Esta tarde, los diputados de la Comisión Especial de Puntarenas dictaminaron positivamente el proyecto de Ley para el ejercicio sustentable de la pesca Semiindustrial Camaronera en Costa Rica (expediente N.º 18.968).
Este proyecto recibió cuatro votos a favor y uno en contra. Lo votos a favor fueron emitidos por Agnes Gómez y Jorge Angulo del Partido Liberación Nacional (PLN), Rodolfo Sotomayor del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Adonay Enríquez del Movimiento Libertario (ML), mientras que el único voto en contra fue del legislador Jorge Gamboa del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Con este dictamen positivo, el documento estaría listo para ser conocido por el plenario legislativo.
En la resolución N.º 2013-010540, la Sala IV prohibió la técnica de arrastre para capturar camarón al considerar que tiene un alto impacto ambiental e indicó que solo podrá reinstaurarse si científicamente se comprueba su sostenibilidad, lo cual deberá hacerse por la vía legal.
En este sentido, este proyecto de ley propone el uso obligatorio de dispositivos excluidores de tortugas y peces como medida para garantizar la sostenibilidad del arrastre de camarón.
Para Xinia Chaves, viceministra de Agricultura y Ganadería, los excluidores de peces son considerados como efectivos si reducen entre un 25 y 30% de la fauna acompañante o pesca incidental. "Nosotros creemos que Costa Rica podría alcanzar un 40% ", destacó Chaves.
El proyecto también plantea ampliar el abanico de especies objetivo del arrastre a langostino chileno, sardina y atún, y permitir la pesca solo a embarcaciones nacionales, las cuales tendrían licencias diferenciadas en tres categorías: aguas costeras, aguas profundas y artesanales.
"Este es un primer paso, muy favorable para los pescadores que se dedican al arte de pesca semiindustrial y viene a darnos esperanza frente a los problemas que enfrenta este sector", manifestó Roy Carranza, presidente de la Cámara Puntarenense de Pescadores.
Reacciones. El proyecto de ley contó con el respaldo de 35 diputados, quienes lo presentaron a la Comisión Especial de Puntarenas en noviembre del 2013.
"Debido al fallo, nos pusimos a las órdenes de los pescadores y de las autoridades de Incopesca, porque era urgente trabajar en una iniciativa de ley para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos, sin menoscabo de los derechos de ellos a trabajar con base en un equilibrio que también les permita llevar sustento a sus hogares. Es indispensable regular le pesca de arrastre de camarón, porque prohibirla aniquilaría a los pescadores y aumentaría el desempleo y la pobreza en las provincias más vulnerables del país", destacó Sotomayor.
Chaves compartió este criterio de regular la pesca de arrastre pero no prohibirla, dado el impacto social que esta medida podría tener en Puntarenas. "Me pregunto, por qué no ver la sentencia de la Sala IV como algo muy bueno que inspire un cambio en esta pesquería. Yo creo que este fallo podría motivar la autoregulación del sector", dijo Chaves.
"Nosotros estamos anuentes a cualquier negociación y regulación, pero la actividad no debe eliminarse sino que se tiene que regular. Si Incopesca se une a nosotros y quieren poner observadores a bordo, seguimiento satelital, limitar la duración de la actividad pesquera o poner cuotas, pues nosotros estamos anuentes a negociar cualquier regulación", comentó Carranza a La Nación.
La organización ambientalista MarViva manifestó su descontento con el dictamen positivo porque considera que este proyecto de ley no cumple con lo exigido por la Sala Constitucional en cuanto a fundamento científico y porque en lo social no se contempló la situación de los pescadores artesanales.
"Este proyecto busca reinstaurar la pesca de arrastre de camarón, sin resolver el impacto negativo que provocan estas redes en los fondos marinos y en la economía de las comunidades pesqueras artesanales de Puntarenas y Guanacaste, que son afectadas por la destrucción de peces juveniles y la captura masiva de peces capturados por las grandes redes de arrastre", señaló MarViva en un comunicado.
Con respecto al cuestionamiento sobre el fundamento científico, Chaves -aunque reconoció la carencia de bases de datos que provean de información técnica para la toma de decisiones- consideró que se necesita ejercer esta pesquería para poder estudiarla.
"Hemos suscrito un convenio de cooperación con la FAO con el que vamos a levantar información de orden científico para el manejo apropiado de esta pesquería. Este planteamiento de MarViva no solo es egoísta sino insensato y plantea una contradicción: ¿cómo hago yo para investigar una pesquería que no puedo ejercer?", argumentó Chaves.
Asimismo, MarViva cuestionó que el proyecto de ley se presentara ante la Comisión Especial de Puntarenas y no ante la Comisión de Ambiente si el fallo de la Sala IV se basó en criterios ambientales.
"La Comisión de Puntarenas ha acelerado la votación y evitado en las audiencias la participación de las asociaciones de pescadores artesanales, comunidades costeras y ONGs que, mediante escritos enviados a la Comisión, han manifestado su oposición al proyecto. Sectores directamente afectados por el proyecto no han sido invitados a las audiencias, se han ignorado los criterios técnicos expresados por los científicos de la UCR y obviado las recomendaciones del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea. Únicamente uno de los cincos miembros de la Comisión, el diputado Jorge Gamboa, ha exigido reiteradamente un fundamento técnico que garantice que la futura ley soportará una nueva consulta de constitucionalidad ante la Sala IV. Un proceso a todas luces, anómalo", declaró Jorge Jiménez, director de MarViva.
* Información actualizada a las 05:11 p. m.