Prófugo detenido por Migración integró banda que distribuía metanfetaminas y marihuana hidropónica

Estadounidense tiene causa pendiente por drogas del estado de Mississippi y sería deportado en menos de 30 días a esa nación

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Cuando Anders Kjar Arnbal, estadounidense de 37 años, fue detenido por la Policía de Control de Drogas (PCD) en el 2016, el ministro de seguridad de entonces, Gustavo Mata, afirmó que era parte de una banda de clase alta, pues las casas allanadas estaban en selectos residenciales, donde tenían en varios pisos los laboratorios de marihuana hidropónica.

El jueves pasado Anders volvió a ser detenido en La Sabana y será deportado en los próximos días por parte de la Policía de Migración, ya que está de forma irregular en nuestro país. El sujeto es requerido por autoridades de Mississippi, en la costa sureste de los Estados Unidos, donde tiene pendiente una causa por venta de drogas estimulantes, de modo que a su arribo podría quedar a la orden de la justicia de ese país.

Entre los estupefacientes que le decomisó la PCD a esa estructura criminal, hace seis años, estaban las metanfetaminas o éxtasis, así como cocaína y una variedad de marihuana que la misma banda cultivaba en dos laboratorios de hidroponía que se descubrieron esa vez.

El extasis es una droga que afecta las neuronas con la liberación de sustancias como serotonina, lo cual altera el estado de ánimo de quien la consume en cuanto a su estado sexual, sueño, sensibilidad al dolor e incluso reacciones violentas. Se le conoce como “droga del amor”, según lo revela el Reporte de Situación del OIJ.

Aceptaron los cargos

Junto con Anders, cayó en el 2016 un paisano de apellidos Zev Lichtig, así como con un colombiano apellidado Mendoza Sánchez y un tico de apellidos Sormani García. Todos fueron sentenciados por el Tribunal Penal de Cartago en setiembre del 2017 por posesión de drogas con fines de venta. Los cuatro aceptaron los cargos y se acogieron a un proceso abreviado, razón por la cual recibieron penas menores a las que se exponían si el caso iba a un juicio ordinario, que van de ocho a quince años, según el artículo 57 de la ley de psicotrópicos (N.° 8204).

Al momento de su detención en el 2016, Anders indicó vivir solo, en una vivienda alquilada en Los Ángeles de San Rafael, Heredia, pese a ello no tenía arraigo laboral, porque dijo depender de quienes le contratasen para dar clases de inglés. Sus cómplices cayeron en allanamientos simultáneos en Rohrmoser y en un local alquilado en las torres del paseo Colón, donde se detuvo a Mendoza Sánchez.

Además de los decomisos de cocaína y drogas sintéticas, la policía comprobó que el colombiano Mendoza, aprovechó sus conocimientos en hidroponía y se dedicó a cultivar plantas de marihuana con fines de comercialización, conjuntamente con Anders y los otros dos sujetos.

Esa organización criminal se dedicó a almacenar, preparar y comercializar las citadas drogas entre agosto del 2015 y marzo del 2016.

Inicialmente la defensa del colombiano Hanner Mendoza negó que fuese el jefe de ese grupo criminal y dijo que más bien recibía clases de inglés en la casa de Anders, y por eso tenía que esperar hasta veinte minutos afuera de su casa, tal y como la había determinado la PCD en sus vigilancias previas.

Por su parte, el abogado de Sormani García, dijo que su representado era un enfermo crónico que consumía entre 15 y 20 cigarrillos de marihuana diarios y que sembraba la droga para su propio consumo. Pese a todos esos argumentos, al final el Tribunal dictó ocho años contra Hanner Mendoza, seis contra Sormani y seis años y medio contra cada uno de los norteamericanos, Anders y Zev.

Así consta en las resoluciones N.º 00462 - 2017 y Nº 00131 - 2018 basadas en el expediente: 15-000205-1219-PE y publicadas en setiembre del 2017 y marzo del 2018 por el Tribunal de Apelación de Cartago. El norteamericano estuvo preso hasta el 9 de junio del 2020, cuando obtuvo el beneficio de pasar a la Oficina del Programa de Atención en Comunidad de Heredia, que es una régimen de confianza, donde terminó de cumplir su pena.

La legislación vigente dispone un plazo de un mes para la deportación de extranjeros en condición irregular, tiempo que podría prorrogarse otro mes si hubiese alguna dificultad para el proceso de documentación que se requiere antes de su traslado.