Miembros de 15 asociaciones que velan por los derechos de las personas con autismo y padres de familia marcharon la mañana de este miércoles, desde el Parque Central de San José, hasta las oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública (MEP), para protestar de forma pacífica contra la violencia hacia las personas con autismo.
La manifestación fue desencadenada por la golpiza que le propinó un menor de edad a un compañero de clase de 10 años con autismo, el pasado martes en la Escuela Tranquilino Sáenz Rojas, en Santa Bárbara de Heredia.
La gravedad de las lesiones obligaron a que el menor quedara internado en el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, durante varios días.
Impulsados por este hecho, los manifestantes entregaron un manifiesto firmado por más de 30 organizaciones a la viceministra de Asuntos Académicos, María del Rocío Solís Gamboa, donde piden que se garanticen espacios inclusivos para estudiantes con autismo, velar por que los centros educativos sean espacios libres de violencia y capacitar al personal docente.
También pidieron que se cumpla la Ley 7600, la cual señala que los Comités de Apoyo Educativo deben incluir a representantes de padres de familia de niños con autismo.
Asimismo, solicitaron hacer los “ajustes razonables” en función de las necesidades individuales de las personas con autismo, aplicar un proceso de conducta diferenciado cuando se lleva contra un estudiante con autismo, y elaborar planes de apoyo conductual positivo con la participación del estudiante con autismo y sus personas cercanas.
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“El ambiente estuvo bastante movido, aproximadamente más de 100 personas hubo en la marcha, nos dirigimos desde el Parque Central con una cimarrona hasta el edificio del MEP, en Torre Mercedes. Tuvimos apoyo de los oficiales de la Fuerza Pública, también estuvo la Policía Municipal”, declaró Lorena Arias Ureña, presidenta de la Asociación Mariposa Azul.
“Es una lucha que necesitamos hacer para pedir que sean respetadas las personas con autismo, que se validen sus derechos que tienen como sujetos de derecho, que tengan sobre todo un lugar seguro donde puedan ir a educarse”, agregó.