Las intervenciones telefónicas que desde el 21 de enero 2020 se hicieron a varios miembros de una organización ligada al tráfico de drogas y el lavado de dinero destaparon la forma cómo lograron infiltrar a Acueductos y Alcantarillados (AyA) en su sede en Orotina, en Alajuela, y a partir de ahí, obtener beneficios con la adjudicación de licitaciones de obra pública, así como, en conjunto con trabajadores de la entidad, utilizar bienes públicos en el desarrollo de obras privadas.
En uno de esos trabajos privados, construidos con bienes del Estado, los trabajadores incluso reconocieron tener acetona disponible para borrar los logos del AyA de las tuberías.
Precisamente, ese caso está descrito en el expediente 19-000129-0622-PE, conocido como Caso Azteca, y en él se detalla como en junio y julio de este año planificaron y ejecutaron la instalación de 190 metros de tubería de cuatro pulgadas en un terreno propiedad de “unos israelitas” en Santa Teresa de Cóbano, Puntarenas, en el cual usaron materiales de la institución, como tubos plásticos, codos y válvulas. El proyecto se ejecutó durante horas laborales y además cobraron ¢2,5 millones al particular.
El hecho que fue investigado por los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) involucra al jefe de la oficina del AyA en Orotina, un licenciado en administración de apellidos Arias Cordero de 42 años, así como a otros funcionarios de la institución de apellidos Aguilar Jiménez, Torres Hernández y Mora Guevara. Igualmente describe la participación del líder de la organización criminal, Héctor Camelo Méndez. En el caso también figura una persona particular de apellido Castillo, quien alertó a Arias sobre el trabajo en Santa Teresa.
De acuerdo con las intervenciones y luego de varias negociaciones para contratar el trabajo, el martes 13 de julio se hizo el traslado de la tubería. Ese material lo compraron funcionarios de AyA a Héctor Camelo, quien lo tenía almacenado en una bodega en Esparza, Puntarenas. Los investigadores al analizar una de las conversaciones entre Aguilar y Camelo, señalan que el primero explicó que era para realizar un trabajo en Cóbano.
“Explica que se trata de una chambita, refiriéndose así a que es algo extralaboral. Además agrega que esos tubos los pagarían con horas backhoe ficticias, lo cual nos permite inferir que los materiales usados para este proyecto serían costeados con los recursos de AyA”, dice el documento judicial.
No dejar rastros
Los investigadores advierten que cuando los implicados estaban cargando la tubería surgió un inconveniente porque algunos de los tubos tenían la identificación de AyA, razón por lo cual Arias Cordero le indicó a Aguilar: “Hagan una cosa. Traten ahora de limpiarlos en la noche y borren todo por favor que no diga nada del AyA porque nos metemos en un problema todos. Los tubos deben ir bien lavados y sin los rótulos del AyA”, le advirtió.
En este caso se transcribe que Aguilar respondió: “En todo caso llevamos acetona para que aquello que medio se vea lo terminamos de borrar. No se preocupe”. Según el informe policial, la anterior conversación les permite verificar que son activos de la institución, que estaban en poder de Camelo, que los vendió y serían pagados con horas ficticias de trabajo de maquinaria, “dejando al manifiesto el negocio redondo e ilícito de estos funcionarios y de Héctor Camelo”.
La papelería oficial también se menciona y, como un dato anecdótico, que el miércoles 14 de julio cuando los trabajadores de AyA se encontraban colocando las tuberías, llegaron al lugar dos compañeras de la institución solamente identificadas como Angie y María José, quienes estaban de vacaciones en Santa Teresa. Ante la sorpresiva visita, los funcionarios les dijeron que ellos también estaban de vacaciones y que no se trataba de un trabajo de AyA sino que era un trabajo extra.
Con respecto a las horas ficticias, los agentes aclararon que es una forma como los investigados se referían a la alteración de facturas para incrementar los montos que cobrar por las obras contratadas, suma de la cual ellos se repartían una parte.
Exponen que en un caso contrataron un backhoe para hacer una zanja entre San Mateo y la empresa Melones del Pacífico. En la factura se puso que laboró de 8 a. m. hasta la medianoche, cuando en realidad solo estuvo hasta las 3 p. m. Al momento en que se emite el cheque al dueño del retroexcavador, esa persona devuelve una parte del dinero a los funcionarios de AyA, que hicieron el trámite, mencionan los investigadores.
LEA MÁS: Caso Azteca: ¿Por qué llaman así esta investigación narco?
El caso Azteca investiga a una banda dedicada al narcotráfico que, al parecer, reclutó a personal del AyA para que ayudara blanquear dinero ilícito por medio de contrataciones de obra pública en ese sector. El OIJ calcula que entre el 2020 y este 2021 el grupo ganó al menos 17 licitaciones que les permitieron legitimar ¢678 millones, mientras que la Fiscalía indicó que se trata de 16 contrataciones.
Dentro del expediente 19–000129–0622–PE se investiga a 26 personas como sospechosos de tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales, cohecho propio, cohecho impropio, peculado y penalidad del corruptor.
LEA MÁS: Caso Azteca: Líder asesoró a otro narco sobre cómo guardar droga de las FARC en Costa Rica