Tres figuras con trayectoria en el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad fueron presentadas este martes por el jerarca de Justicia, Gerald Campos, como los nuevos viceministros de dicha cartera.
Como viceministro de Justicia fue nombrado Exleine Sánchez Torres, en el viceministerio de Paz fue designado Sergio Sevilla Pérez y en Gestión Estratégica, la viceministra será Carolina Castro del Castillo.
Sánchez Torres es abogado de la Universidad Santa Lucía, quien cuenta con capacitación en Investigación Criminal a Nivel Gerencial del Federal Bureau of Investigation (FBI por sus siglas en inglés).
Sánchez fue funcionario del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), donde se desempeñó como jefe de diferentes delegaciones regionales.
Por su parte, Sevilla cuenta con más de 26 años de experiencia en el Poder Judicial, donde ocupó cargos en el Ministerio Público como fiscal de juicio, fiscal coordinador y fiscal auxiliar.
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Castro del Castillo es licenciada en contaduría pública de la Universidad Fidélitas. También tiene estudios en administración de empresas, presupuestos públicos, contratación administrativa y planificación, entre otras disciplinas.
Castro trabajó por 23 años en el Ministerio de Seguridad Pública, donde fue coordinadora de Ejecución Presupuestaria, directora general de la Administración Financiera y Oficial Mayor.
Debido a que Sánchez y Sevilla mantenían puestos en el Poder Judicial, requerían el aval de al menos 17 magistrados de la Corte Plena para recibir permisos sin goce de salario mientras trabajan en el Gobierno.
Los magistrados estudiaron dichas peticiones este lunes, y ambas votaciones resultaron en 18 magistrados a favor de la autorización y cuatro en contra. El permiso es otorgado por un año, con posibilidad de prórroga.
Al mismo proceso se sometieron el 3 de mayo el ministro de Justicia, Gerald Campos, quien era subdirector del OIJ, y la ministra de Trabajo, Marta Esquivel, quien se desempeñaba como jueza.
Algunos magistrados mostraron recelo en permitir que funcionarios judiciales pasen al Poder Ejecutivo. Así opina, por ejemplo, Paul Rueda, de la Sala Constitucional, quien históricamente ha votado en contra de otorgar estos permisos.
“Es inconveniente que funcionarios judiciales se desempeñen en puestos políticos y estimo que el cargo de viceministro es un cargo de índole política, desde el punto de vista de garantía a la independencia judicial, este tipo de permisos implica un riesgo para esa imparcialidad y esa independencia que deben tener los funcionarios judiciales”, indicó Rueda.
Por su parte, Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional y presidente de la Corte Suprema, afirmó que la Corte Plena debe reflexionar no solo sobre el traslado de funcionarios judiciales al Poder Ejecutivo, sino también sobre el método de elección de magistrados en la Asamblea Legislativa, donde de igual forma se traslapan el ámbito judicial con otro poder de la República.
“No lo afirmo como algo concluyente porque hay que darle más pensamiento, pero si hay una inconveniencia, la inconveniencia es peor cuando esa elección se hace como se hace, que es una elección que se determina sin fundamentos, sin motivación, que los criterios de elección en la Comisión (de Nombramientos) son muy cuestionables y muy huidizos”, afirmó Cruz, quien votó a favor de conceder los permisos.
“Si es inconveniente que un funcionario (judicial) pase al Poder Ejecutivo, también es inconveniente que la forma en que se eligen magistrados y magistradas en el parlamento tiene esa falta de motivación y tiene los mismos actores, agregamos un actor más que es el Parlamento. Los interrogantes son exactamente los mismos”, agregó.
La magistrada de Sala II, Roxana Chacón, votó en esta ocasión en contra de otorgar los permisos, a pesar de que el 3 de mayo había votado a favor de darle la autorización a Campos y a Esquivel. Chacón fundamentó sus votos en que no le parece adecuado que todo el equipo de un ministro deba provenir del Poder Judicial.