Los empresarios de la construcción, Mélida Solís y Carlos Cerdas, no continuarán en arresto domiciliario ni con tobillera electrónica pues el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública les levantó esa medida preventiva la noche de este lunes.
Igualmente, el juez habría desestimado que en el llamado Caso Cochinilla el Estado sufrió un daño de ¢78.000 millones, como lo sostienen la Fiscalía y la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Se levantó el monitoreo, lo esencial es que el juez está dejando claro que eran innecesarias las medidas”, declaró a Telenoticias el abogado Erick Ramos, quien defiende a Carlos Cerdas dueño de la constructora MECO.
La única restricción que pesa sobre ambos empresarios, investigados dentro del escándalo del Caso Cochinilla, es el impedimento para salir del país. Igualmente, se mantiene en depósito judicial la fianza que aportaron, la cual, en el caso de Cerdas es de $10 millones, y en el caso de Solís, propietaria de la constructora H Solís, de $5 millones.
Ramos agregó a ese noticiero que “lo más relevante de la decisión del juez es que echa por la borda la hipótesis del Ministerio Público de que había un daño de ¢78.000 millones y establece que ese daño es inexistente y que las medidas son innecesarias de la forma en que el Ministerio Público las había solicitado.
“Es importante establecer que hay una inercia en la investigación y nosotros consideramos que este asunto fue sobredimensionado por la Fiscalía cuando se filtraron de forma irregular llamadas telefónicas que se ha hecho uso descontextualizado e ilegal de las mismas y por su puesto causó una alarma en la opinión pública”.
La Fiscalía solicitaba ampliar por nueve meses más el arresto domiciliario que se les dictó hace seis meses, pero, el juez lo consideró innecesario, indicó Ramos.
De acuerdo con el expediente judicial y la acusación de la Fiscalía, en este caso hubo una malversación de fondos en el Consejo Nacional de Vialidad, la cual generó un déficit de ¢78.000 millones entre los años 2018, 2019 y los primeros trimestres del 2020.
“Estos movimientos irregulares, esta malversación de fondos, esta utilización indebida de dineros previstos para un proyecto en iniciativas que beneficiaban o favorecían a otras personas generó un enorme déficit de carácter presupuestario.
“Lo que podríamos denominar una especie de laguna financiera que en el periodo de estudio, que es el año 2018, 2019 y los primeros trimestres del 2020, generaron un desbalance de aproximadamente ¢78.000 millones”, aseguró el director del OIJ, Wálter Espinoza, el 14 de junio del 2021, cuando se destapó el Caso Cochinilla.
Explicó que este déficit correspondió a recursos que inicialmente estaban destinados a otras iniciativas que finalmente se utilizaron para dotar a los proyectos de determinadas compañías o empresas de recurso económico que les permitiera continuar el desarrollo de su actividad comercial. “Esto generó una especie de laguna financiera”, agregó Espinoza en ese momento.
Por su parte, desde julio del 2021, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) presentó una acción civil resarcitoria en la causa 19-25-1218-PE donde solicita el pago de ¢59.000 millones en favor del Estado.
“La demanda civil se dirige contra 78 personas entre físicas y jurídicas, sea los funcionarios públicos investigados, así como a los particulares y empresas involucradas.
“Con la interposición de la acción civil resarcitoria, el Estado pretende la indemnización y restitución del daño material y social causado por las acciones imputadas por el Ministerio Público”, precisó la Procuraduría.
El monto que se solicita se estableció de manera prudencial por ¢45.184 millones por concepto del daño material, a lo que se suman ¢13.555 millones por el daño social causado por los sospechosos.
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