Migración esperará orden de captura para decidir futuro de exministra rumana 'refugiada' en Costa Rica

Corte de Casación y Justicia de Rumania mantuvo la sentencia condenatoria de seis años contra exfuncionaria

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La exministra rumana, Elena Udrea, quien desafió a la justicia de su país al buscar "refugio" en Costa Rica, fue condenada este martes en apelación a seis años de cárcel por corrupción.

La Dirección General de Migración y Extranjería constató que lo que procede ahora es "valorar o revisar las acciones que va a ejecutar el país donde fue condenada la persona (como orden de captura internacional, alerta en Interpol, entre otros), para realizar la acciones que corresponden en Costa Rica".

Udrea fue acusada de haber recibido sobornos de numerosos hombres de negocios, en el marco de la financiación de una velada de boxeo en 2011.

El único movimiento migratorio que registra la europea fue el ingreso al país el 7 de febrero de este año a las 4:31 p. m. por el aeropuerto internacional Juan Santamaría, es decir, desde hace más de cuatro meses permanece aquí.

Udrea, de 44 años, había anunciado en febrero que solicitó "refugio" en Costa Rica, por considerarse “víctima de un juicio político”.

La exministra de turismo llegó a ser considerada en su momento como una de las personas más influyentes de Rumania.

Los medios rumanos la conocen como “la Rubia de Traian Basescu”, en referencia al expresidente de centro-derecha (2004-2014), del mismo nombre. Durante años, el origen de la fortuna de Udrea ha sido objeto de múltiples conjeturas.

Ahora, tras la ratificación de la sentencia en su país, también tendrá que restituir 900.000 euros a dos empresarios locales y pagar 1,7 millones de euros por daños y perjuicios a la Autoridad Nacional del Turismo.

Ya condenada en primera instancia en marzo de 2017, la exministra apeló, pero su condena fue confirmada este martes por la Alta Corte de Casación y Justicia.

En el marco de este mismo caso, un expresidente de la federación rumana de boxeo, Rudel Obreja, fue condenado a cinco años de reclusión.

La Fiscalía Anticorrupción (DNA) de ese país se ha ganado la enemistad de parte de la clase política rumana, que la acusa de abuso de poder debido a decenas de acusaciones.