En prensa y redes sociales, posiblemente usted ve a los diputados lanzándose feroces ataques entre ellos y, a la vez, bombardeando al gobierno; sin embargo, lo cierto es que la actual Asamblea Legislativa ha demostrado tener suficientes capacidades de diálogo y de acuerdo para estremecer lo que parecía inamovible.

Tan es así que dos proyectos de ley provocaron retumbos en la cúpula del Poder Judicial. Ese es el caso de dos planes en trámite para recortar las pensiones de lujo mediante el cobro de contribuciones solidarias.

Los planes despertaron la oposición de los magistrados de la Corte Plena, los cuales declararon que ambas iniciativas afectan el funcionamiento y la organización del Poder Judicial.

Según la Constitución Política, si la Corte hace una declaración de ese tipo sobre un proyecto, los diputados requerirán de 38 votos para aprobarlo.

A la luz de los argumentos expuestos por los magistrados, no parece difícil que el Congreso consiga esa mayoría calificada.

En el Poder Judicial, existen pensiones hasta de ¢10 millones mensuales. Si bien sus trabajadores cotizan mucho más que un afiliado al IVM, el Estado también les aporta mucho más que a un afiliado al IVM.

Los empleados judiciales cotizan un 13% del salario, mientras que los cotizantes del IVM, un 3,84%. Sin embargo, a los funcionarios de la Corte el Estado les aporta un 14,36% como patrón y un 1,24% como Estado. En el IVM, en cambio, el patrón aporta un 5,08% y el Estado, un 1,24%.

¿Qué pretenden los proyectos de ley? El que está más cerca de aprobarse, de la diputada Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional, propone cobrar una contribución solidaria a todas las pensiones mayores a ¢2,2 millones en los regímenes de Gobierno y Magisterio y, a partir de ¢2,6 millones, en el Poder Judicial.

En la Corte, hoy solo se cobran estos aportes solidarios a las pensiones superiores a ¢4,4 millones y un estudio actuarial, contratado por la misma institución, señaló que sus jubilaciones aún son insostenibles, pese a la mejoría tras la reforma del 2018.

De hecho, el estudio sugiere, como una de las posibles soluciones, deducir la contribución solidaria a partir de ¢2,6 millones.

El otro proyecto, del diputado Pedro Muñoz, del PUSC, propone cobrar el aporte especial a partir de los ¢1,6 millones, que es el monto de la pensión máxima del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, en condiciones ordinarias.

El socialcristiano Muñoz, por cierto, procurará que el proyecto de Xiomara Rodríguez baje a ¢2,2 millones el monto a partir del cual se cobraría la contribución solidaria en el Poder Judicial, de manera que se equipare con Gobierno y Magisterio. Lo hará mediante una moción en plenario, pues este es el texto más avanzado: ya está en las puertas del primer debate.

A su vez, el presidente legislativo, el liberacionista Carlos Ricardo Benavides, había dicho que este es una "magnífica oportunidad" para aprobar una reforma "robusta" a las pensiones de lujo.

‘Entre menos recibimos, menos aportamos al comercio’

¿Bajo qué argumentos consideraron los magistrados que esa reforma afecta el funcionamiento y la organización del Poder Judicial?

Los altos jueces alegaron que las reformas son "confiscatorias, desproporcionadas e irracionales" y alegaron falta de estudios técnicos con proyecciones económicas.

El tema podría plantearse al revés: ¿son proporcionadas y racionales pensiones que lleguen hasta los ¢10 millones?

A la vez, fueron destacables las declaraciones individuales de varios magistrados.

Julia Varela, de la Sala II, dijo que los diputados "están dando unos pasos que están siendo negativos para el comercio".

"Ya nadie se atreve a poner un negocio. Estoy segura de que todas y todos nosotros ahora nos medimos. Si antes nos dábamos un gustito, ahora solo vamos por lo necesario (...). Entre menos recibimos, menos aportamos al comercio", añadió.

Por su parte, el magistrado de Sala III, Jaime Robleto, dijo: "Los problemas económicos son ajenos a esta Corte y están tratando de solucionarse, de alguna manera, con medidas populistas".

Contrato con “cabildeo”

En forma paralela, los sindicatos del Poder Judicial buscan reunir al menos 800 trabajadores que, juntos, demanden internacionalmente al Estado para proteger los privilegios que han sido frenados mediante leyes como la reforma fiscal, o que podrían ser frenados con proyectos en curso, como las reformas a pensiones de lujo.

Para plantear la demanda, cada empleado tendrá que pagar hasta $1.000 (¢580.000), pues la idea es contratar un bufete con sede en Ginebra, Suiza, que lleve el caso ante los comités de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Lo más impresionante es que el contrato incluye un "cabildeo" ante los órganos de derechos humanos de la ONU y de la OEA.

Ese cabildeo implica viajes del equipo legal del bufete a las sedes de los organismos involucrados (Ginebra, Estrasburgo, Washington D.C. y San José) para reunirse con miembros y funcionarios de las secretarías de esos órganos internacionales.

Además, implica el involucramiento de "organizaciones de la sociedad civil" y la participación de "organizaciones y entidades académicas por medio de la presentación de escritos de amici curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) ante los respectivos organismos internacionales que se involucren en el litigio estratégico”.

Lo que evitó una peor crisis

Muchas de las leyes que los sindicatos judiciales quieren denunciar fueron necesarias para evitar una peor crisis económica en el país.

El más reciente Estado de la Nación explica que, de no ser por la alta productividad de esta Asamblea Legislativa y sus respuestas oportunas, Costa Rica habría perdido su estabilidad económica y política.

No se trata solo de la reforma fiscal. El primer año de esta Asamblea Legislativa fue el más productivo de los últimos nueve gobiernos.

“La nueva Administración y un grupo inusual de aliados en el Congreso alcanzaron acuerdos políticos para aprobar leyes enfocadas en paliar los efectos inmediatos del desequilibrio en las finanzas públicas", dice el estudio.

A todos les tocó ceder. El PAC, que estaba acostumbrado a ser oposición, aprendió a tomar decisiones con base en criterios económicos. La fracción del PLN se comprometió a apoyar para evitar la crisis, pese a que las bases demandaban una oposición más fuerte al gobierno.

Figuras del PUSC apoyaron no solo en el Congreso, sino también en puestos de Gobierno mediante la alianza de Carlos Alvarado con Rodolfo Piza, aunque el partido procure desmarcarse del PAC.

En la aprobación de eurobonos también se sumaron legisladores de Restauración, el Republicano, el PIN, el FA y el independiente Erick Rodríguez. Y en la reforma a huelgas, el FA no votó a favor, pero sí lo hicieron algunos de Nueva República.

Hoy, también nos damos cuenta de que, sabiéndolo o no, el desempeño legislativo fue clave en un momento que fue mucho más delicado de lo que pensamos.

El Estado de la Nación revela que, en noviembre del 2018, el Gobierno encaró la falta de liquidez más severa de los últimos 10 años.

Durante ese mes, el saldo promedio en caja fue de solo ¢134.000 millones cuando las necesidades ordinarias son de ¢500.000 millones mensuales. Estábamos a "coyol partido, coyol comido" como dijo el entonces viceministro de Hacienda, Nogui Acosta.

“No hubo otro momento tan apremiante”, concluyó el informe, el cual remonta el origen de esta crisis al segundo gobierno de Óscar Arias (2006-2010), cuando se implementó una "política fiscal expansiva tras la crisis de 2008-2009, que incrementó la remuneración de los empleados del sector público y las transferencias corrientes".

En otras palabras, se disparó el gasto público.

“El país pudo haber estado cerca de una suspensión de pagos, debido a su insolvencia. Ante esa eventualidad, las autoridades se habrían visto obligadas a acudir a organismos internacionales en busca de un programa de rescate, una medida que posiblemente habría precipitado recortes en el gasto social y afectado los flujos de inversión extranjera directa”, advierte el Estado de la Nación.

La situación se empezó a enmendar con la reforma fiscal y ahora con la colocación de eurobonos autorizada, no al ritmo que quisiera el gobierno, pero esas fueron las condiciones que le pusieron los diputados: $1.500 millones en un inicio, no los $6.000 millones que quería Hacienda.

El Gobierno ya logró hacer la primera colocación de estos $1.500 millones en el exterior, lo que le dará un respiro a las finanzas públicas. Hacienda obtuvo dinero prestado a tasas menores de las que paga en el mercado local y a mejores plazos. Ahí está el beneficio.

Sin embargo, no todo es color de rosa. El deterioro de las finanzas públicas, después del gobierno de Luis Guillermo Solís, pasó la factura. Debido a la degradación de la calificación del país por parte de la agencia Moodys, los intereses exigidos por los inversionistas fueron más altos.

En el 2013, cuando la calificación de Costa Rica era Ba3, los inversionistas pedían una tasa de interés 267 puntos base por encima de la del bono del Tesoro de Estados Unidos. El país era un deudor menos riesgoso.

Ahora, por el problema fiscal, el país tiene una calificación B1 y los inversionistas pidieron 426 puntos base por encima del bono del Tesoro. Cien puntos equivalen a un punto porcentual de intereses.

La situación económica actual es complicada, eso es cierto, pero al menos el Banco Central ya empieza a percibir síntomas de recuperación.

Todo esto no quiere decir que los diputados no puedan ser criticados. De hecho, ellos ejercen control político y también están para recibirlo. Hay alertas, por ejemplo, sobre el golpe que le daría a la independencia judicial un proyecto que pretende obligar a los magistrados a buscar 38 votos para reelegirse.

Descoordinaciones del PAC

Siempre en temas económicos, los diputados aprobaron una moción en un proyecto de ley que establecería un tope máximo a los intereses que se pueden cobrar por prestar dinero.

Con la fórmula propuesta y aprobada por diputados del PAC, PLN, PUSC, Restauración y Nueva República, hoy el tope sería de 30,1% para los créditos en colones y 15,4% en dólares.

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y el diputado Carlos Avendaño se oponen al alegar que el proyecto provocará que buena parte de la población, que hoy solo puede acceder a crédito mediante tarjetas de crédito (con tasas superiores a esos límites debido al riesgo), quedará excluida del mercado financiero, lo que podría arrojarlos a los prestamistas informales, muchas veces peligrosos.

Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central (BCCR), coincide con ello.

El BCCR había sugerido un tope mucho mayor, uno que oscile entre 51% y 63%. Lo raro es que el PAC no coordine estos temas con el Banco Central, en momentos en que tiene el gobierno.

Rodrigo Cubero también afirmó en la Asamblea que el problema de los altos intereses en créditos en realidad está en la distorsiones que sufren tanto la banca pública como la privada.

Se trata de distorsiones políticas, pues son los gobiernos y los diputados los que han obligado a los bancos públicos, por ejemplo, a entregar parte de sus utilidades al Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), el cual tiene un problemático fondo de préstamos para las cooperativas, al cual no puede acceder toda la población.

¿Estarán dispuestos los diputados a hacer una reforma más profunda sobre este tema y tocar los orígenes del problema?

De hecho, el gobierno y su ala del PAC ya tuvo que ceder en su afán de no incluir a la banca pública en la creación de un fondo para garantizar los ahorros de las personas, en caso de crisis, el cual se financiaría con aportes de los bancos y el cual es requisito para ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Ese fue otro tema en el que el gobierno chocó con el Banco Central e, incluso, con la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez.

También fue contradictorio que el PAC por un solo punto, el de un recorte al presupuesto del Ministerio de Cultura, votara en contra del Presupuesto Nacional del 2020, el cual sorprendentemente implica una reducción del gasto público y un cumplimiento de la regla fiscal por la que tanto luchó.

El PAC debería ser agradecido con la oposición y evitar enviar esos mensajes contradictorios para a la población después de haberle pedido tanto sacrificio.

Acoso callejero, lobby y apellido de madre

Estos son otros tres ejemplos de los acuerdos a los que están llegando los diputados recientemente:

-Se dictaminó un proyecto contra el acoso callejero, que impondría tres años de cárcel a quienes graben videos con fines sexuales, sin consentimiento, en sitios públicos

-Se dictaminó un proyecto que obligaría a jerarcas y diputados a registrar el lobby que reciben de parte de grupos con intereses particulares

-Se dictaminó un proyecto para que los costarricenses puedan llevar primero el apellido de la madre

Los siguientes retos

Para los próximos meses, estos parecen ser los principales retos para el gobierno y la Asamblea Legislativa:

-La agenda de transformación de instituciones anunciada por el gobierno, lo que implica la reforma al empleo público y la posible refundición de instituciones desconcentradas

-La regulación de las plataformas de transporte; ahora, con el ingreso de un competidor más, DiDi, el tema promete ser una bomba de tiempo