A partir de hoy, y tan solo a un clic de distancia, cualquier persona que ingrese al Mapa costarricense de conflictividad socioambiental podrá informarse sobre las principales discrepancias ocurridas desde 1990 en temas como recursos hídrico, minería, deforestación y contaminación.
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Por ejemplo, este mapa permite conocer el detalle del caso de la minera en Crucitas ubicada en San Carlos, también sobre el conflicto en torno al acueducto de Sardinal en Guanacaste y la afectación por Nemagón que impactó a empleados de bananeras en el Caribe.
Este mapa es el principal componente del proyecto Justicia Ambiental Accesible, el cual es impulsado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) y la Fundación Neotrópica.
De hecho, el proyecto fue seleccionado por la Fundación para las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA) como parte de su convocatoria para impulsar gobierno abierto.
La herramienta busca fomentar la transparencia y trazabilidad de los conflictos ambientales, por lo que ofrece tanto información del caso como los mecanismos que utilizaron para resolverlo. De esta manera, la ciudadanía puede dar seguimiento a la discrepancia y convertirse así en fiscalizador.
"Además de promover mayor participación ciudadana, transparencia, colaboración, apropiación y uso de datos abiertos para la toma de decisiones, el mapa servirá para visibilizar desequilibrios sociales y económicos, casos de éxito, desafíos actuales y acciones por parte del gobierno frente a las diferentes disputas ambientales en el territorio nacional", comentó Fernando Mora, viceministro de Aguas, Mares, Costas y Humedales del Minae.
El mapa está disponible en el sitio web: www.conflictosambientales.org.
Para Bernardo Aguilar, director de Fundación Neotrópica, la herramienta entiende como conflicto socioambiental aquel que se deriva de la presión que se ejerce por el uso de los recursos naturales debido a su escasez y vulnerabilidad. Esa presión enfrenta a los usuarios, donde unos se definen como infractores y otros como perjudicados.
"No toda denuncia se cataloga como conflicto ambiental y hay conflictos que no han derivado en una denuncia. Para ingresar al mapa debe existir una discrepancia de intereses de índole socioecológica", especificó Aguilar.
Iniciativa mundial
La iniciativa parte del Atlas Mundial de Justicia Ambiental (EJAtlas, por sus siglas en inglés), el cual fue desarrollado por la Universidad Autónoma de Barcelona, que visibiliza más de 2.000 conflictos ambientales en todo el mundo.
En este mapa, Costa Rica aparece con 15 conflictos relacionados a minería y extracción de materiales de construcción, biomasa y conflictos de tierras, combustibles fósiles, gestión del recurso hídrico, infraestructura y construcciones, recreación turística y conservación de la biodiversidad.
Según Ruth Solano, jueza del TAA, las personas empiezan a ser conscientes de su derecho y deber con el ambiente a partir de los años 90, por lo que las denuncias ambientales fueron incrementándose a partir de esa década.
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En este sentido, y según Solano, los costarricenses suelen acudir a los tribunales para denunciar tala, invasión a zonas de protección, contaminación por químicos y sobre todo, temas relativos al agua.
Sin embargo, otros temas quedan fuera del conocimiento de los tribunales a falta de denuncias. "Por ejemplo, son muy pocos los casos de pesca ilegal que llegan al TAA, a pesar que se dan en gran magnitud en nuestros mares. Lo que pasa es que no son denunciados y cuando lo son, las autoridades no cuentan con los suficientes recursos para darles seguimiento. Muchos de estos delitos quedan impunes, pero sabemos que sí se dan", manifestó la jueza.
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Algunos de esos conflictos se visibilizan en el EJAtlas, pero esta herramienta no está al alcance de todas las personas porque está en inglés y la información se presenta de forma muy técnica.
"Nuestro objetivo era hacer un mapa que fuera accesible en idioma y navegación para que organizaciones comunales, como asociaciones de pescadores y acueductos rurales, puedan utilizar los datos. Nuestra intención es popularizar la información", señaló Aguilar.
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Un mapa a lo tico
En este sentido, el proyecto de Justicia Ambiental Accesible se dio a la tarea de elaborar un mapa para Costa Rica que fuera accesible en idioma, estuviera al alcance de cualquier persona a través de Internet, fuera de uso público y también permitiera a la ciudadanía brindar sus aportes.
Con respecto a los aportes, y a través de un formulario, las personas pueden sugerir conflictos ambientales y también visibilizar acciones emprendidas por las comunidades en pro de la solución. Asimismo, pueden aportar insumos a los expedientes.
Aparte de visibilizar los conflictos, el mapa incluye un apartado sobre las medidas y acciones tomadas por las autoridades. Eso permitirá visibilizar la jurisprudencia tanto en casos resueltos por vía penal o administrativa así como por conciliación o porque el proyecto nunca se llegó a ejecutar.
"El mejor acceso para toda la población costarricense a la información relacionada a la conflictividad socioambiental, la cual en los últimos años ha ido en crecimiento, es fundamental para que esa población ejerza sus derechos. También aumenta la trazabilidad en el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a los conflictos", declaró Aguilar.
¿Cuenta Costa Rica con un marco jurídico lo suficientemente robusto que le permita lidiar con la actual conflictividad ambiental? Para Solano, la normativa es abundante.
"Lo que necesitamos es que los órganos y entidades que tienen que ejecutar dicha normativa lo hagan con la diligencia, para que exista una justicia pronta y cumplida. En temas ambientales, esto es primordial. Se debe atacar el asunto no solo cuando ya está el delito sino que hay que trabajar en prevenirlo.
"Nosotros como Tribunal vemos casos cuando el daño ya está hecho, la idea es que la gente sea consciente y no lo produzca del todo. No ganamos mucho con una indemnización de caracter económico cuando estamos perdiendo la esencia de lo que es la naturaleza", agregó Solano.
El mapa también cuenta con un apartado donde se incluye legislación ambiental, una clasificación de los diferentes tipos de conflictos, así como las instancias y procedimientos a los cuales recurrir ante la presencia de un conflicto ambiental.
Según Bernardo Aguilar, de Neotrópica, el país posee una serie de mecanismos de participación mediante los cuales las personas pueden involucrarse en el diseño de políticas ambientales y toma de decisiones. Sin embargo, estos no son conocidos y por tanto, muchos no los usan.
"Esta herramienta nos permitirá pasar a una visión más activa de lo que implica ser un país verde. La gente, por lo general, percibe que un país verde se limita a turismo, pero lo que queremos es que el ciudadano se involucre en la construcción de ese país verde y participe en la definición y ejecución de políticas", manifestó Aguilar.