Estafadores informáticos se robaron más de ¢4.300 millones en el 2022

Residentes de San José son los más afectados. Ola de denuncias llegó a 3.640; autoridades admiten limitaciones en rastreo para dar con responsables

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Los estafadores informáticos sustrajeron el año pasado más de ¢2.878 millones y $2,5 millones, cifra que solo incluye a residentes de San José. Sin salir de su casa o sitio de trabajo, muchos fueron víctimas de estafas cibernéticas que en algunos casos arrasaron con los ahorros de toda la vida.

La Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) procesó un total de 3.640 denuncias por estafas solo en San José, cifra que muestra un incremento del 14,5% en relación con las 3.177 que hubo durante el 2021.

Si sumamos lo robado en moneda nacional y extranjera en San José, el año recién concluido supera los ¢4.307 millones. Aunque se solicitó al OIJ el monto de lo sustraído en todo el país, todavía hay datos que están siendo procesados. Lo que sí se conoce es que, hasta el 6 de diciembre, las siete provincias acumulaban más de 6.000 denuncias por delitos informáticos (Vea gráficos adjuntos).

También es claro que no todas las estafas son denunciadas. Según el OIJ, el 2020 fue uno de los años con más delitos informáticos registrados, pues cerró con 15.227 denuncias por unos ¢7.000 millones en pérdidas.

En los últimos años, la estafa electrónica, en la que inducen a la víctima a error o le roban sus datos de cuentas bancarias se convirtió en una vía fácil para los delincuentes. En muchos de estos delitos participan bandas organizadas, frecuentemente mediante llamadas que se originan desde las cárceles, donde los reos tienen colaboradores externos que se encargan de abrir cuentas a las que van a dar los dineros robados. Luego, mediante los cajeros automáticos, esos cómplices retiran el botín.

El ministro de Justicia, Gérald Campos, reconoce que el bloqueo de señal celular en los centros penitenciarios no sirve, de modo que han tenido que recurrir a constantes operativos sorpresa en las celdas En los últimos ocho meses han decomisado 1.840 celulares, así como 6.000 cargadores, 2.382 chips y otros dispositivos electrónicos.

Aunque desde junio del 2019 se reglamentó la Ley N.° 9597, denominada Reforma a la Ley General de Telecomunicaciones en los centros penitenciarios, para el bloqueo de la señal, Campos dijo en noviembre, en la comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, que no entiende cómo la labor de supervisión y de control en cuanto al uso de señal celular desde las cárceles se le otorgó por ley a las operadoras telefónicas y ahora el Ministerio a su cargo no tiene la autonomía de ordenarles cómo hacer el trabajo.

Según su queja, depende de la buena voluntad de las operadoras que la señal se bloquee o no. Por la cantidad de estafas que recibe el OIJ a diario, han podido constatar que ese bloqueo no sirve.

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Entre los pocos casos donde el OIJ ha logrado golpear a esas bandas, está el ocurrido en noviembre del 2020, cuando realizó 17 allanamientos para desarticular un grupo que dirigía desde La Reforma el reo Edwin Alexis Tencio Rodríguez. De acuerdo con la investigación, Tencio tenía colaboración de policías penitenciarios y personal administrativo que también fue detenido.

A ellos se les relaciona con estafas por más de ¢500 millones. El hombre se movía con mucha permisividad e incluso a veces lo trasladaban a espacios privados donde se le facilitaba el uso de la tecnología que requería para los delitos. Este caso está pendiente de juicio.

Bandas desde el exterior

Para Yorkssan Carvajal, jefe de la Sección de Fraudes del OIJ, el bloqueo en el centro penal es muy importante, pero no va a hacer que desaparezca ese fenómeno criminal, el cual genera muchas ganancias al crimen organizado. “Lamentablemente se va a realizar desde cualquier parte del mundo, siempre que la víctima caiga”, pronosticó el funcionario.

Entretanto, aseguró, las autoridades seguirán advirtiendo a la ciudadanía sobre los timos y las llamadas tripartitas con falsos funcionarios bancarios, al tiempo que van a seguir con los trabajos operativos en cárceles, en conjunto con la Policía Penitenciaria.

Destacó que a menudo la tecnología utilizada dificulta rastrear a esas organizaciones y en eso se amparan los delincuentes.

Días atrás, la Sección de Fraudes se reunió con encargados del sistema bancario nacional, Fiscalía y cuerpos policiales, para fortalecer la prevención y seguir adelante con investigaciones en curso sobre esos grupos criminales.

En tres años se duplicaron denuncias

San José concentra mayoría de casos

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FUENTE: Informe policial homologado por OIJ    || Hugo Solano / LA NACIÓN.

Empresas en la mira

Esteban Aguilar Vargas, coordinador de la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, expresó que en la actualidad no solo las personas particulares están expuestas, sino también las empresas.

Afirmó que se ha detectado una modalidad que tiene como objetivo sustraerles dinero mediante un método denominado “compromiso de correos de negocios”, conocido como BEC (por sus siglas en ingleś: Business Email Compromise), el cual hace poco empezaron a detectar aquí, pero ha generado graves consecuencias en Europa y Estados Unidos.

Mediante ese método roban información vía Internet, acceden a los correos de las empresas y buscan conversaciones en las que haya necesidad del pago a un proveedor.

Lo que hacen los delincuentes es escribir hacia la empresa seleccionada un correo muy similar al del proveedor, en el cual le explican a la persona encargada de los pagos, que han cambiado la cuenta bancaria, por lo que le piden hacer dirigir el monto adeudado a esa nueva cuenta.

Las personas de la compañía, creyendo que están haciendo un contacto real con el proveedor, remiten el dinero a la nueva cuenta bancaria. Sin embargo, días después, cuando el verdadero proveedor les reclama el pago, se dan cuenta de que fueron víctimas de estafa.

Constante evolución

Las estafas informáticas están en constante evolución y por eso es primordial prevenir. Generalmente los cibercriminales que operan mediante llamadas realizan un estudio previo de las potenciales víctimas, para obtener información que permita engañarlos y sustraerles datos clave.

En muchos de los casos, alertan a la persona de que un tercero está haciendo movimientos en su cuenta bancaria. Lo anterior genera preocupación y lleva a la víctima a pensar que quien le habla es un contacto bancario real.

Para hacer la comunicación más convincente, los delincuentes recurren a veces a una falsa llamada tripartita, en la que simulan hacer contacto con otro funcionario de la misma entidad, con quien transfieren a la víctima para supuestamente resolver su problema, cuando en realidad se trata de un cómplice de la misma banda delictiva.

Con técnicas de engaño como la denominada “phishing”, los estafadores intentan con falsas páginas web conseguir información confidencial de usuarios como contraseñas u otros datos bancarios, que usan para vaciarles las cuentas.

Según datos del OIJ, San José es la provincia con más ilícitos cometidos, seguido de Alajuela y en la tercera posición aparece Heredia. Contrario a lo que sucede con otros delitos como los homicidios, donde Limón encabeza las cifras, en materia de fraudes informáticos la provincia caribeña es la que menos tiene.

La mayoría de estos delitos ocurren entre el mediodía y las 3 p. m., seguido del rango de 9 a. m. al mediodía; sin embargo, en otras horas e incluso de noche también se asestan golpes.

Hacer caso a la intuición

Según el fiscal Esteban Aguilar, la clave para evitar estos delitos está en nunca brindar información sensible ante una llamada o un correo electrónico que aparenta ser de una entidad bancaria o institución pública, pues suele tratarse de páginas web clonadas y suplantación de identidad.

“Si nosotros creemos que el contacto puede ser una estafa, muy probablemente es una estafa”, advirtió sugiriendo hacer caso a la intuición.

La nueva modalidad es engañar a personas que ofrecen venta de carros, lotes, y otros bienes en Internet, a quienes simulan haberles pagado un adelanto y le mandan un comprobante. Cuando el vendedor le indica que el dinero no le llegó, el delincuente simula que va a llamar al banco y en esa llamada tripartita entra un cómplice, que simula ser funcionario bancario, con lo cual engañan al comprador y se comete el fraude.

Las organizaciones criminales se apropian a menudo de bases de datos de los bancos o de otras entidades que usan para hacer llamadas a los clientes, a quienes inducen a ingresar a un link que le envían por mensaje de texto o por correo y si el destinatario abre ese enlace, cae en la trampa.

Recientemente, empresas como Uber o Aeropost han denunciado el robo de algunos datos de sus plataformas, lo cual deja ver cómo las mafias no cesan en vulnerar sistemas que les faciliten información sensible para perpetrar las estafas.