Los seis sospechosos de aparentes torturas a menores de edad, en un albergue ubicado en Cascajal de Coronado, quedaron libres y sin medidas cautelares, luego de que se les detuviera el pasado 14 de junio y se les vinculara con este delito.
La decisión fue tomada por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José el jueves pasado, en una audiencia de medidas cautelares. La resolución fue apelada por el Ministerio Público, por lo que ahora la Fiscalía está a la espera de que se señale una nueva audiencia para presentar las objeciones, las cuales no fueron dadas a conocer.
El sitio, donde había 20 niños, es administrado por una organización no gubernamental (ONG), cuyo nombre no fue detallado, en convenio con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
“Al parecer, si los niños no tenían buen comportamiento los metían a una habitación donde los amarraban de pies y manos por cuatro horas en unas agarraderas adheridas a una cama. En ese periodo, no les daban comida, ni podían ir al baño, mientras los vigilaban con una cámara de video”, indicó la Policía Judicial.
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Al momento de la captura, solo trascendió la detención de dos hombres de apellidos Esquivel Campos, de 32 años, quien es encargado del lugar de cuido, y Padilla González, de 30, presunto encargado en el PANI del expediente de uno de los ofendidos.
Sin embargo, un día después, la Fiscalía informó de otras cuatro personas más apellidadas Juárez Angulo, Pino Holguin, y dos mujeres identificadas como Jiménez Barahona y Ballestero López, quienes también estaban involucradas en la causa. De estas últimas no trascendió cuáles eran sus funciones.
La investigación por este asunto inició en febrero, luego de que llegara una alerta al Ministerio Público donde se denunciaban los maltratos, desde entonces, se han recibido cerca de 25 denuncias. ‘No se descarta que la cantidad de imputados aumente, conforme avance la investigación’, informó el Ministerio Público.
“Aparentemente, los menores que residen en dicho sitio son masculinos de entre los 12 y 17 años, quienes llegan ahí en apariencia por convenios que mantiene el ente encargado de los menores de edad en el país”, añadió el OIJ.
La causa se tramita bajo el número de expediente 23-000404-0175-PE.