Desde este martes, Costa Rica aparece clasificado por la agencia internacional Standard & Poor’s como un país “más vulnerable” a incumplir sus compromisos financieros.

La agencia degradó la nota al país a "B", entre otras causas, por la decisión de 43 diputados de aprobar una reforma para librar a las 82 municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal y por la negativa del presidente Carlos Alvarado a vetar parcialmente esa legislación.

De acuerdo con la Contraloría General de la República, la reforma aprobada el 19 de mayo permitiría a los municipios aumentar el gasto hasta en ¢90.000 millones, solo este año, pese a la caída en la recaudación de impuestos debido a la pandemia.

La agencia estadounidense destacó, en su comunicado, que Alvarado respaldó la reforma, lo cual motivó la renuncia, el 28 de mayo, del entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, quien solo estuvo seis meses en el cargo luego de la salida de Rocío Aguilar, en noviembre del 2019.

Chaves solicitó, el 9 de mayo, vetar parcialmente la reforma municipal pues calificó como inaceptable que el gobierno haga una excepción en la disciplina fiscal en medio de una crisis económica. El presidente rechazó la petición al día siguiente.

“La señal negativa que envían estos eventos (eximir a las municipalidades de regla fiscal), más que un impacto presupuestario directo, pesa en la calificación (...) En nuestra opinión, estos eventos refuerzan las preguntas sobre el compromiso de la administración con la consolidación fiscal después de la pandemia”, sentenció S&P.

La crítica de la calificadora fue más allá. Destacó que la dimisión de Chaves reflejó tensiones dentro del Gobierno sobre la implementación de la reforma fiscal.

“Hay señales mixtas sobre el compromiso de la administración Alvarado de implementar un ajuste fiscal estructural, con un segundo cambio en el ministro de Hacienda en seis meses. Ha aumentado la incertidumbre política y podría presionar la liquidez debido a las mayores necesidades de financiamiento de los mercados locales y externos”, destacó la agencia en su comunicado.

La regla fiscal se estableció como una medida de contención del gasto público dentro de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada en diciembre del 2018 por el Congreso.

S&P informó que la nota del país queda en "B", con perspectiva negativa, desde la anterior B+ por la incertidumbre política para realizar un ajuste fiscal, así como los efectos negativos provocados por la pandemia del coronavirus en la economía del país.

Según la metodología de S&P, la nota "B" implica que el país es “más vulnerable” a un incumplimiento en el pago de sus obligaciones, pero el emisor tiene capacidad para cumplir con sus compromisos financieros.

La perspectiva negativa de la nota del país se fundamenta, señala S&P, en que hay un riesgo de una nueva rebaja en la calificación, en los próximos 12 meses, si no hay avance para resolver la actual situación financiera del país en el Gobierno y el Congreso.

‘Falta plena conciencia de que las señales existen’

Pese a lo dicho por la agencia calificadora, Elian Villegas, nuevo ministro de Hacienda, aseguró que el Gobierno ha dado señales contundentes de su compromiso con el ajuste fiscal.

“Cuando se da una calificación diciendo que no hay señales claras, creo que tal vez falta plena conciencia de que las señales existen. Además de un mayor estudio de que se han dado acciones concretas con un efecto directo en la economía costarricense”, declaró Villegas, quien asumió el lunes 1.° de junio.

El jerarca describió como mensajes claros la aprobación de la reforma fiscal, un presupuesto austero sin crecimiento este año y los recientes recortes al gasto enviados al Congreso.

Además, consideró que el país es castigado por S&P pese a que la situación económica adversa provocada por el covid-19 tiene un efecto global.

“En el primer trimestre de este año se veían señales positivas. Desgraciadamente, la pandemia provocó un efecto negativo en las finanzas públicas y el crecimiento del país”, se lamentó el funcionario.

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El 2 de junio, Moody’s colocó la calificación del país en perspectiva negativa debido al deterioro fiscal.

Mientras que Fitch Ratings rebajó la nota, el 8 de mayo, a raíz del mayor estrés fiscal en las finanzas públicas para enfrentar la crisis sanitaria.

Otras razones

S&P destacó falta de claridad en el Poder Ejecutivo para hacer una implementación vigorosa de la reforma fiscal aprobada a finales del 2018.

“La mala implementación de la política podría empeorar nuestra visión de las fortalezas institucionales de Costa Rica y reducir el acceso del país a la financiación del mercado”, advirtió la calificadora.

De hecho, recordó que, en marzo pasado, señalaron que la nota de riesgo podía reducirse si había signos de un menor compromiso en las acciones para corregir los riesgos fiscales.

“En nuestra opinión, ahora se han materializado mayores riesgos”, se destaca en el comunicado.

La calificadora también señala que Costa Rica enfrenta mayores tensiones económicas vinculadas con la pandemia sanitaria global. Por lo cual esperan una contracción en el crecimiento del 3,6% del producto interno bruto (PIB) para este año.

Así como un deterioro persistente en el perfil de deuda pública y déficit fiscal en el 2020 y 2021 debido al incremento en las necesidades de financiamiento para enfrentar el pago de los gastos del Gobierno e intereses de la deuda. Para este año el déficit lo proyectó en 9% de la producción.

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Entre los riesgos futuros para efectuar un ajuste fiscal, detectados por la calificadora, está la proximidad de las elecciones nacionales, en febrero del 2022.

Además de la negativa de los diputados de aprobar la emisión de deuda externa, lo cual obliga a la hacienda a depender de un mercado pequeño para su financiamiento.

“Tales obstáculos políticos han debilitado la gestión de la deuda y reducido la flexibilidad financiera del Gobierno”, criticó S&P.

La agencia destacó que la nota dada a Costa Rica puede mejorar, si el Ejecutivo es capaz de reducir el déficit fiscal, contener el costo del pago de la deuda y disminuir la exposición del país a tasas de interés y tipo de cambio.

Nota del editor: esta información fue actualizada a las 8:30 p. m.