Acciones judiciales planteadas por un abogado y un sindicalista entraban la recuperación por parte del Estado de una propiedad de 14 hectáreas en Portete, Limón, donde se pretende desarrollar un proyecto turístico.
La finca en pugna es colindante con el polémico enclave pesquero donde se ubica un muelle de 60 metros construido ilegalmente por Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca, en el 2014.
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La disputa por el terreno se inició en agosto pasado, cuando el Instituto Costarricense del Deporte y Recreación (Icoder) notificó a los ocupantes de ranchos levantados en la zona que debían salir o serían desalojados. Se trata de unas siete personas.
El Icoder justificó esta gestión en el hecho de que, desde 1983, aparece como dueño de la finca conocida como Parque Cariari.
Una de las gestiones judiciales planteadas fue un recurso de amparo ante la Sala Constitucional interpuesto por el abogado Álvaro Moreno Gómez, quien dijo actuar en representación de dos supuestos afectados, de apellidos Buchanan y Lindo.
Su pretensión era frenar el desahucio. Sin embargo, los magistrados, en resolución del 7 de setiembre, consideraron que no había razón para suspenderlo, pues el Icoder actuó de acuerdo a la ley al ser el Estado dueño del terreno.
Tras el fallo, el Icoder pretendió ejecutar la medida este lunes 20 de noviembre, pero no fue posible, porque Moreno acudió al Tribunal Contencioso Administrativo. Esta vez, su gestión sí fructificó, pues la jueza Karen Calderón Chacón acogió la solicitud y ordenó paralizar el desalojo mientras el tema se resuelve de manera definitiva.
Paralelamente, Eduardo Saavedra Chacón, secretario general del Sindicato de Trabajadores Portuarios y Afines (Sintrapor), volvió a pedir a la Sala IV frenar la acción de desalojo, esta vez alegando falta de atención a algunos de los ocupantes de la zona.
Saavedra hizo la gestión en nombre de otros dos ocupantes de la finca, de apellidos Offer y Dixon. El recurso fue acogido para estudio y, mientras tanto, se paralizó el desahucio.
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Tanto el abogado como el sindicalista alegaron, por separado, que acuden en ayuda de los afectados de forma desinteresada (no les están cobrando), pues se trata de pescadores y adultas mayores, quienes no tienen adónde ir.
Frente a esos alegatos, Alba Quesada Rodríguez, directora del Icoder, defendió las gestiones de la institución para tomar posesión de la finca.
“Se promueve desde hace unos tres meses una acción de desalojom porque se desea recuperar unos terrenos que son propiedad de la entidad para poder desarrollar mejoras en el parque recreativo Cariari”, dijo.
Ahí, dijo la funcionaria, se pretende desarrollar un plan para restaurar la playa y convertirla en zona de recreación de los limonenses. El presupuesto del proyecto es de ¢2.500 millones.
Conexión con muelle pesquero
Álvaro Moreno alegó que el Icoder no puede decir que es el dueño del terreno, pues "es zona urbana".
"La competencia para reglar que es lo que se puede hacer ahí y todo lo demás es la Municipalidad de Limón (...) por imperio de ley tiene que ser administrada por el ayuntamiento", añadió.
Según él, una situación similar sucede con el área donde está el enclave pesquero (colinda con el parque Cariari), que fue allanada por la Policía en agosto del 2015, pues presuntamente, las instalaciones se usaron para el ingreso de lanchas con marihuana. Desde entonces, el lugar está bajo custodia del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).
Ese enclave que tiene obras valoradas en más de ¢2.000 millones fue construido por Gilbert Bell Fernández, según lo admitió él ante una comisión de la Asamblea Legislativa.
Por las obras ilegales en Portete, Macho Coca, junto a su hermano Miguel Bell y otras cinco personas –de apellidos Álvarez Fernández, Garita Lara, Rivera Salazar, Guevara Mondragón y Picado Grijalba– enfrentan un proceso penal por los presuntos delitos de construcción o desarrollo en zona marítimo terrestre y usurpación de bienes de dominio público.
El asunto lo tramita la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental en la causa 15-000440-063-PE y se encuentra en la fase final de investigación, informó este martes el Ministerio Público.
El abogado Moreno que representa a los hermanos Bell en el proceso penal, dijo: "si el Icoder reclama terrenos que no le pertenecen, en el caso del muelle se trata de un terreno inscrito a nombre de Miguel Bell.
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"Ahí por orden de un juez (Reinaldo) Araya Ucañan se apoderaron de las instalaciones. Eso era de los hermanos Garrón, se lo pasaron a los Acón y lo compró Miguel Bell. Él es el dueño registral. Está legítimante inscrita. Si querían sacarlos tenían que expropiar", afirmó.
El abogado de Macho Coca consideró que allí hubo un abuso de autoridad, pues el muelle se hizo para que “los pescadores artesanales descargaran el producto".
"Es el mejor lugar para un puerto pesquero. Ahora todo se está deteriorado y alguien va atener que pagar por eso", reclamó.