La Corte Suprema de Justicia aún no define la fecha para seleccionar a la persona que ocupará la Fiscalía General de la República por los próximos cuatro años, proceso que comenzó el 23 de agosto del año pasado, cuando se publicó el concurso CN-06-2021, para el nombramiento en propiedad de quien ejercerá dicho cargo.
El último de los escollos es un recurso de apelación y recusación presentado por Francis Porras León, unos de los 19 preseleccionados para ocupar la plaza de fiscal general, que está vacante desde junio pasado, cuando Emilia Navas Aparicio se acogió a su pensión. La Corte Plena designó una magistrada para atender dicho recurso. “En este momento se está a la espera del informe final, el cual será conocido por el pleno de dicho órgano”, dijo la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.
Porras León se desempeñó como juez hasta el 31 de enero pasado, cuando fue destituido por interceder como abogado particular para anular un matrimonio gay, siendo funcionario judicial.
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Su recurso de apelación fue presentado luego de las entrevistas que se realizaron de manera presencial entre el 20 y el 28 de enero de este año. Una vez resuelta esa recusación, la lista de elegibles pasará a Corte Plena, que finalmente definirá cuál de los candidatos actuales resulta electo.
Esa persona reemplazará a Emilia Navas Aparicio, primera mujer en ocupar ese cargo y quien se acogió a su jubilación el 29 de junio del año pasado, 14 días después de los allanamientos por presunta corrupción en obra pública, conocido como Caso Cochinilla.
Navas es la esposa de Francisco Campos Aguilar, abogado de MECO, una de las empresas involucradas en el citado caso, lo cual le trajo una serie de cuestionamientos que la llevaron a presentar su renuncia casi al final de su periodo.
A raíz de ese asunto, para la presente elección el Poder Judicial puso entre los requisitos a los aspirantes, declarar si tienen parentesco con personas litigantes en materia penal y especificar si tienen algún conflicto de interés en el Poder Judicial, es decir si el esposo o esposa, hijos o hermanos trabajan en la institución. Así como si alguno de ellos participa en algún proceso penal, es proveedor o vende algún servicio a la entidad.
Además de ser abogado, otros requisitos son ser mayor de treinta y cinco años, haber ejercido la profesión durante al menos diez años y tener un mínimo de tres años de experiencia en supervisión de personal.
Originalmente 22 personas aspiraron al puesto, pero luego renunciaron las dos mujeres y uno de los varones. Posteriormente, vino la fase de evaluaciones psico-laborales y de antecedentes, así como las entrevistas por parte de los magistrados y magistradas miembros de la Comisión de Nombramientos. Actualmente prevalecen 11 candidatos.
El Ministerio Público está adscrito al Poder Judicial y le corresponde dirigir las investigaciones penales para determinar la existencia de delitos y las personas responsables de cometerlos. Cuando esa entidad deba allanar alguno de los supremos poderes, corresponderá al jerarca de la Fiscalía encabezar los operativos.
De acuerdo con el concurso para el nombramiento, el salario del futuro fiscal general, tomando el 65% del porcentaje de prohibición como derecho adquirido y una anualidad, será de ¢4.626.815, el cual con deducciones queda en un salario líquido de ¢3.013.048.
Entre los asuntos pendientes para quien asuma el cargo están varios de presunta corrupción de obra pública, tales como el Caso Cochinilla otro denominado caso Diamante, por el que fueron detenidos el 15 de noviembre los alcaldes Johnny Araya (San José), Mario Redondo (Cartago), Humberto Soto (Alajuela), Alfredo Córdoba (San Carlos), Alberto Cole (Osa) y Arnoldo Barahona (Escazú). Otro tema pendiente es el de presunta corrupción con licitaciones de Acueductos y Alcantarillados, llamado caso Azteca.