Los guardaparques dedicados al control de la caza y tala ilegal, así como otros delitos ambientales, percibirán una compensación económica del 25% sobre su salario para estar disponibles las 24 horas del día.
Eso significa que los funcionarios deben permanecer atentos y acudir a su puesto de trabajo cuando se les requiera, aunque estén fuera de su jornada laboral. De esta manera, estos guardaparques se sumarán a sus compañeros en rol de trabajo para atender incendios forestales así como operativos de control y vigilancia.
Para ello, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) solicitó al Ministerio de Hacienda aprobar dicha compensación dentro del último presupuesto extraordinario. La medida comenzará a regir cuando Hacienda gire los fondos que beneficiarán a unos 400 funcionarios.
Los interesados deberán firmar un contrato, por un año, ya que esta medida no representa un derecho adquirido y, más bien, es una acción voluntaria.
LEA: Guardaparques recibirán pago por vigilar las 24 horas
Anteriormente, en el 2014, se firmó un decreto ejecutivo que perseguía el mismo fin y respondía a un reclamo realizado por el gremio de guardaparques para el pago de la disponibilidad, la cual está contemplada en el artículo 16 bis de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre.
Policías estarán en casas de guardaparques
Asimismo, los ministerios de Ambiente (Minae) y Seguridad Pública (MSP) firmaron un convenio este jueves, en el marco de la celebración del Día de los Parques Nacionales, para autorizar que los policías puedan utilizar las instalaciones de guardaparques.
Con ello se pretende facilitar la labor conjunta que realizan policías y guardaparques en control y vigilancia dentro de parques nacionales y otras áreas silvestres protegidas.
"Esto nos permite que, la próxima semana, la policía de fronteras esté permanentemente en el centro operativo La Leona, uniendo sus esfuerzos a nuestros funcionarios del Área de Conservación Osa (Acosa) para proteger de mejor manera el Parque Nacional Corcovado", destacó la viceministra de Ambiente, Patricia Madrigal.
El convenio recién firmado es resultado de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental, creada en el 2016 a través de un convenio de cooperación entre Minae, MSP y el Poder Judicial. Esta comisión tiene el mandato de recopilar, analizar y sistematizar información relativa a delitos ambientales cuyo grado de organización y sofisticación se ha incrementado en los últimos años.
VEA: Policías unen esfuerzos contra sofisticados delitos ambientales
La vigencia del convenio para el uso de instalaciones será de cinco años, con posibilidad de renovación.