“En medio de la muchedumbre, al menos tres personas no individualizadas sujetaron a Yehry Helmut Rivera Rivera y, aprovechando su estado de indefensión, un indígena de la etnia boruca utilizó un arma de fuego y le disparó en dos ocasiones al ofendido. Los proyectiles le impactaron en el dorso y en el brazo izquierdo a Rivera, heridas que acabaron con su vida”. Este extracto forma parte de la acusación que presentó la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos contra un hombre de apellidos Varela Rojas, sospechoso del crimen de Rivera, un dirigente indígena del territorio de Térraba.
Por estos hechos, Varela afrontará un juicio por los presuntos delitos de homicidio calificado, amenazas agravadas y portación ilícita de arma permitida. Así lo determinó el Juzgado Penal de Buenos Aires, Puntarenas, este martes, luego de conocer los argumentos de las partes durante una extensa jornada el lunes. Ahora, el Tribunal Penal de Pérez Zeledón deberá establecer una fecha para el debate.
El asesinato acusado se remonta al 25 de febrero de 2020 en Mano de Tigre, poblado de la Reserva Indígena de Térraba. Según el Ministerio Público, ese día en horas de la noche al menos 40 personas se encontraban en la zona y algunas intentaron agredir al líder indígena, de 45 años. En medio de esa revuelta, sobrevino el homicidio de Rivera, quien fue auxiliado por una mujer que fue amenazada por el sospechoso.
Aunque al inicio de la investigación figuró como imputado un hermano de Varela, durante el proceso de recolección y análisis de pruebas por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, “únicamente se logró vincular a un acusado”.
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Este caso, que se investiga dentro del expediente 20–000108–0990–PE, revivió la vieja disputa por tierras e hizo que las autoridades tomaran varias medidas, entre estas un abordaje especial en el que según la Fiscalía se tomaron “en cuenta los aspectos culturales propios del entorno en el que sucedieron los hechos, para garantizar que estos se respeten dentro de la investigación”.
“Durante la investigación, el Ministerio Público garantizó un debido proceso intercultural, lo cual significa que se respetaron todos los derechos culturales de las partes del proceso tanto víctimas, testigos, así como la persona indígena acusada. En cuanto a víctimas y testigos, se les brindó atención dentro del territorio indígena, para ello, personal del Ministerio Público y OIJ realizaron al menos nueve traslados a las zonas de Térraba, Coto Brus y Corredores, evitando que las personas tuvieran que trasladarse hasta la Fiscalía para realizar gestiones judiciales. De modo que se garantizó el derecho de acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva”, aseveró el ente acusador del Estado.
De acuerdo con un Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica, enero– diciembre del 2020, divulgado por la organización Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) el 7 de julio anterior, los indígenas de la zona sur sufrieron 86 agresiones durante el año pasado, lo cual promedia 7,16 ataques mensuales.
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