El juez de Ejecución de la Pena, Roy Murillo, quien ordenó el traslado y egreso de reos para aliviar la sobrepoblación carcelaria, pide al Ministerio de Justicia revisar cuidadosamente el perfil de los presos que están recibiendo el beneficio de excarcelación.
Murillo reaccionó así ante la captura de un sujeto recién beneficiado, a quien el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señala como sospechoso de participar el sábado en un homicidio, en El Roble de Puntarenas.
Darío Navarro Grijalba fue detenido el lunes, apenas tres días después de pasar a un régimen de confianza. Él fue condenado en junio del 2012 a tres años y cuatro meses de prisión por un robo agravado en perjuicio de un chofer de bus.
“Lo primero es el respeto absoluto de la presunción de inocencia; son los jueces competentes los que definirán si él tiene responsabilidad”, expresó Murillo en relación con la aprehensión.
“Creo que hay que ser cauteloso, porque son 370 personas, y por un caso que nos dé problema no es justo cuestionar todo el proceso”, destacó el juez.
Explicó que “será importante verificar que la Administración haya cumplido todas las directrices del juez” y alegó: “ No sé qué parámetros se han usado para verificar que no hubiese causas pendientes; es importante hablarlo con Justicia, porque es posible que, a veces, ellos solo tengan conocimiento si hay prisión preventiva”.
Murillo consideró que el Ministerio de Justicia debe pedir a la Fiscalía que le confirme cuando los presidiarios seleccionados tienen cuentas pendientes.
El juez aseguró que, en caso de que alguno de los beneficiados incumpla los requisitos que previamente se fijaron, la resolución se puede revertir.
El fallo dictado por Murillo el 24 de setiembre determinó que podrían pasar a un régimen semiinstitucional quienes carecieran de antecedentes, causas abiertas, estuvieran próximos a cumplir la pena y tuvieran opción laboral.
Información Jorge Rodríguez, viceministro de Justicia, reconoció que, efectivamente, la entidad solo es notificada de las causas cuando el imputado va a la cárcel mientras se realiza la investigación.
“ En muchos casos ni siquiera se dicta prisión preventiva y nosotros nunca nos damos cuenta”, declaró Rodríguez.
“Hay dificultades para tener acceso a esa información (procesos abiertos). Estamos coordinando con ellos para que nos faciliten el acceso, pero mucha restricción tiene que ver con un asunto de seguridad del Poder Judicial”, manifestó el funcionario.
Sobre el caso de Navarro, la fiscala adjunta de Puntarenas, Tatiana Chaves, dijo el lunes que existía un expediente judicial en proceso por robo agravado. Sin embargo, ayer la funcionaria aclaró que, tras revisar el expediente de Navarro, se detectó que se trata de la misma causa por la que el sujeto ya había sido sentenciado.
Colaboró en esta información el periodista David Delgado.