el miércoles por el Congreso y que incluyen la cárcel para menores, medidas que marcan la ruta que el Gobierno de Bukele decidió tomar contra las pandillas.
Las ocho reformas fueron aprobadas sin estudio ni discusión parlamentaria y modifican normas como el Código Penal, la Ley Penal Juvenil, el Código Procesal Penal y la Ley Antiterrorismo. La enmienda al Código Penal establece que la pertenencia a una pandilla se juzgará como agrupaciones ilícitas con penas de 20 a 30 años, mientras que su líderes o financistas enfrentarán condenas de 40 a 45 años.
Hasta antes de esta reforma, los miembros de las maras enfrentaban penas de entre 3 y 5 años de cárcel y los cabecillas de 6 a 9 años. En la Ley Antiterrorismo se estableció que pertenecer a una pandilla se perseguirá como el delito de agrupaciones terroristas con penas de 15 a 20 años y de 30 a 40 años para los líderes. Anteriormente las condenas eran de 8 a 12 años para los miembros y de 10 a 15 para los cabecillas.
El Congreso, de mayoría oficialista, también aprobó una enmienda a la Ley Penal Juvenil que establece penas de prisión para los menores de edad a partir de los 12 años. Los adolescentes podrán recibir penas de hasta 10 años de cárcel, mientras que los que tengan cumplidos 16 años serían condenados a hasta por 20 años.
El presidente Bukele difundió en su cuenta de Twitter un video de pandilleros encarcelados y llamó a los padres a mostrarlo a sus hijos. “Muéstrenles este video a sus hijos adolescentes, explíquenles que entrar a la pandilla solo tiene dos salidas: la cárcel o la muerte”, escribió.
Estas medidas han sido criticadas por organizaciones internacionales, las cuales desde que Bukele asumió el poder lo han criticado por concentrar el poder en el país y no respetar la separación de poderes. De hecho, un grupo de 70 organizaciones humanitarias advirtió que el régimen de excepción aprobado en El Salvador y los ataques del presidente contra defensores de derechos humanos “facilita abusos estatales”.
Las organizaciones recordaron que la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia indica que “un alza en la criminalidad, aunque pueda ser una emergencia, no encaja en esos supuestos” que permiten decretar el régimen de excepción.
Además, aseguraron que “el Gobierno no ha cumplido con su deber de proteger la vida y la integridad física de las personas, pese al sostenido incremento del presupuesto invertido en seguridad pública”.
Carolina Jiménez, de WOLA, insistió en que El Salvador debe promover enfoques y programas en la prevención de la violencia y apoyo a los jóvenes para garantizar que no terminen siendo reclutados en las pandillas.
“Promover fiscales independientes y un sistema de justicia autónomo para permitir que los delitos no queden impunes y garantizar la no repetición puede ser una de las estrategias más efectivas que las mismas operaciones de seguridad masivas”, agregó.
Sin embargo, en las calles la situación es distinta y el apoyo popular al mandatario sigue siendo amplio. En diciembre, un 85% de los salvadoreños dijo aprobar la gestión de Bukele, según un sondeo del matutino La Prensa Gráfica.
Muchos, como Ángel Mendoza, de 48 años, apoyan sus más recientes medidas. Este vendedor de San Salvador dice sentirse “seguro” con el despliegue de más policías y soldados en la capital.
“No le veo problemas a eso que aprobaron”, indicó en referencia al régimen de excepción. “Nos favorece porque estamos más seguros”. Para Ramón Hernández, un vigilante privado de 54 años, las acciones del Gobierno contra las pandillas “se deben apoyar”. “Hay que darles garrote a los pandilleros”, dijo. “El Gobierno está para proteger”.
LEA MÁS: Nayib Bukele reúne de emergencia a gabinete de Seguridad por alza de homicidios en El Salvador