Dos años y medio después de capturar a una banda acusada de millonarias estafas, en un caso donde la Fiscalía denunció fuga de información por parte de un exjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la agrupación delictiva sigue en etapa de recolección y análisis de prueba.

“No se ha elaborado el requerimiento conclusivo, el cual puede ser una acusación, un sobreseimiento o una desestimación”, informó el Ministerio Público.

Desde el 10 de agosto del 2017, a un día de la captura de 38 sospechosos, la Fiscalía pidió prisión preventiva solo en contra de 13, entre ellos una mujer de apellidos Larios Ortiz, su esposo apellidado Marsh y otro hombre de apellidos Román Mejía, que eran los líderes.

Sin embargo, 30 meses después, la Fiscalía no dio a conocer los apellidos de quienes permanecen sometidos al proceso, porque "la fiscala a cargo se encuentra en juicio desde la semana anterior. Se desconoce si Larios, Marsh y Mejía todavía figuran en la lista.

Durante otro debate en el que se juzga al exsubjefe de Investigaciones Criminales del OIJ, Luis Guillermo Fonseca Herrera, por presuntamente filtrar información sobre este caso, el director del OIJ, Wálter Espinoza, expuso sus dudas de que esa fuga de datos hubiese afectado la investigación. La declaración la dio el pasado 7 de febrero.

Según manifestó, cuando se percataron de que ese subalterno al parecer le informó a un fiscal que muy pronto iban a allanar la casa de su suegro, hubo una reunión de altos mandos y, pese a esta situación, decidieron continuar con la diligencia judicial.

Empero, dijo desconocer si esa circunstancia influyó en el resultado de la operación policial, en la que participaron más de 360 investigadores, jueces y fiscales, distribuidos simultáneamente en cuatro provincias.

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Una banda especializada en desfalcos

Este caso, calificado como complejo, incluía entre los imputados a un grupo de abogados que, al parecer, creaba falsos perfiles financieros a sus cómplices, quienes acudían a diferentes bancos para pedir créditos.

Como garantía, estos sujetos aportaban propiedades que habían sido obtenidas de manera ilícita.

Con ese mismo perfil, también lograron obtener carros de lujo, valorados en más de ¢50 millones cada uno, como Mercedes Benz, Audi y BMW, que luego eran traspasados a otras personas.

El OIJ recuperó 20 de los 22 vehículos que habría comprado la organización. Más de 30 personas físicas y jurídicas sufrieron desfalcos.

La mayoría de los terrenos que respondían por esos créditos pasaron a manos de bancos, los cuales no podían venderlos, debido a que su verdadero dueño era otra persona.

Entre los detenidos había abogados, contadores, un empleado del Banco de Costa Rica (BCR) de Curridabat, un funcionario de la agencia de vehículos BMW, dos funcionarios de la Dirección General de Aduanas y tres de una empresa privada.

También, aparecía involucrado un abogado de apellidos Martínez Fuentes, de 64 años, quien fue capturado en su casa situada en Santo Domingo de Heredia.

A él se le investigaba porque, supuestamente, era el notario del grupo criminal que realizaba estafas mediante la adquisición de propiedades y vehículos.

Martínez Fuentes es el padre de Karolina Martínez, quien fungía en ese entonces como fiscal adjunta de Limón y está casada con Francisco Fonseca.

Fonseca era el fiscal adjunto contra la Delincuencia Organizada, y fue él quien recibió del exjefe de Investigaciones Criminales del OIJ la alerta de que se iba a allanar la casa de su suegro.

El fiscal general de esa época, Jorge Chavarría, denunció después de los operativos esa fuga de información. El funcionario dejó claro que tanto la fiscal Karolina Martínez, como su esposo Francisco Fonseca, no tuvieron relación en la investigación que comenzó desde el 2014.

Agregó que tampoco existieron indicios de que pudieran estar relacionados con las presuntas actividades delictivas del papá de la fiscal.

Caso complejo

Por la cantidad de detenidos, el caso se manejó como complejo y fue hasta el 15 de noviembre del 2019 cuando llegó al Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José el expediente 14-000784-0612-PE.

Ahí figuraban originalmente como imputadas las 38 personas detenidas en los operativos de agosto del 2018. Ahora se desconoce cuántos permanecen vinculados al proceso.

Sobre esta banda existen dos expedientes que se manejan por separado. Uno se abrió en el 2014, cuando empezaron las investigaciones en contra de esta organización, que derivaron en los 19 allanamientos de agosto del 2017.

Otro se creó en el 2017, bajo el consecutivo 17-0000474-1220-PE, y en él se llevan otras causas por falsedad ideológica.

Sobre este último sí sabe que habrá una audiencia el 3 y 4 de agosto próximo, en la cual están convocadas seis personas de apellidos Altamirano Sáenz, Martínez Solano, Martínez Fuentes, Vindas Solórzano, Montiel Campos y Jiménez Calvo.

Exjefe del OIJ afronta juicio

Mientras los miembros de la banda apenas están en audiencias preliminares, el exjefe de Investigaciones Criminales del OIJ, Luis Guillermo Fonseca Herrera, de 47 años, afronta un juicio por divulgación de secretos.

En ese debate ya declararon como testigos los funcionarios judiciales Mario Coto Jiménez, Rándall González Morales, Emilia Navas Aparicio, Francisco Fonseca Ramos, Rebeca González Porras y el director del OIJ, Wálter Espinoza.

El próximo miércoles 19 de febrero se retomará el debate para la presentación de pruebas y luego seguirá la fase de conclusiones.

El 7 de febrero Walter Espinoza afirmó que, días antes de los allanamientos, fue alertado de que había fuga de información y que según lo conversado con Emilia Navas, que en ese tiempo era jefa de la Fiscalía de Fraudes, Luis Guillermo Fonseca habría sido quien desacató el sigilo del caso y avisó a Francisco Fonseca Ramos que iban a allanar la casa de su suegro.

Nota aclaratoria. Esta información fue actualizada el 17/02/2020 con datos aclaratorios de la Fiscalía, pues hubo una confusión de los dos expedientes atribuidos a integrantes de la misma banda.