Decenas de conductores le pagaron a personas inescrupulosas hasta ¢500.000, confiados en la promesa de que obtendrían una licencia falsa o una legal, pero sin tener que pasar por los lentos trámites administrativos. Desde marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia por covid–19 y hasta setiembre de este año, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió más de 100 denuncias por estos hechos, con un perjuicio económico de aproximadamente ¢18 millones.
Mediante un análisis policial hecho en 18 meses, las autoridades identificaron al menos a 25 individuos que de manera grupal o individual engañan a la población en Paso Ancho de San Sebastián y La Uruca, San José. El agente de la Sección de Delitos Contra la Integridad Física y Tránsito, José Manuel Zúñiga, manifestó que regularmente los sujetos que se dedican a estos trámites fraudulentos tienen entre 18 y 35 años, según el tipo de rol que desempeñen.
Según explicó, los más jóvenes, entre 18 y 25 años, son los que abordan a sus posibles clientes a la salida de la prueba teórica o práctica. Aprovechan que la persona sale triste porque perdió la prueba y le ofrecen resolverle el problema de la licencia. Los abordan y les dicen que llamen a un número de teléfono que les brindan, donde les piden dinero a cambio y, posteriormente, los citan en La Uruca para la presunta entrega del permiso de conducir.
“Finalmente, hay otro grupo que son los mayores de 25 años que se visten de funcionarios y entregan las licencias falsas. Nosotros hemos decomisado camisas, gafetes y otros distintivos que utilizan estas organizaciones”, explicó Zúñiga.
El investigador destacó que estos bandos operan por separado de aquellos que producen los plásticos de diversa calidad en los cuales se imprimen las licencias falsas. “Hemos encontrado plásticos de todo tipo, algunos similares a los de carnés institucionales y otros más burdos”, indicó el funcionario, quien agregó que para combatir la situación han trabajado de la mano con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), la Policía de Tránsito y los cuerpos policiales municipales, pero siguen recibiendo denuncias.
Zúñiga también explicó que estas organizaciones sobreviven porque se aprovechan de la necesidad que tiene una parte de la población, que necesita este documento para trabajar en transporte, y de otro grupo de ciudadanos que sabe de la la existencia de estos trámites ilícitos y los aprovechan para intentar saltarse los procesos de ley.
Pese a que estas agrupaciones trabajan todos los días, cuando se liberan citas para las pruebas teóricas de manejo se da un incremento de casos. Las autoridades consideran que esto ocurre porque los sujetos se aprovechan de la frustración de la población, que no obtiene la cita de la licencia, para difundir con mayor constancia anuncios en espacios digitales, especialmente redes sociales, donde prometen ayudar con los trámites para aprobar las pruebas y obtener el documento o renovarlo.
“Las personas que aspiran a tener una licencia son muchísimas, el tema de la pandemia incrementó el hecho de que se necesite una licencia de conducir para trabajos informales y las plataformas de licencias gubernamentales que tenemos están colapsadas, eso nos ha dado que esta situación se incremente”, aseguró el agente judicial.
Pago en tractos
Las organizaciones que se dedican a este tipo de acciones ilegales piden pagos por tractos y por ello una persona con necesidad de una licencia puede cancelar inicialmente de ¢75.000 a ¢150.000, indicaron las autoridades. El segundo tracto, que suele pagarse en efectivo o por Sinpe móvil, es igual al primero y, dependiendo de las etapas en las que se involucre la organización, se puede llegar a tener que hacer un tercer pago.
En conferencia de prensa, Zúñiga dijo que en algunas situaciones las víctimas incluso pierden su teléfono celular, especialmente si son de alta gama, por lo que al final el perjuicio económico se incrementa. “En un 67% de las denuncias que hemos recibido el afectado entregó su celular”, mencionó. Esto ocurre, muchas veces, porque le piden a la persona el celular, para tomarle una foto para el documento, le dicen que se van a llevar el teléfono para descargar la imagen y luego no regresan.
El timo llega a tal punto que la persona cree que por haber negociado el plástico ya su nombre está en el sistema de licencias. Sin embargo, cuando un agente de tránsito los detiene en carretera y dan sus datos personales, se dan cuenta que todo fue un engaño porque su nombre no aparece inscrito en las bases de datos del Consejo de Seguridad Vial.
“También hay quienes en algún momento tuvieron licencia y por algún motivo no la han renovado y al contactar a los sospechosos piensan que todo va a quedar en orden, pero más bien todos terminan cometiendo el delito de uso de documento falso, que es penado por ley”, lamentó el investigador, quien hizo un llamado a la población para que solo utilicen plataformas oficiales para obtener su licencia de conducir o renovarla.
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Sin delito
Zúñiga también detalló que en la actualidad existe un problema legal, ya que el hecho de que las organizaciones publiciten anuncios falsos o realicen promesas de un producto que no van a entregar de manera lícita no constituye un delito.
“El hecho de que sea el usuario el que accede a una página y busca la forma ilegal de obtener su licencia nos amarra a nosotros en el tema de poder tipificar ese delito. La Fiscalía claramente ha dicho que cuando el usuario es el que promueve esa ilegalidad es una causa atípica y por eso no podemos pasarlo como un delito. Nosotros recibimos las denuncias, investigamos y le damos el trámite que corresponde. Cuando es posible identificamos a los sospechosos, presentamos nuestro informe de investigación a la Fiscalía para que determine si se puede imputar o no un delito, pero no se configura como una estafa.
“Muchas veces tenemos que estos grupos asaltan a las personas, les arrebatan las pertenencias o las amenazan y ahí sí podemos actuar, lo hemos hecho”, aseveró el agente judicial, quien añadió que en estos hechos hay una amplia cifra de personas que no denuncian porque saben que el trámite al que están acudiendo está al margen de la ley.
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