La agencia de vehículos Vetrasa, representante en el país de la marca Suzuki, es investigada por el presunto delito de defraudación fiscal.
La compañía, ubicada en La Uruca, San José, fue allanada la mañana de este martes por oficiales de la Policía de Control Fiscal (PCF), funcionarios de la Fiscalía de Delitos Económicos y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte de la pesquisa que se lleva a cabo en su contra.
Según información suministrada por la oficina de prensa de la Fiscalía, esta causa se origina en una denuncia interpuesta por la Dirección General de Tributación.
En ese caso se señala que la empresa vendedora de autos habría defraudado a Hacienda por unos ¢1.000 millones durante los periodos fiscales de los años 2010 y 2011.
El jefe de investigación de la PCF, Juan Pablo Granados, explicó que esa aparente defraudación se pudo haber cometido en términos del pago de los impuestos de venta y de renta.
"Parte de lo que tratamos de probar es que, al momento de vender vehículos, no se trasladó al Ministerio de Hacienda la cantidad de impuestos que realmente deberían", comentó Granados a La Nación.
De acuerdo con el funcionario, se están investigando tres sociedades anónimas que pertenecen a Vetrasa; sin embargo, prefirió no ahondar en el tema por estar en investigación.
Operativo 'excesivo'. La pesquisa contra la agencia de vehículos empezó desde hace año y medio, según dio a conocer Granados.
El allanamiento de este martes empezó a las 8 a. m. y concluyó alrededor de las 2: 30 p. m.
No hubo personas detenidas, solo se decomisaron documentos contables y financieros, comprobantes de depósitos bancarios y archivos informáticos.
Sobre la diligencia policial, el abogado de Vetrasa, Erick Ramos, afirmó que los tomó por sorpresa, pues un juzgado ya había rechazado la solicitud de allanamiento el año pasado al declarar como ilícita la prueba.
"Se toma la decisión con base en una denuncia, lo cual para nosotros es sorprendente, llegar a violentar el ámbito de intimidad de una empresa y realizar esta diligencia que nosotros consideramos excesiva", sostuvo Ramos.
El abogado aseveró que, pese al operativo, no hubo afectación a ninguno de los clientes.
¿De qué se le acusa? El delito de defraudación fiscal por el cual se investiga a la compañía se encuentra regulado en el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Esta normativa establece que quien "por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública con el propósito de obtener, para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial, evadiendo el pago de tributos" será castigado con una pena de entre cinco y 10 años de prisión.
Esa sanción podrá ser aplicada siempre y cuando el monto de lo defraudado sea mayor a los 500 salarios bases; es decir, unos ¢212 millones.
La ley también establece que se pueda absolver a quien cometa la defraudación cuando "repare su incumplimiento, sin que medie requerimiento ni actuación de la Administración Tributaria para obtener la reparación".
Esto quiere decir que si la persona o empresa paga lo defraudado, el caso se cierra.
