La Superintendencia de Pensiones (Supén) efectuó, entre enero del 2020 y febrero anterior, un proceso de fiscalización en el Fondo de Pensiones de Empleados (FRE) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En ese proceso de 14 meses, la entidad remitió a la Caja 48 oficios de llamadas de atención en los cuales señaló debilidades en el proceso de reforma del FRE, inversiones de la reserva del régimen y la administración de dicho fondo.
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Así se detalla en el oficio SP-329-2021, del pasado 25 de marzo, en el cual la Superintendencia hizo un listado de 21 acciones pendientes de corregir por parte de la Junta Administradora del régimen especial de trabajadores de la CCSS.
“Implementación de controles que permitan garantizar la integridad, exactitud y razonabilidad de la información de los afiliados y la recaudación de los aportes, de manera que se evite la manipulación y se mitigue el riesgo de alteración de los datos”, se señala como una de las medidas pendientes a resolver según el documento del cual tiene copia La Nación.
Así como el establecimiento de ellas responsabilidades y autoridad de los administradores del régimen; o la respuesta oportuna a los hallazgos hechos por la Supén y la Auditoría Interna de la Caja.
Sin embargo, una buena parte de los oficios enviados por la Superintendencia se centraron en la urgencia de efectuar la reforma al sistema.
“El FRE presenta un alto riesgo de insolvencia. El último estudio actuarial, del 2019, revela que el déficit actuarial del Fondo asciende a ¢1,2 billones. En efecto, el Fondo está muy cerca de alcanzar el segundo momento crítico, lo que significaría empezar a utilizar, a partir del próximo año, las reservas para la atención de las obligaciones”, se destaca en el documento SP-1618-2020, del 21 de diciembre del año pasado.
El mismo oficio destaca que, de no tomarse las acciones necesarias, la reserva se agotaría en el 2031 y dejaría insolvente el fondo.
Informes a directivos
Las advertencias no solo fueron para la Junta Administradora del régimen.
La Supén también envió oficios a la Junta Directiva de la CCSS, pues es el órgano encargado de la aprobación de cambios en el FRE.
En octubre del año pasado, la Superintendencia remitió a Román Macaya, presidente de la Caja, el documento SP-1618-2020, en el cual exponía los graves problemas del FRE.
“Dado el agravamiento de la situación y la ausencia de soluciones, el pasado 8 de abril se hizo una presentación de la evaluación de riesgos del Fondo ante la Junta Directiva que usted preside, en la que se subrayaron sus problemas de solvencia y la urgencia de adoptar medidas para mejorar su sostenibilidad financiera y actuarial”, se subraya en el oficio dirigido a Macaya.
Asimismo, se cuestionó la dilación del proceso de modificaciones en los beneficios de pensiones de los empleados de la entidad.
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Por ejemplo, la Supén criticó que, en setiembre del 2020, se enviara la propuesta de reforma a la Dirección Jurídica de la Caja, cuando se había informado que tal trámite se realizó tres meses antes.
“Es importante recalcar que el financiamiento del FRE se da a través de aportes patronales, mismos que provienen de los fondos del Seguro de Enfermedad y Maternidad, lo que los constituye en fondos públicos que deben ser manejados responsablemente, como establece el marco legal aplicable”, resaltó la Superintendencia.
Después de la avalancha de oficios enviados a la CCSS, la Directiva de dicha entidad aprobó, al 23 de febrero pasado, la reforma al fondo de pensiones de sus trabajadores.