El Juzgado Concursal declaró, este viernes 22 de julio, la quiebra de Aldesa, por incapacidad de poder efectuarse un convenio preventivo de acreedores ante la imposibilidad de la empresa de pagar sus deudas. En la sentencia N°. 2022000190, la jueza Jennifer Arroyo dio por abierto el concurso para la fase de liquidación de las empresas que forman parte del grupo de interés económico de Aldesa.
“Se ordena la suspensión del ejercicio de las facultades de administración y representación de los representantes legales de todas las sociedades que integran el grupo de interés económico Aldesa quienes quedan inhibidos de la legitimación para disponer de los bienes concursales y obligar a la masa del concurso, se ordena la disolución y desinscripción de los registros públicos”, se dicta en el fallo del cual tiene copia La Nación.
LEA MÁS: Juzgado Concursal remueve a curadora de caso Aldesa por incumplir entrega de informes
La resolución también dictó la separación de los administradores y representantes de las 24 sociedades anónimas del grupo entre las que destacan Aldesa Corporación de Inversiones, Desarrollo ZF Coyol, Graviton Energy, Hotel Monte del Barco, Terra Verbena, Terramall, entre otras. Todas las empresas quedarán bajo la administración de un liquidador que será nombrado por el Juzgado.
Javier Chaves, presidente de Aldesa, acudió, en marzo del 2019, a la vía judicial por problemas de liquidez en la conclusión de ocho proyectos inmobiliarios privados para los cuales obtuvo recursos por $200 millones, de un grupo de casi 600 inversionistas. La mayoría de la deuda son del proyecto inmobiliario Monte del Barco, ubicado en el Polo Turístico de Papagayo, en Guanacaste.
El pasado 20 de junio, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) dispuso revocar la autorización de oferta pública del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco, principal proyecto de Aldesa, por considerar la iniciativa “inviable financieramente al encontrase en quiebra técnica”.
La decisión del Consejo se tomó después de la recomendación dada por el interventor Alicio Rodríguez, quien además concluyó que el proyecto es imposible de desarrollar e incapaz de cancelar las deudas actuales con sus inversionistas y los gastos operativos. La empresa bursátil estaba bajo intervención desde agosto del 2021.
¿Qué sigue?
El fallo establece que todos los contratos existentes entre Aldesa y sus sociedades con terceros se extinguen y no se podrán hacer nuevos.
“Se convoca a acreedores e interesados para que se apersonen a ejercer sus derechos, dentro del plazo de quince días contados a partir de la publicación de la presente resolución; ahora bien, los acreedores e inversionistas que ya están apersonados al proceso de convenio preventivo que precedió no deben volverse a apersonar, y quienes ya hayan presentado su solicitud de legalización de créditos, no deben volverla a presentar, toda vez que se continuará tramitando bajo el mismo número de expediente 19-000127-0958-CI”, se detalla en la resolución.
LEA MÁS: Aldesa pide intervención judicial por problemas de liquidez
Una vez declarada la quiebra y separados los administradores y representantes de la empresa, será responsabilidad del liquidador por nombrar comenzar la fase de evaluar los activos de la empresa y venderlos. A partir de ese momento, se determinará los recursos existentes para pagar a los acreedores.
“La consecuencia es que se reduce significativamente la posibilidad de recuperar de sus dineros de los acreedores, porque dependerá del patrimonio de la empresa. Según estimaciones iniciales, puede que no supere ni el 5% de las deudas. Esta es la quiebra financiera más grande del país”, afirmó Sergio Artavia, abogado representante en el Caso Aldesa de varias asociaciones solidaristas.
Imposibilidad de afrontar deudas
La resolución judicial fundamenta la imposibilidad de Aldesa para pagar a sus acreedores en que la empresa perdió, durante el año pasado, una parte relevante de sus activos con los remates de propiedades del Fondo de Desarrollo Inmobiliario Monte del Barco.
Por ejemplo, perdió 26 inmuebles por remate del Fideicomiso de Garantía Inversiones Goda y otras nueve propiedades a nombre de grupo Macklouf lo cual implicó un área total de 246 hectáreas, es decir, el 77% de los terrenos privados del proyecto Monte del Barco.
“La pérdida por la ejecución del fideicomiso de garantía bajo el cual se encontraban los bienes de la promovente provocó una disminución en los activos del grupo de interés económico y también, cercenó parte de sus propuestas de convenio, toda vez que estas consistían en continuar con la ejecución de los planes de negocios y atracción de nuevos ingresos para dichos proyectos (turísticos)”, se explica en la sentencia.
Pese al daño patrimonial sufrido, sostiene la jueza, Aldesa no modificó su plan de salvamento, ni actualizó la situación financiera del grupo y, desde el 2019, se carece de información financiero-contable que refleje el estado real de la empresa.
“Pese a todos los cambios señalados la promovente no ha actualizado, ni su información financiera ni sus propuestas de recuperación, ni ha planteado un nuevo contenido de convenio, ni ha formulado una nueva propuesta. Resulta evidente y notorio que la propuesta de convenio preventivo formulada en el 2019 resulta de imposible cumplimiento al día de hoy”, se explica.
Uno de los argumentos para ordenar el comienzo del proceso de liquidación, es que el proceso no puede postergarse de manera indefinida, pues se debe procurar salvaguardar los acreedores e inversionistas apersonados al proceso.